El gas natural sigue a la búsqueda de su lugar en las islas
Las autoridades portuarias plantean el modelo híbrido para un combustible señalado por la controversia
La implantación del gas natural en Canarias como combustible para la generación de electricidad se enfrenta a formidables enemigos. El primero de ellos es el paso del tiempo: concebida su utilización en una planificación energética aprobada hace tres décadas, la transición energética ha convertido en obsolescencia lo que en su momento fue presentado como vanguardia, y ha dejado en segundo plano el posible beneficio ambiental de su utilización. En en este caso, se da una reducción en un 30% de las emisiones contaminantes en relación al gasoil.
El resultado es que las dos centrales de generación más importantes de las Islas, las plantas de Endesa en Tirajana (Gran Canaria) y Granadilla (Tenerife) disponen cada una de dos turbinas de ciclo combinado que, listas para generar electricidad quemando gas natural, siguen y seguirán recurriendo al diesel, porque el actual Gobierno autonómico ha dado carpetazo al desarrollo de la gasificación. “No es rentable, es una tecnología desfasada, que tiene informes en contra por su escala rentabilidad, que ya no será financiada por el Banco Europeo de Inversiones y además frena el avance de las energías renovables, las centrales hidroeléctricas y el hidrógeno verde, que es el futuro a través de un modelo más flexible y eficiente. El gas está completamente descartado”, sentencia el consejero de Transición Ecológica del Ejecutivo canario, José Antonio Valbuena.
El responsable de política territorial del Gobierno es igualmente categórico al deslindar la frontera entre el uso de gas natural para generar electricidad, que rechaza desde hace años, con el almacenamiento de gas licuado para el suministro de buques que utilizan este medio de generación en sus motores. “Con eso sí estamos de acuerdo, porque los buques mercantes y cruceros emplearán cada vez más el gas licuado como combustible, pero hay que dejar claro que para alimentar a un barco no hace falta construir una regasificadora, porque no tienen nada que ver y no se pueden lanzar falsos mensajes a la sociedad”, aclara Valbuena, quien establece un símil muy gráfico al respecto: “Tener depósitos de queroseno en el aeropuerto para abastecer a los aviones es algo que nadie cuestiona, y lo mismo ocurre con el gas para los buques; basta con disponer de las instalaciones de almacenamiento, no más”.
Esta actividad, el abastecimiento de combustible a las embarcaciones, supone en la actualidad el 30% de la facturación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, el primer puerto de España en esta especialidad logística. El llamado bunkering, no obstante, aún ofrece poco margen de negocio en lo tocante al gas, admite el presidente de dicha Autoridad Portuaria, el también socialista Luis Ibarra, quien evalúa “en poco más del uno por ciento” la presencia del gas licuado en el tráfico de combustible actual del puerto grancanario. “Es muy poco, hace diez años se decía que el gas sería el combustible dominante en la navegación mercante, pero esos pronósticos no se han cumplido”, explica.
Visto así, el gas a Canarias llega o bien demasiado tarde (generación energética previa regasificación) o está demasiado verde (bunkering gasístico). La posible respuesta a esta ecuación la proporciona el propio Ibarra, firme defensor del proyecto de regasificadora portuaria actualmente en proceso de licitación, una idea primigenia de Totisa Holdings con 70 megavatios de generación máxima y ubicación prevista en una parcela del Muelle Reina Sofía de Las Palmas de Gran Canaria.
Pendiente también del informe ambiental que emitirá la Administración autonómica (o sea, el departamento dirigido por Valbuena), la regasificadora tendría la virtud, según Ibarra, “de hacer compatible la progresiva expansión del bunkering con la generación de electricidad para las actividades portuarias, para el suministro de energía a buques con los motores parados e incluso para su incorporación a la red energética de la isla de Gran Canaria. Es un modelo mixto que se adapta a la realidad actual”.
En la misma tesitura se encuentra la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que en su caso aboga por una regasificadora flotante, no una instalación física en suelo firme, como el camino intermedio.
Una sucesión de fracasos
Informes en contra. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no ve claros los proyectos para instalar regasificadoras en Canarias. Ya no, porque considera que son proyectos desfasados, con inversiones millonarias de muy complicada digestión. Lo dejó claro en dos informes, en los que mostraba su oposición rotunda a la declaración de utilidad pública para el proyecto de regasificadora en Granadilla: 271 millones de euros por la planta en sí y 38 millones por las canalizaciones. Un esfuerzo imposible de amortizar, según la CNMC.
Malos precedentes. Los proyectos de regasificación en Canarias, planteados desde el final de l80, guardan un parecido asombroso con otros que llegaron tarde a la transición energética del gasoil al gas natural como combustible para las grandes centrales térmicas de generación eléctrica. El proyecto paralizado en Granadilla replica la maldición de la regasificadora de El Musel, en Gijón (Asturias), una instalación finalizada, que costó 400 millones de euros, nunca inaugurada ni puesta en servicio, que ahora busca una segunda vida como planta de almacenamiento de hidrógeno verde.
El gas ciudad, en vía muerta. La implantación del gas de uso doméstico en las Islas, el tercer vértice del triángulo gasístico, ha quedado en vía muerta en Canarias tras la anulación, en marzo de 2020, del concurso autonómico por el que el Gobierno canario adjudicó a la firma Redexis la instalación y explotación de las redes de gas ciudad en las principales ciudades de las Islas. En Canarias solo funciona una red semejante, la que distribuye gas propano para instalaciones hoteleras de Arona y Adeje, en la isla de Tenerife, y que gestiona la comercializadora líder en las Islas, Disa.