La gobernanza económica europea, por una senda más social
La CE debe ofrecer a los Estados apoyo institucional y financiero para reforzar los sistemas de pensiones
La Unión Europea (UE) es una institución singular que no para de reinventarse, especialmente durante las crisis, de las que suele salir con nuevos instrumentos de gobernanza, sobre todo económica. En esta crisis ya están comenzando a aplicarse políticas nuevas, pero, para que sean sostenibles y no regresemos a las viejas respuestas, es necesario cambiar también la gobernanza económica.
Durante la anterior crisis se pusieron en marcha políticas de austeridad expansiva basadas en la narrativa económica dominante y en cálculos que ahora se ha reconocido eran erróneos, como el del coeficiente multiplicador fiscal del gasto público, que fue subestimado. La política procíclica aplicada acabó impidiendo que los estados miembros (EM) pudieran enfrentarse con éxito al ciclo económico, y provocó una segunda recesión. Además, los recortes del gasto público social se sumaron al incremento de la desigualdad y la deuda, y a la pérdida de derechos y de poder de negociación de muchos trabajadores, lo que precarizó su existencia. Nada de esto es ajeno a la aparición de los populismos y las opciones políticas iliberales, tampoco a la factura que nos está pasando la Covid-19.
En aquella crisis, la UE se dotó de nuevos mecanismos de coordinación y supervisión. Se estableció un paquete concreto para la Eurozona, el Two Pack, y otro, el Six Pack, para los EM, que incluía un mecanismo de coordinación de la política económica y supervisión de los desequilibrios macroeconómicos y de las consideradas como necesarias” reformas estructurales, y que se denominó Semestre Europeo.
El ciclo del semestre es anual desde el año 2012. Cada año, la Comisión Europea (CE) elabora la estrategia anual de crecimiento sostenible estableciendo las líneas políticas prioritarias. Ese documento es evaluado por el Parlamento Europeo (PE). Una vez pronunciado el PE, la CE redacta las recomendaciones específicas para cada país indicando los desequilibrios y las reformas a realizar. Los países, por su parte, dan cuenta de sus progresos respecto a una batería de indicadores y recomendaciones, y envían un adelanto de sus presupuestos.
El semestre no fue sensible a la dimensión social de la política macroeconómica hasta el año 2018, tras la aprobación del Pilar Europeo de Derechos Sociales en 2017. Y hemos tenido que sufrir una pandemia y una crisis económica para poder ver lo social ocupando un lugar más central en la narrativa del semestre y de la gobernanza económica comunitaria. Este año, además, el semestre aparece vinculado con la Recovery and Resilience Facility, y con los planes de recuperación, transformación y resiliencia de los Estados miembros, cuyos programas deben estar alineados con los objetivos marcados en el semestre y la Facility y serán evaluados por la CE.
Aunque los documentos de la CE insisten en la narrativa social, no contemplan aún una batería de indicadores sociales que los conviertan en medibles y obligatorios, como ocurre con los indicadores macroeconómicos o medioambientales. Por ello, el informe del Parlamento Europea aprobado en este último pleno, insiste precisamente en que la centralidad de los asuntos sociales en las políticas y la gobernanza económicas no debe quedar solo en palabras.
Se pide claramente a la CE la plena implementación del Pilar Social Europeo y se apunta a la resolución del PE A strong social Europe, aprobada en diciembre de 2020, como guía para conseguirlo. Se incide en la transcendencia de incluir un enfoque social en la supervisión macroeconómica de los países para mejorar tanto la cohesión y la justicia social como el funcionamiento de nuestras economías y su resiliencia, y como forma de garantizar nuestra salud democrática y la del proyecto común europeo.
La equidad y los derechos sociales deben tener la misma importancia que los objetivos macroeconómicos o los medioambientales para mejorar el bienestar de toda la ciudadanía y no solo de unos pocos. Y esos objetivos deben ser medidos con una batería de indicadores que sean obligatorios y que permitan robustecer nuestros sistemas de bienestar, que tan cruciales han demostrado ser en esta crisis. Para ello se pide la evaluación ex ante de cualquier reforma estructural o medida de ajuste macroeconómico. En este sentido, es decisivo medir las potenciales consecuencias negativas de desactivar demasiado pronto la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad, establecida para permitir el gasto y que los EM pudieran atender la emergencia sanitaria y mantener los ingresos de sus empresas y ciudadanía.
En línea con el informe del PE, creo que las medidas excepcionales se deben mantener tanto tiempo como sea necesario para corregir la creciente desigualdad, garantizar la creación de empleo de calidad, combatir la pobreza y la exclusión social, y lograr una economía más sostenible. También considero que la CE tiene la obligación de ofrecer a los Estados Miembros apoyo institucional y financiero para que refuercen sus sistemas de pensiones y protección social y creen empleo de calidad, reforzando la legislación laboral y la negociación colectiva, y avanzando hacia una nueva organización social del cuidado no asentada sobre el trabajo no pagado y no reconocido de las mujeres.
Creo que esto solo se conseguirá si se abandona la idea de que la competitividad de nuestras economías es incompatible con la igualdad, la protección social o el acceso de toda la población a un empleo digno. Para ello no solo lo necesitamos un respiro de las reglas de gobernanza europea, necesitamos modificarlas. Esta vez tiene que ser diferente.
Lina Gálvez es Europarlamentaria del PSOE. Catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla