Movilidad

Pasaporte sanitario: los expertos advierten de los riesgos legales

El certificado podría usarse como método para la discriminación

Pasaporte sanitario: los expertos advierten de los riesgos legales
EFE

La Comisión Europea anunció este lunes que presentará el 17 de marzo un “Pase Verde Digital” que, según la presidenta, Ursula Von der Leyen, servirá como “prueba de que alguien ha sido vacunado, los resultados de los test para los que no han podido vacunarse e información sobre los que ya han pasado el Covid”. El objetivo de la propuesta es garantizar el movimiento seguro de personas por la Unión Europea, como medida de activación económica.

Sin embargo, la noticia ha despertado alarma entre los juristas, ante las evidentes implicaciones que este pasaporte sanitario puede tener en varios derechos fundamentales de las personas.

Como señala el profesor Ricard Martínez, “la primera pulsión que despierta una medida de este calado es de prevención, ya que el tratamiento de datos por los Estados genera una suerte de rechazo instintivo en la opinión pública europea”.

Por una parte, recuerda Federico Montalvo, profesor de Derecho constitucional de Icade y presidente del Comité de Bioética de España, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha señalado que estas aplicaciones móviles recogen datos de salud en un soporte que presenta riesgos de vulnerabilidad por el posible acceso de ciberdelincuentes, cruce con otros datos como la localización, incorporación de metadatos, lectura remota o simplemente no estar al alcance de muchas personas que no pueden usar teléfonos inteligentes.

Por otro lado, Vicente Bellver, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia y miembro del Comité de Bioética de España, considera que el uso de este tipo de documentos constituye “una medida muy arriesgada pues supondría la calificación de las personas en función de un dato relacionado con su salud”. Algo que entiende, “cuanto menos, arriesgado en términos de igualdad y no estigmatización”.

Además, como añade Lorena Pérez Campillo, abogada experta en salud, la desigualdad social y económica entre “inmunoprivilegiados” (ricos) y “inmunodeprimidos” (pobres) será cada vez mayor mientras las políticas públicas de vacunación y certificación no se alineen entre países.

Garantías

A la hora de pensar en los requisitos exigibles a estos sistemas, Montalvo destaca, en primer lugar, que el estar o no vacunado no depende de la voluntad del individuo, sino de una decisión pública. Por ello, considera que, desde una dimensión deontológica, lo más justo sería esperar a que existiera un acceso universal a las vacunas o, en su defecto, permitir acceder al certificado a la persona que se someta a una PCR o prueba similar.

En esa misma línea, Vicente Bellver considera que el pasaporte sanitario debería cumplir al menos estos requisitos: que solo revele si una persona puede o no contagiar, sin decir nada más sobre su salud; que se utilice cuando no quepa aplicar otras medidas de prevención que resulten igualmente eficaces y no supongan más riesgos que los certificados; que se establezcan garantías para evitar toda forma de estigmatización o discriminación, especialmente en el ámbito laboral; que la medida tenga una aplicación temporal, limitada al tiempo imprescindible de transición hasta llegar a la inmunidad de grupo, y finalmente, que se supervise periódicamente su funcionamiento, para adoptar, en su caso, las medidas que procedan para evitar efectos colaterales indeseados.

A estos puntos Pérez Campillo añade que, desde el punto de vista tecnológico, habrá que optar por las herramientas menos invasivas para la privacidad del ciudadano, dando preferencia a aquellas que recojan la menor cantidad de datos y que posibiliten la autogestión de los mismos.

Además, deberán tenerse muy en cuenta medidas técnicas de seguridad como la anonimización y, por supuesto, la interoperabilidad entre los distintos formatos de recogida de información que se utilizan en Europa, por ejemplo, para los historiales clínicos digitales.

Antecedentes y riesgos

  • Carta Amarilla. El certificado internacional de vacunación o profilaxis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), o Carta Amarilla, se viene exigiendo desde 2007 a los viajeros procedentes de países endémicos de fiebre amarilla. Solo es válido si la vacuna empleada ha sido aprobada por la OMS y si la vacunación se ha realizado en un centro designado por la Administración sanitaria nacional.
  • Contagio. La viróloga del CSIC Margarita del Val ha alertado de que las personas vacunadas “pueden ser asintomáticos contagiosos, es decir, portadores silenciosos de la enfermedad, y, por lo tanto, un pasaporte de vacunación no es garantía de que ellos van a ser inocuos para el resto de la gente, al poder transportar el virus sin darse cuenta”.
  • Seguridad. Como indica la abogada Lorena Pérez Campillo, el uso de blockchain permitiría atajar de raíz el riesgo de vulneraciones, falsificaciones y el mercado negro que amenazan a este tipo de certificados, permitiendo además la “autogestión de datos personales”.
  • Investigación. La aplicación también debería permitir el uso secundario de los datos para la investigación científica.
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