El nuevo contrato social merece un debate distinto

Una mala regulación de los 'riders' tendrá consecuencias negativas para la competitividad, las inversiones y el empleo

Es un grave error pretender regular las realidades del siglo XXI con los instrumentos jurídicos del siglo XX. Y eso está a punto de ocurrir con la denominada ley “contra la huida del derecho de trabajo a través de las nuevas tecnologías”, que al parecer el Gobierno pretende aprobar de manera inminente, en forma de real decreto ley, si no hay acuerdo entre los interlocutores sociales sobre la regulación de los riders.

El problema es de fondo y de forma. El Gobierno ha puesto el foco en la determinación de la naturaleza jurídica de los repartidores de comida a domicilio en lugar de poner la mirada en la necesidad de adoptar innovadores enfoques de nuestras regulaciones sociales, mercantiles y laborales a los retos que las transformaciones tecnológicas nos están planteando. Y es que la propuesta del Gobierno es ciertamente preocupante.

Desde hace unos cuantos años, España ha convertido aquello que se puede hacer solo de manera “extraordinaria y con urgente necesidad”, que es legislar por la vía del decreto-ley, en la forma habitual de aprobar leyes. No es serio y supone un menosprecio a los principios de participación democrática y al propio papel principal y esencial de las Cortes como poder legislativo. Es muy evidente que la regulación de un sector de la actividad económica del país exige una tramitación parlamentaria transparente, sosegada e informada por medio del correspondiente proyecto de ley.

Claro que hay que regular la actividad de los denominados riders. Algunos lo hemos reclamado desde hace años. La situación de las plataformas tecnológicas que promueven estos servicios y las personas que trabajen en ellas exigía superar la enorme inseguridad jurídica en la que están instalados y con cuestiones no menores y no bien resueltas en términos de protección social y condiciones de trabajo. Lo que no puede ser, en cualquier caso, es que sea la Inspección de Trabajo y los tribunales de lo social, con sentencias contradictorias , por cierto, aquellos que de facto hayan ido configurado su regulación hasta ahora.

Se necesita un marco regulatorio adecuado a la nueva realidad que ha emergido durante los últimos años, que garantice derechos y obligaciones, que otorgue la seguridad que necesitan las personas que presten los servicios en las plataformas y la flexibilidad que el modelo de consumo bajo demanda requiere. El uso de las plataformas ha incrementado de manera exponencial la entrega de comida a domicilio. El consumidor ha respondido de manera positiva, el sector de la restauración también y las personas que han optado por ofrecer sus servicios a través de las plataformas también. Más de 30.000 personas trabajan como repartidores, de manera puntual o más intensa.

Idealmente la regulación debería ser el resultado del acuerdo entre los interlocutores sociales, después de haber escuchado a expertos tanto de la economía digital como del derecho del trabajo y el derecho mercantil, teniendo en cuentas las mejores prácticas de nuestro entorno y las sentencias de los tribunales europeos y las recomendaciones y directrices de la Unión Europea. Otros países europeos, singularmente Francia e Italia han optado por regulaciones específicas, que pueden ser objeto de inspiración. Quizás el caso francés es el más interesante, con su figura de auto-entrepeneur y su Carta Social como garantía de protección frente al riesgo del abuso y la precariedad.

El peligro de una mala regulación de esta materia, más allá de las plataformas tecnológicas, tendrá consecuencias negativas en términos de competividad, atracción de inversiones y empleo para el conjunto del ecosistema digital. Una buena regulación, que equipare la protección social (pensiones, desempleo, enfermedad, accidente, maternidad y paternidad, formación, riesgos laborales) de los repartidores a los trabajadores por cuenta ajena, que refuerce su capacidad de negociación de las condiciones de trabajo, garantice la protección de sus derechos digitales y la no discriminación, manteniendo la flexibilidad que el modelo necesita y por tanto, la no laboralidad necesariamente de las relaciones entre repartidores y empresas, es posible .

Todo ello debiera ir acompañado de una reforma integral del régimen de autónomos y su fiscalidad, que adaptase las cotizaciones de los mismos a sus ingresos reales, disminuyese la burocracia y los costes innecesarios y garantizase derechos universales en la dirección de la nueva legislación francesa. Y es que la laboralización de los riders no necesariamente puede garantizar mejores condiciones laborales y sociales. Solo hay que hacer un análisis de los precios/hora entre el sector offine y online para comprobarlo.

Pero más allá de este debate debe valorarse el papel de las plataformas tecnológicas como vía de acceso a ingresos económicos de sectores excluidos del empleo, así como la capacidad de las plataformas de ser instrumento para aflorar economía sumergida por medio de la trazabilidad de sus ingresos. En un contexto de repensar y revisar nuestros conceptos sobre el trabajo, cuestión central del tiempo que nos ha tocado vivir, la precipitación y la ausencia de una mirada global e integral pude ser un error mayúsculo.

Necesitamos, efectivamente, un nuevo contrato social, que recupere la confianza en el funcionamiento de la economía de mercado y en su promesa de prosperidad compartida para todos, pero que no puede sustentarse en una mirada nostálgica y dogmática sobre las reglas que funcionaron de manera satisfactoria en la segunda mitad del siglo XX, antes de internet, la inteligencia artificial y el uso masivo de los datos. El reto para los legisladores y los interlocutores sociales es pensar de manera diferente. Seguro que es más difícil y complejo, pero es aquella que la sociedad necesita si aspiramos a continuar progresando.

Carles Campuzano es Exdiputado en el Congreso de los Diputados