La deuda pública como refugio de los problemas no resueltos
En el caso de España, no tiene carácter de inversión
La deuda pública alcanzó en 2020 el 120% del producto interior bruto por la combinación de un recurso extraordinario a la emisión de bonos consecuencia de la pandemia y de un desplome paralelo de la producción. Nada menos que 1,346 billones de euros adeudan todas las Administraciones (unos 28.000 euros cada morador), un 13,2% más que en 2019, y nada menos que 24,5 puntos más de pasivo sobre el PIB. Sin embargo, el intervencionismo activo del Banco Central Europeo (BCE) ha facilitado que buena parte de las emisiones, las de los plazos más cortos, se hayan hecho a tipos negativos, y que el tipo medio de emisión esté tan pegado al cero por ciento que la factura financiera agregada no sea un dolor de cabeza. Otra cosa es si puede convertirse en una insoportable jaqueca si los tipos de interés en los mercados se incrementan, bien al hilo de la inflación que parece empezar a repuntar, bien por una política más pasiva de las autoridades monetarias.
España nunca ha tenido estos niveles de endeudamiento, y sus finanzas públicas no están acostumbradas a facturas severas por los pasivos contraídos; pero nadie debe ignorar que volúmenes tan elevados de deuda pueden generar efectos indeseados sobre la actividad económica. En primer lugar, un incremento del coste financiero restaría capacidad de maniobra presupuestaria en el futuro para atender las necesidades de inversión, y, en segundo lugar, una elevación de los tipos de interés, además de encarecer los pagos, absorbería demasiados recursos que en condiciones normales irían destinados a financiar la actividad.
Hay que recordar que la deuda debe interpretarse como un crecimiento del futuro anticipado, traído al presente, siempre que el empleo dado a las emisiones de bonos haya sido la inversión, y no el gasto corriente. En tal caso, el crecimiento que generará devolverá con creces el principal y su coste. Pero en el caso de la deuda española no tiene ese carácter de inversión, ya que mayoritariamente se ha emitido para abonar los desequilibrios de renta de los agentes económicos en tiempos de crisis, las quiebras de las cajas de ahorros en los últimos años o el creciente consumo de recursos por encima de sus posibilidades del sistema de pensiones, que solo en 2020 ha elevado su deuda particular en un 55%. Una práctica de pago que está de alguna forma sustituyendo a una urgente reforma de una Seguridad Social que no puede seguir con déficits superiores a los 30.000 millones de euros anuales y cubrirlos con emisiones que terminan en las bodegas del BCE. España debe despertar ya del sueño de los tipos cero y del socorro de Fráncfort, porque más pronto que tarde las condiciones cambiarán y habrá de hacer frente a sus compromisos con sus propias fuerzas.