Francisco Boya: “España no se ha vaciado de un día para el otro”

Tras el impulso del plan que busca combatir la despoblación de la España rural, una hoja de ruta dotada con más de 10.000 millones de euros, el secretario general para el Reto Demográfico repasa las principales claves del desafío que queda por delante

Francisco BoyaSecretaría general para el Reto Demográfico

La secretaría general para el Reto Demográfico se creó a inicios de 2020. Francisco Boya, secretario general del organismo, confía en que la institución vaya ganando peso y que paso a paso, contribuya a resolver un problema que se lleva gestando décadas. El reciente plan del Gobierno para combatir la despoblación trata de convertirse en una iniciativa capaz de dotar de actividad a aquellas zonas rurales que, en un goteo incesante, han ido perdiendo la vida que antes tenían. Boya tiene claro que no existen soluciones milagrosas.

R. Antes de hablar de las medidas, quería preguntarte por cómo ves el impacto del Covid en la despoblación rural. ¿Cómo ha afectado la pandemia a la vida en los pueblos?

R. El Covid ha sido una crisis tremenda para todos. En estos momentos, por suerte, vemos que tenemos luz al final del túnel en la vertiente sanitaria, pero ahora tenemos que superar las consecuencias económicas, algo que también va a ser muy duro. No ha sido lo mismo vivirlo en un pueblo que en una ciudad. Tanto es así, que nos consta que un número significativo de personas han decidido si su situación profesional se lo permite, cambiarse a un núcleo rural para teletrabajar o para buscar otra forma de vida. El Covid ha cambiado la perspectiva. En este sentido hay una oportunidad para el mundo rural que debemos aprovechar.

R. Las 136 medidas frente al reto demográfico son variadas. Si bien todas tienen una función, ¿Cuáles dirías que son las más acuciantes?

R. Todas ellas tienen una función de impacto en las zonas rurales. Aquí hay medidas que son claves. Yo citaría, por poner ejemplos concretos, el tema de la conectividad como un elemento fundamental. Con este plan, garantizamos y aseguramos la conexión de toda la población en un plazo de tiempo razonable de dos años. A la vez, estamos asegurando una mejora sustancial de todo lo que tiene que ver con la prestación de los servicios básicos. Estamos hablando de mejorar el ámbito de la salud, de los servicios sociales, de la economía de los cuidados. Paralelamente, se pone el foco en la energía renovable y se dan ayudas muy importantes a la innovación y el desarrollo en la industria, con lo que tiene que ver con el turismo, y sobre todo, en el ámbito del apoyo a jóvenes y mujeres.

R. El plan está dotado con más de 10.000 millones de euros procedentes del fondo de recuperación de la UE, ¿cómo se distribuirá el dinero dentro del plan? ¿Con qué criterio se repartirá?

R. Esto tiene una cierta complejidad porque responde al modelo territorial y de gestión que tenemos en el país. España es un país muy descentralizado, hay diferentes marcos competenciales, en este caso, tres niveles de administración para simplificar. Por un lado está la administración general del Estado, por otro las comunidades autónomas y por otro las entidades locales. Uno de los temores que tenían los alcaldes era que los fondos no llegasen a los pequeños municipios por capilaridad. Hemos trabajado también para que de alguna manera los pequeños municipios tengan acceso a estos fondos. De ahí el trabajo que hacemos desde la secretaría general, la manifestación de interés que impulsamos en diciembre para ver exactamente cuáles eran las necesidades y demandas de los territorios más rurales.

R. ¿Cómo se distribuye en porcentaje por cada nivel de la administración?

R. El porcentaje no lo sabemos. El plan todavía no está definitivamente cerrado, es un documento que está vivo y que por tanto es difícil de precisar. Estamos más preocupados por el trabajo que es más urgente, garantizar con las diferentes secretarías de Estado cómo van a aterrizar las medidas, cómo implementar las cantidades para que tengan el mayor efecto posible frente al reto demográfico.

R. Hablemos de estos proyectos tractores para zonas muy despobladas. ¿Qué tenéis pensado a este respecto?

R. Los proyectos tractores son proyectos de emprendimiento, de empresas o Ayuntamientos que junto a compañías están impulsando proyectos que puedan generar una industria o mejorar alguna de las que ya existen. Han salido muchísimos proyectos que tienen que ver con la energía. Hay proyectos que tienen relación con la explotación forestal y en este sentido hay empresas con mucho potencial desde el punto de vista del empleo público. Tenemos por otra parte mucho interés de desarrollar las competencias digitales del entorno rural y, al mismo tiempo, vincularlo a lo que implica el emprendimiento como tal. En ese sentido hemos empezado a desarrollar lo que denominamos centros de innovación territorial que son centros que tienen como vocación impulsar el emprendimiento, ayudar a estos emprendedores a madurar e incubar sus proyectos.

R. En aquellas zonas cuyo tejido productivo esté ya demasiado destruido como para que surjan propuestas, ¿irán más allá de la manifestación de interés?¿Cómo?

R. Lo primero que hay que entender es que estamos abordando un modelo que lleva produciéndose desde hace muchas décadas. España no se ha vaciado de un día para otro. Han sido unas dinámicas muy de fondo que han tenido unas consecuencias que ahora constatamos. Sería iluso pretender que de un día para otro este escenario cambiara. Desde el punto de vista de los centros vamos a priorizar en aquellos territorios donde hay una voluntad por parte del territorio iniciar un camino hacia un nuevo horizonte y por tanto profundizar procesos que son muy nuevos. En los sitios donde hay un cierto nivel de dinámica económica va a ser más fácil, en esos sitios donde no hay dinámica, hay que pensar que puede haber personas que puedan plantearse que quieren cambiar de modelo de vida, que quieren buscar un pueblo que les acoja. Tenemos que en una primera etapa intentar que todos los pueblos tengan las condiciones para que un posible joven o una familia pueda decidir irse a ese territorio.

R. Recientemente pude hablar con Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe, sobre el reto demográfico. Entre las cuestiones que me comentó, hablamos de varios puntos y me gustaría conocer tu opinión sobre uno de ellos. ¿Han pensado en impulsar la tarifa eléctrica diferenciada en función de la cercanía al lugar de producción?

R. Es un debate que está encima de la mesa. Estamos lógicamente de acuerdo en que el esfuerzo de los territorios para producir energías renovables es un impulso que tiene que ser recompensado. Hay que ver cómo. Lo que hay que ver también es que generar energía en los territorios tiene que procurar ser una ventaja desde el punto de vista de asentar las industrias y la actividad económica. Nosotros nos vamos a centrar en eso. En esa posibilidad de que esta generación de energía signifique un paso importante en la actividad económica. Lo de la rebaja hay que verlo, no hay que descartar nada, pero también hay que ser muy cuidadosos, porque a veces las cosas sencillas generan también agravios.

R. Busqué la palabra impuestos en el documento del plan. No la encontré. ¿Han considerado aplicar unos impuestos bonificados a aquellos empresarios de áreas rurales teniendo en cuenta que no acceden en las mismas condiciones a las facilidades que el Estado sí ha garantizado en polos urbanos?

R. Hay experiencias en Francia con un éxito relativo, más bien bajo. Yo soy partidario de no hacerlo todo a la vez. Tenemos una oportunidad enorme de mejorar las infraestructuras. La obsesión en este momento tiene que ser generar esa equidad desde el punto de vista de las condiciones en el territorio, y después ir abordando otros debates.