Los grandes propietarios piden un guiño en la ley de vivienda para ceder los 30.000 inmuebles

Ábalos busca que nutran el fondo de vivienda social mientras Podemos pide control de precios

El Ministerio baraja sufragar las rentas del arrendamiento a vulnerables

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en el Congreso.
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en el Congreso. EFE

Sorpresa entre los grandes propietarios de vivienda ante el anuncio de José Luis Ábalos respecto a que estos fondos aportarán 30.000 casas para el plan de viviendas asequible que prepara el Gobierno. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana anunció esta medida el miércoles cuando amplió a 100.000 las viviendas con las que espera nutrir el programa. Las grandes empresas desconocen los detalles del plan y las posibles compensaciones que el Ministerio ofrecerá, pero quieren vincular estos acuerdos a un contexto normativo sin sobresaltos y evitar limitaciones de precios u obligaciones hacia los caseros en la ley de vivienda que prepara el Ejecutivo.

Los planes del departamento de Ábalos incluyen que 56.000 casas procederán de la colaboración público-privada para la creación de un fondo social: 30.000 de grandes tenedores, 15.000 de Sareb y 11.000 de entidades financieras. Las otras 44.000 dependerán directamente del Estado.

El desconocimiento sobre la propuesta de Ábalos es total entre una docena de grandes fondos, servicers y asociaciones consultadas por este diario. Algunas de estas fuentes indican que el Ejecutivo está intentando tender puentes con el sector privado, debido a la importancia del inmobiliario en el PIB del país. Por eso creen que esta nueva petición a las compañías, de 30.000 viviendas que cederían a una suerte de parque público a precios por debajo de mercado, debería estar enmarcada en un mayor consenso del futuro marco normativo.

De hecho, lamentan que el Ministerio “no haya contado con las aportaciones del sector” a la futura norma que está en negociación y actualmente encallada por las divergencias entre los socios gubernamentales. Las compañías temen, por ejemplo, una regulación de precios o que la norma obligue a los grandes tenedores a destinar el 30% de su cartera al arrendamiento social, como quiere el socio minoritario.

Recelan también de los mensajes que han surgido desde Unidas Podemos, culpabilizando al sector de la subida de precios cuando apenas cuentan con un 4% del parque de alquiler, y recuerdan la reciente regulación sobre la extensión de la duración de los contratos de alquiler (hasta siete años) o la expropiación de vivienda que llevó a cabo Baleares hace unas semanas, y que ayer Ábalos defendió por ser una medida que está “a la

altura” de los momentos en los que se “exige un esfuerzo conjunto” especialmente a “aquellos que pueden aportar ese esfuerzo”. Igualmente reconocen que tendrán que preparar escenarios ante el impacto de la medida anunciada por el Ministerio.

Por todo ello, los grandes propietarios esperan un guiño por parte del Ejecutivo a cambio de movilizar estos 30.000 inmuebles al mercado asequible.

Fuentes del Ministerio, por su parte, desligan por completo el plan de las 30.000 viviendas de la negociación para sacar adelante la ley, y apelan a la “función social” que tienen todos los agentes implicados en el mercado, desde el Gobierno a los grandes propietarios. “Estimamos que el parque general” de los grandes caseros “ronda las 150.000 viviendas”. “Lo que planteamos es lógico y asumible, ya que muchos grandes tenedores también sufren la vulnerabilidad económica de muchas familias, que es lo que queremos atajar”, añaden estas fuentes.

El objetivo del Ministerio, que confía en encontrar un acuerdo, es que la mayoría de las 30.000 viviendas estimadas salgan al mercado a precios asequibles, es decir, por debajo de la media. Pero además, el Ministerio espera que un porcentaje que aún está estudiándose salga a precios sociales, en unos parámetros similares a los de la vivienda pública. En estos casos, la cartera de Ábalos abre la puerta a que el Estado cubra las rentas de las familias vulnerables que no puedan abonarlas, ya sea en parte o en su totalidad, siempre que los servicios sociales puedan acreditar esa situación.

Entre el sector privado, sin embargo, surgen muchas dudas respecto al número de viviendas ofrecido unilateralmente por el Ministerio, en parte residencias vacías. Los grandes tenedores explican que en las zonas tensionadas de precio y con alta demanda, como Madrid, Barcelona y otras grandes urbes, apenas existen viviendas disponibles porque el modelo de negocio se encamina a vender o alquilar de forma rápida. Destacan, sin embargo, que las pocas casas vacías se ubican en zonas donde no existe demanda, se encuentran en mal estado, en fincas con problemas o que tienen mal calculado el precio. Y sitúan a entre seis y 12 meses el periodo en que como máximo se tarda en transaccionar uno de estos activos.

En el caso de las socimis, que destinan sus activos al alquiler, son muy escasas las viviendas deshabitadas, ya que su negocio depende precisamente de la alta ocupación. En el caso de los fondos como Blackstone y Cerberus es donde puede haber cierto margen, porque sus carteras (normalmente gestionadas por servicers como Anticipa, Aliseda, Haya, Altamira, Solvia o Servihabitat) proceden de préstamos dudosos bancarios y de viviendas adjudicadas.

El papel de la Sareb

El plan del Ministerio se nutre en buena parte de las 15.000 viviendas de la Sareb. De ellas, 5.000 han sido cedidas ya a autonomías y ayuntamientos, otras 5.000 llegarán en el corto plazo tras los trabajos de gestión y rehabilitación (que asume el Ministerio), y las últimas 5.000 se prevén para el medio plazo.

Ayer, la secretaria de Estado de Agenda 2030 y futura ministra, y quien negocia la ley de vivienda por parte de Podemos, Ione Belarra, pidió que se conozca el número de viviendas del que dispone la Sareb y que “al menos el 75%” se destinen al alquiler social para ampliar el parque público.

Esta semana, la oficina estadística Eurostat confirmó que incorporaba la Sareb, el conocido como "banco malo", dentro del perímetro de las cuentas públicas, lo que sumará en 2020 unos 35.000 millones de deuda pública (que alcanzará el 120% del PIB) y más de 7.000 millones de déficit.

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