Nueva y vieja película catalana: y ahora, ¿qué?
La interrelación entre política y economía se detecta en el ascenso de Madrid y en el éxodo de empresas hacia Valencia y otras capitales
En primer lugar, conviene sopesar el espectacular revés sufrido por Ciudadanos. Esta formación fue creada por el dirigente centrista Albert Rivera en Cataluña como dique ante el tenaz monopolio del nacionalismo de Convergencia, creación de Jordi Pujol, luego trocado en independentismo. Consistió en ampliar su teatro de operaciones al resto del territorio español, dejando al escenario catalán bajo la dirección de Inés Arrimadas, joven de familia salmantina y educada en Andalucía, que impresionaba por su dominio del catalán.
En las elecciones celebradas bajo control del Gobierno español por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, tras la suspensión de la autonomía catalana como sanción por la celebración del referéndum de independencia el 1 de octubre de 2017, Arrimadas consiguió capturar el mayor número de escaños en el Parlament catalán. Pero no pudo sublimar el siguiente paso, ya que los partidos independentistas superaban conjuntamente a Ciudadanos en cualquier alianza que presentaran.
Luego, de ser provisionalmente una especie de árbitro en el escenario estatal, Rivera se vio rechazado en su intento de neutralizar al Partido Popular. El fracaso se ha visto ahora reflejado en el desastre del Parlament catalán. El daño colateral puede ser su aniquilamiento en el escenario global español. Este posible escenario ha sido ahora dramatizado por la aparición del ultraderechista Vox en el teatro español, zapando el coto antes reservado del Partido Popular, y ahora por su espectacular entrada en el Parlament de Catalunya, convirtiéndose en la cuarta formación.
Durante mucho tiempo, el tejido político español se enorgullecía de no sufrir la presencia de una extrema derecha. Ahora, el mito se ha venido abajo. De nada sirve aducir que Vox no es igual que los casos de Alemania (Alternativa), Francia (Le Pen), Hungría (Orbán) o Polonia (Justicia y Paz). Era una novedad, temida y latente, sin que llegara a sublimarse. Ahora es una cruda realidad electoral.
El debilitamiento de los restos del nacionalismo moderado en Catalunya, representado por el PDeCat, testifica que el impacto de la respuesta oficial (juicio, condena, prisión) ante el conato independentista del referéndum no ha hecho más que reforzar la influencia de los partidos que priorizan la independencia mediante la insistencia plebiscitaria. Queda, naturalmente el sólido argumento de la izquierda constitucionalista presentada por el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), que casi dobló el número de escaños al presentar como candidato a Salvador Illa, aupado a una sólida publicidad por su efectiva función como ministro de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez. Como se alude en este contexto, los partidos centristas no solamente han desaparecido en España, sino que en Cataluña poco tienen que hacer, a no ser que paradójicamente ese papel se le reserve precisamente al propio PSC.
Escoradas a la izquierda quedan formaciones que, sin identificarse con la independencia, insisten en los apoyos a las urgencias de los sectores más necesitados. Tan dispares como Comuns-Podem (la rama catalana del partido populista de Pablo Iglesias, socio del PSOE en Madrid) y la anticapitalista CUP pueden conceder los votos necesarios a los partidos independentistas para la formación de gobierno y el nombramiento del President de la Generalitat.
Todas las formaciones son conscientes de los problemas económicos, derivados tanto del impacto atroz de la pandemia, como del desempleo estructural dramatizado por el confinamiento decretado como remedio ante el virus. La interrelación entre la política y la economía también se detecta en el momento de sopesar el evidente ascenso del poder económico de Madrid en la última década, y su concentración bancaria, aparte del éxodo de las oficinas sociales de empresas catalanas hacia Valencia y otras capitales, como refugio ante el independentismo.
Los resultados electorales dejan otros detalles, confirmación del pasado, o correcciones de ciertas dimensiones. Por ejemplo, el dilema entre el independentismo y el constitucionalismo se refleja en la continuación de la concentración del primero en las áreas interiores del territorio catalán, mientras que el constitucionalismo (de derecha o de izquierda) puebla las áreas urbanas, sobre todo Barcelona.
Si las elecciones no han revelado el surgimiento de un líder indiscutible, conviene sopesar el resultado de una solución que surge como favorita: la renuncia de Illa y el PSC a optar por el voto de Parlamento. Ese regalo vendría luego recompensado dando un salto hacia Madrid: Esquerra seguiría apoyando al PSOE en la gobernación y la aprobación de los presupuestos.
Regresando a Barcelona, ¿el éxito de ERC produciría el renacido liderazgo de Oriol Junqueras, al que Pere Aragonés estaría guardando el puesto? Este detalle nos llevaría a encarar el urgente desenlace del tema (¿problema?) de la prisión de los dirigentes del procés y el referéndum. El presente estatus de libertad parcial que insólitamente los condenados han disfrutado durante las elecciones cobra, por lo tanto, un protagonismo insólito. La presión para aprobar una amnistía se convierte en el foco irremplazable para cualquier consideración de las consecuencias de las elecciones. O sea, que el simple conteo de los votos para configurar el liderazgo ejecutivo en el Parlament no es el final.
Joaquín Roy es catedrático Jean Monnet y director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami