Un 30% de los ingresos es insuficiente para pagar el alquiler en 20 provincias

Unidas Podemos y otras siete fuerzas plantean limitar el coste de arrendar a este umbral en la futura ley de vivienda

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El precio medio del alquiler tendría que rebajarse en 20 provincias españolas si prosperase la propuesta que Unidas Podemos, otras siete fuerzas parlamentarias y los grandes sindicatos han trasladado al PSOE para limitar el coste máximo de arrendar piso al 30% del promedio de ingresos de cada zona. Es la conclusión que se extrae del cruce de los salarios medios que ofrece la Agencia Tributaria con los datos del índice de precios del alquiler elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ambos relativos al año 2018. A esta veintena de regiones, según un análisis que no incluye País Vasco y Navarra por tener regímenes fiscales propios, habría que añadir a Ceuta y Melilla.

A la propuesta, presentada la hace dos semanas por Comisiones Obreras, UGT, CGT, el sindicato de inquilinos, Facua y la PAH –junto a casi un centenar de organizaciones–, en plenas negociaciones para sacar adelante la Ley Estatal de Vivienda, se sumaron la semana pasada el socio minoritario del Gobierno junto a ERC, BNG, Más País-Compromís, Junts, Nueva Canarias, Bildu y la CUP, buena parte del bloque de la investidura. Entre otras medidas, piden que las rentas del alquiler se rebajen “a precios ajustados a la mediana de ingresos de los hogares, e impedir subidas que supongan dedicar al alquiler más del 30% de las rentas del trabajo”.

Con este tope, y siempre según los datos oficiales, los precios tendrían que abaratarse en Málaga, donde una persona tiene que destinar el 43,5% de sus ingresos para alquilar en solitario un piso medio, en Sevilla (40%) y en Córdoba (39,4%), las tres provincias que presentan los mayores desequilibrios. Otras son Baleares (39%), Huelva (37,7%), Cádiz (36%), Madrid y Santa Cruz de Tenerife (ambas con un esfuerzo del 36%) y Jaén, Barcelona y Granada, donde se dedica en torno al 35% de los ingresos a costear la vivienda.

El cruce de datos evidencia que pese a que los mayores precios se concentran en Madrid y algunos municipios aledaños, en Barcelona y su área metropolitana, y en zonas de Baleares y Canarias, los mayores esfuerzos se dan en varias provincias andaluzas, habida cuenta de que aunque los costes del alquiler se encuentran en la mitad alta de la tabla, los salarios son los segundos más bajos del país, solo por delante de Extremadura.

Algo parecido sucede en la región extremeña. En términos medios, con 350 euros mensuales por alquiler, es de lejos la autonomía más barata para arrendar, pero sus bajos salarios hacen que el esfuerzo residencial se sitúe por encima de zonas como la Comunidad Valenciana, Murcia o Aragón, donde los precios del alquiler son más elevados.

La presión salarial más baja a la hora de arrendar un piso medio en solitario se encuentra, por su parte, en Castellón y Lugo (23% y 24%, respectivamente), en León, A Coruña y Lleida (en torno al 25% en los tres casos), y en Asturias, Palencia, Teruel, Ciudad Real y Ávila, donde hay que dedicar aproximadamente el 26% de los ingresos a la vivienda.

Analizando únicamente la media de las autonomías, las más asequibles son, por este orden, Asturias, Galicia, La Rioja, Aragón y Castilla y León, mientras que los mayores desequilibrios se encuentran en Baleares, Andalucía, Ceuta, Melilla, Madrid, Canarias y Cataluña.

La propuesta de acotar el alquiler para que nunca supere el 30% de los ingresos medios de cada zona supondría llevar a cabo una limitación mucho más específica y concreta que la que recoge el acuerdo programático firmado a finales de 2019 por PSOE y Unidas Podemos. En el documento se aprobó “poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado”, facultado a las comunidades autónomas y ayuntamientos a frenar las grandes alzas y congelar los precios de forma temporal para evitar que superasen un umbral por ahora no definido y que tendrían que establecer las propias administraciones regionales y locales.

Según los datos de un reciente informe de Comisiones Obreras, el 59% de la población que reside de alquiler en España destina como máximo el 30% de sus ingresos a pagar el alquiler, el 22% dedica entre el 30% y el 50%, y el 19% destina más del 50%. Es decir, tres millones de personas, el 41% de los inquilinos, destinan más del 30% de sus ingresos al alquiler, “un esfuerzo excesivo que supera el máximo razonable según los criterios de solvencia y capacidad de pago”.

Al otro lado, quienes se muestran en contra de limitar las rentas argumentan que estas medidas provocan unos efectos adversos en el mercado y reducen sustancialmente la oferta, ya que buena parte de los propietarios con inmuebles en alquiler se pasan a la compraventa ante la perspectiva de ver reducidos sus rendimientos. La regulación de precios, añaden, también expande el mercado negro y merma la calidad del parque residencial, ya que el arrendador deja de invertir dinero en la mejora de sus inmuebles. Estos controles, prosiguen, reducen el interés inversor y suponen una merma para las rentas de los pequeños propietarios de vivienda en alquiler (hasta 10 inmuebles), que son la mayoría en España.

Vuelven las negociaciones

Esta semana, tras dos reuniones que se saldaron el pasado martes y miércoles sin grandes avances entre el secretario general de vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), David Lucas, y la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, volverán las negociaciones para intentar consensuar el primer borrador de la futura Ley Estatal de Vivienda.

Los puntos siguen estando muy alejados, ya que Unidas Podemos plantea fórmulas para limitar los precios, prohibir los desahucios a familias vulnerables y obligar a grandes tenedores a movilizar vivienda hacia el alquiler asequible, y el PSOE se muestra más partidario de ampliar la oferta del parque asequible mediante otras herramientas como los incentivos fiscales.

La pasada semana, el ministro del Mitma, José Luis Ábalos, defendió que la norma “trabaje por frenar subidas abusivas, pero no por el intervencionismo general”. “Siempre he defendido la vivienda como un derecho y esta ley quiere garantizar esa función social” pero “no hay que ignorar que también es un bien de mercado”. Con todo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró el viernes que la normativa saldrá adelante pese a los choques y diferencias iniciales.

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