PSOE y Podemos vuelven a chocar por la Ley de Vivienda y amenazan con nuevos retrasos

La norma debería llegar al Consejo de Ministros en lo que queda de febrero, según acordaron los dos socios

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, en enero de 2020.
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, en enero de 2020. EFE

Las negociaciones que han retomado este jueves el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y la secretaría de Estado de Agenda 2030 para encarar la redacción de la futura Ley de Vivienda han puesto de relieve que los dos socios de Gobierno continúan anclados en posiciones prácticamente antagónicas, por lo que la norma, que debería llegar al Consejo de Ministros en lo que queda de mes, amenaza con seguir postergándose después de los primeros retrasos.

El departamento que dirige José Luis Ábalos ha destacado "la solidez y rigor" de las propuestas debatidas en el seno de la coalición para "conseguir soluciones reales" a las necesidades habitacionales en España y "alejarse de iniciativas que no resuelvan los problemas existentes", según explicaron fuentes del ministerio al terminar la reunión. Por el contrario, desde Unidas Podemos recalcaron que su socio sigue sin poner sobre la mesa propuestas "en materia de desahucios, control de precios del alquiler y grandes propietarios", los tres grandes frentes de las negociaciones.

Hace dos semanas, el equipo de Ábalos congeló las conversaciones para, según explicó el propio ministro, consensuar una postura común dentro del departamento antes de compartir las propuestas con el equipo de la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra. Desde Unidas Podemos, por el contrario, aseguraron que la pausa llegaba para no perjudicar al candidato socialista, Salvador Illa, en las elecciones catalanas del pasado domingo debido a la "falta de ambición" de las propuestas en materia de vivienda.

Una vez pasados los comicios catalanes, en los que el PSC logró un gran avance y la formación que lidera Pablo Iglesias salvó los muebles, las divergencias entre los dos socios son tan fuertes como antes. El PSOE, afirman fuentes de Unidas Podemos, está "muy próximo es sus planteamientos al sector inmobiliario y a Asval", una asociación de propietarios de vivienda dirigida por el exministro socialista Joan Clos. Según estas fuentes, el ministerio de Ábalos ha rechazado "las propuestas que desde la Vicepresidencia segunda se le han hecho llegar en los últimos meses sin ofrecer planteamiento alternativo sobre el impuesto a la vivienda vacía o la obligación de los grandes propietarios de poner en alquiler para vivienda social el 30% de su parque".

Desde el Mitma, por el contrario, afirman que trabajan para impulsar una ley que sea "representativa de toda la sociedad española, que nazca desde el acuerdo con todos los sectores sociales, que piense en todos los ciudadanos y ciudadanas, especialmente en los más vulnerables, y que huya de sectarismos", sin precisar a qué se refieren con ese término.

Las fuertes discrepancias entre dos formaciones que, según el pacto alcanzado para desbloquear los presupuestos, son "coproponentes" para dar forma a la ley que regule los precios del alquiler, amenazan con retrasar otra vez la llegada de la norma al Consejo de Ministros, habida cuenta de que solo queda uno de estos cónclaves antes de que termine el mes de febrero.

El calendario fijado en octubre entre los dos socios de Gobierno, cuando se cerró el acuerdo para sacar adelante los Presupuestos, establecía que el texto debería llegar al Consejo de Ministros en tres meses para pasar un mes después al Congreso.

Los sindicatos se mueven

Este jueves, conscientes de que se retomaban las negociaciones, los grandes sindicatos de España y decenas de organizaciones del ámbito civil han lanzado un manifiesto conjunto en el que piden al Gobierno que la ley regule el precio del alquiler, prohíba los desahucios a familias vulnerables o aumente el parque público de vivienda sustancialmente en dos décadas, desde el 2,5% actual hasta el 20%.

"Tras 42 años de absoluta vulneración de este derecho humano, debemos remarcar que la nueva Ley será papel mojado si no protege y garantiza de manera efectiva el Derecho en todo el territorio. No dejaremos escapar la oportunidad que brinda la elaboración de la primera ley estatal en la materia para conseguir un avance histórico en la cobertura de este derecho fundamental", recoge el comunicado conjunto que firman, entre otros, Comisiones Obreras (CC OO), la Unión General de Trabajadores (UGT), la Confederación General del Trabajo (CGT), los Sindicatos de Inquilinos o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

La próxima ley, reclaman, "debe garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo". Para ello, entre otras medidas, las organizaciones firmantes solicitan un mecanismo para regular el precio de los alquileres y adecuarlos a los salarios de la población en cada zona del territorio, así como modificar la ley de arrendamientos urbanos "para dar protección y estabilidad a los inquilinos del conjunto del país".

En el manifiesto también exigen ampliar las dotaciones presupuestarias para vivienda social y políticas sociales de vivienda hasta llegar al promedio europeo de parque público, "destinando como mínimo el 2% del presupuesto estatal". Para ello, sugieren hacer uso de una parte de los fondos europeos.

A su vez, reclaman "garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones para evitar la brecha digital como parte de una vivienda digna, garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias, y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios".

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