El bloque de la investidura presiona al PSOE para que limite el precio del alquiler en la Ley de Vivienda

Unidas Podemos y otras siete formaciones se adhieren al manifiesto de los sindicatos que pide topes a las rentas y la paralización de desahucios a familias vulnerables

Los representantes de siete formaciones firman en el Congreso el manifiesto por la Ley de Vivienda.
Los representantes de siete formaciones firman en el Congreso el manifiesto por la Ley de Vivienda. EFE

Un total de ocho fuerzas políticas con representación parlamentaria, incluyendo al socio minoritario del Gobierno, se han adherido este jueves al manifiesto Por una Ley que garantice el Derecho a la Vivienda, presentado la semana pasada por los grandes sindicatos españoles y otras organizaciones como Facua, la PAH o el sindicato de inquilinos. El texto, entre otras medidas, pide que se limite el precio del alquiler para que no pueda superar el 30% de los ingresos medios de cada zona, que se prohíban los desahucios a familias vulnerables o que aumente el parque público de vivienda sustancialmente en dos décadas, desde el 2,5% actual hasta el 20%.

Con este movimiento, ERC, BNG, Más País-Compromís, Junts, Nueva Canarias, Bildu, la CUP y sobre todo Unidas Podemos redoblan la presión hacia el PSOE, que se encuentra negociando junto a su socio de Gobierno el texto de la futura norma sin visos de acuerdo claros. Ayer, la segunda reunión de la semana entre el secretario general de vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), David Lucas, y la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, se saldó "sin avances sustanciales" y con el objetivo de retomar las conversaciones la próxima semana.

El manifiesto que firman algunas fuerzas que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez y otras que aunque no lo hicieron sí han dado luz verde a varias iniciativas legislativas en el primer año de legislatura, pide que los grandes tenedores estén obligados a ofrecer un alquiler social estable a los hogares vulnerables y que se modifique la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para "dar protección y estabilidad a los inquilinos".

En el documento también se exige que las rentas de los alquileres se amolden a los niveles de renta e ingresos de cada zona tensionada, que se garanticen los suministros básicos como el agua, el gas, la luz o las telecomunicaciones y que se garantice "una segunda oportunidad efectiva" para los hogares con deudas hipotecarias, entre otros.

En los últimos días, de nuevo a costa de la vivienda, han vuelto a saltar chispas en el seno del Gobierno de coalición. El lunes, el ministro Ábalos se posicionó en contra de "imponer" un control de precios del alquiler en la futura Ley de Vivienda y apostó por una regulación basada en otro tipo de fórmulas con el fin de movilizar vivienda hacia el alquiler asequible. "Creemos que es más positivo y más eficaz promover que imponer", resumió, sugiriendo que en su departamento prefieren optar por otras herramientas como los incentivos fiscales.

En su opinión, hay que evitar imponer medidas que puedan provocar "una detracción del mercado" y que muchas viviendas en alquiler se pasen al mercado de la compraventa. También hay que dotar al texto de "seguridad jurídica", porque la vivienda "es un derecho, pero también es un bien de mercado que genera actividad económica".

Al otro lado del Ejecutivo, sin embargo, las palabras de Ábalos se recibieron como un intento de "traicionar" el acuerdo programático de Gobierno firmado entre las dos formaciones a finales de diciembre, en el que los dos socios se comprometían a facultar a las comunidades autónomas y ayuntamientos a regular las subidas abusivas del alquiler mediante un índice de precios.

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