Lecciones que deja la absolución de Cristina Cifuentes
La sentencia del “Caso Máster” convierte en personal de alto riesgo a los profesores universitarios y a los asesores de los políticos
La absolución de Cristina Cifuentes y las condenas a prisión de una profesora de universidad y una asesora política, por unos hechos que únicamente beneficiaban a la presidenta de la Comunidad de Madrid, levantan suspicacias sobre la calidad de la justicia y muestran el elevado riesgo que se asume en determinadas profesiones. Sería pretencioso valorar la calidad jurídica de la sentencia de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid, mejor que lo hagan instancias superiores, ya que todo apunta a que la Fiscalía va a recurrir el fallo.
“Cristina Cifuentes Cuenca, en cuanto a su desarrollo como alumna, ha revelado un conjunto de incongruencias, relevantes e incompatibles con la actuación regular de un estudiante de postgrado. Ha reconocido que nunca fue a clase ni tuvo contacto con ningún profesor, que hacía trabajos (sic), que entregaba a Álvarez Conde, y que el 2-7-12 entregó el TFM de manera informal, en la URJC, ante dos o tres personas”.
Esto dice la sentencia, un documento de 19 páginas en el que queda patente que Cifuentes obtuvo un título de un máster que no cursó, pero ese no es su problema. La culpa es de la profesora Cecilia Rosado Villaverde, que figuraba como directora del máster, y de Mª Teresa Feito Higueruela, asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que se empeñó en documentar la dádiva. A Rosado, le ha caído una condena de un año y seis meses de cárcel, y a Feito, de tres años.
La reconstrucción de los hechos que realiza el tribunal es concluyente. En sustancia, el 21 de marzo de 2018, cuando eldiario.es publicó las “graves irregularidades” que rodearon la obtención del máster, María Teresa Feito se pasó “casualmente” a saludar al rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos Marcos, a las 9,30 de la mañana. Allí se produjo una reunión “informal” a la que asistieron, además del rector y la asesora de la Consejería de Educación (que “participó de forma activa”), los vicerrectores Álvarez Monzoncillo y Andrés Martínez Fernández; el director de facto del máster, el fallecido Enrique Álvarez Conde; y el profesor del mismo, Pablo Chico. Durante esa reunión, Teresa Feito llamó por teléfono a Cecilia Rosado, secretaria del Tribunal Evaluador del máster, y se la puso al teléfono al rector, a petición del mismo.
Ese mismo día, “Mª Teresa Feito llamó de forma insistente y agobiante, mediante llamadas y mensajes sms al teléfono personal de Cecilia Rosado, hasta en 15 ocasiones, indicándole que aquella situación debería quedar resuelta como fuere”. Cecilia cedió y realizó el acta falsa que dice: “Reunidos el Tribunal de Evaluación, con fecha 2/7/2012, acuerda otorgar al alumno (Cifuentes) la calificación global de notable (7,5), y estampando en la misma su firma, y otras dos a imitación de la de sus otras dos compañeras, las profesoras Clara Souto, como vocal, y Alicia Muñoz de los Mozos, como presidente”.
Ese acta falsa fue enviada por el rector de la URJC a la oficina de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que “la exhibió en las redes sociales y en varios medios, para evitar las consecuencias políticas a las que debería enfrentarse”. No contenta con esto, el 3 de abril, Cristina Cifuentes envió un correo electrónico a la Universidad reclamando que le fuera “remitida certificación del expediente académico en la URJC”. El 27 de abril, la profesora Cecilia Rosado se personó en la Fiscalía de Móstoles, cantó y aportó el original del documento falsificado.
Este relato y la absolución de Cifuentes parecen incompatibles. Sin embargo, los miembros del tribunal concluyen que “no ha resultado probada ninguna intervención” de Cifuentes en la creación del acta, no se ha acreditado que “impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación”.
La secretaria del tribunal evaluador del máster escaló la responsabilidad de la falsificación a la asesora de la Consejería de Educación, y ahí se rompe la cadena. Feito, de momento, ha decidido inmolarse y mantener el velo entre ella y Cifuentes. Ella sabrá las razones por las que asume ir a la cárcel.
El sentido común no encuentra conexión entre el relato judicial y la inocencia de Cifuentes. ¿Es creíble que Feito se presente de motu propio en la URCJ, se reúna con el rector, vicerrector, director del master, profesores y, tras todo tipo de presiones a la secretaria del master, fabricar un acta justificativa? ¿Todo esto lo hace ella sola, sin que haya otras mediaciones?
Como coda a este dislate, el próximo 3 de marzo, en primera vuelta, o el 18 en segunda, se elige al rector de la Universidad Rey Juan Carlos. Hay cinco candidatos, entre ellos, Javier Ramos, actual rector y en cuyo despacho pasó de todo, y Rafael van Grieken, que era el consejero de Educación, el jefe de la condenada a tres años de cárcel.
Queridos profesores, ya se pueden tentar la ropa antes de firmar cualquier acta, y más en tiempos de firma electrónica y buena fe. Otro tanto pasa con los asesores, en el ámbito público y el privado. La clave está en entender que no existe la obediencia debida, que no ampara ningún delito, que eso no es lealtad. Ante cualquier sospecha, que venga el abogado antes de firmar.
Puede resultar duro para la comunidad universitaria y la de la asesoría política ver cómo Cifuentes, la ex delegada del Gobierno en Madrid, la capo de la Comunidad, se pasea por la tele sentando cátedra. Pero, sin duda, lo peor es que vayan a la cárcel las personas más débiles de la cadena, la secretaria del master y la asesora eventual. Serán las autores materiales, pero alguien cree que actúan en libertad. Como en el Caso Watergate, sigan el rastro del dinero.
Aurelio Medel es Doctor en Ciencias de la Información Profesor de la Universidad Complutense