La I+D+i como palanca de recuperación y transformación

En España hay una brecha entre el potencial de los incentivos fiscales a esta actividad, de los más generosos de Europa, y su aplicación efectiva

Resulta difícil exagerar la importancia de la innovación para el progreso humano, económico y social. La actividad innovadora es uno de los principales motores de productividad, y, por tanto, de crecimiento a largo plazo, así como de internacionalización del tejido productivo, de empleo de calidad, de satisfacción de las necesidades de los consumidores y de bienestar social.

Debido a su complejidad, incertidumbre, y período de maduración, el emprendimiento de las inversiones relacionadas con la I+D+i reviste una mayor dificultad y riesgo en comparación con los proyectos de inversión tradicionales. Por ello, y dada la relevancia de la actividad innovadora, se requiere un marco propicio, y una batería de apoyos adecuadamente diseñados, que permita un desarrollo óptimo de este tipo de proyectos.

En este sentido, las ayudas indirectas, en forma de incentivos fiscales están adoptando un protagonismo creciente en todo el globo debido a su probada eficacia. Así, tal y como corrobora la AIReF en su reciente informe sobre esta cuestión, por cada euro que se dejaría de recaudar debido a este incentivo, la inversión en I+D+i se elevaría en 1,5 euros.

La inversión en I+D+i en España se encuentra muy retrasada con respecto a las mejores prácticas en el ámbito internacional. El esfuerzo innovador de nuestro país se sitúa más de un 40% por debajo de la media de la UE, y el circunscrito al ámbito empresarial, muestra, igualmente, un elevado margen de mejora. Esta situación se produce, tal y como ya hemos anticipado, debido a que el marco de apoyo por parte del sector público no se demuestra eficaz, como queda evidenciado al atender a los datos de apoyo público a la inversión empresarial en I+D+i. Así, estas ayudas alcanzaron en 2017 el 0,04% del PIB, una cifra que es la mitad de la registrada en la Unión Europea y casi un tercio de la de la OCDE.

A la luz de estos datos, se puede concluir que en España se asiste, tal y como recoge la OCDE, a una pronunciada brecha entre el potencial de los incentivos fiscales a nivel normativo, que es teóricamente uno de los más generosos, y la aplicación efectiva de estos incentivos, que es, en cambio, comparativamente muy reducida. Este gap tiene lugar debido a una serie de obstáculos relacionados con el deficiente diseño del sistema, con unos requerimientos especialmente restrictivos o costosos, o una elevada incertidumbre asociada a los procesos de auditoría y aprobación.

A su vez, la falta de estabilidad, especialmente cuando va unida a la ausencia de predictibilidad, vulnera la seguridad jurídica, y la complejidad normativa dificulta su pleno conocimiento por parte del tejido empresarial, lo que supone también un freno a su utilización. La propia AIReF también se ha hecho eco de esta brecha en su reciente informe, en el que calcula que la deducción devengada triplica cada año a la deducción efectiva, debido a los límites establecidos a estas deducciones y la insuficiencia de cuota en muchas empresas.

Durante el año 2021, el Ministerio de Hacienda plantea llevar a cabo un estudio para la reforma fiscal integral del Impuesto sobre Sociedades. Para ello, se prevé convocar un comité de expertos, abierto a universidades, empresas del ámbito financiero y técnicos tributarios de comunidades y entidades locales, con el objeto de analizar y debatir los puntos de trabajo. En el ámbito de las deducciones a la I+D+i, tanto el estudio de la AIREF como el del Instituto de Estudios Económicos, son dos informes recientes, elaborados por expertos, que exponen soluciones a las limitaciones actuales, dentro del marco estatal de Impuesto sobre Sociedades.

Dado el contexto planteado, resulta fundamental introducir mejoras que permitan reducir las fricciones del sistema y, de este modo, agotar o absorber todo su potencial teórico. En el informe que nuestras respectivas organizaciones han realizado en colaboración, las reformas que proponemos van en la línea de simplificar el sistema, reduciendo, agilizando y racionalizando los trámites, cargas administrativas y requerimientos asociados al mismo, para mejorar su alcance, así como de reforzar la estabilidad normativa y la seguridad jurídica, hasta ahora ausentes.

El momento actual es especialmente propicio y oportuno para abordar estas mejoras, habida cuenta de que la innovación se constituye como uno de los catalizadores fundamentales del proceso de transformación que ha de afrontar nuestra economía a raíz de la crisis del Covid-19. Además, los incentivos fiscales son una herramienta flexible y ágil para mejorar la capilaridad y el alcance de las ayudas procedentes de Europa, de modo que se consiga que una mayor parte de nuestro tejido empresarial participe de la inercia del plan, asegurando una recuperación económica más sólida.

No en vano, cabe recordar que países líderes en I+D+i de Europa, están implementando esquemas de incentivos a la I+D+i, dada la situación de crisis actual. Es el caso de Alemania, que con efecto el 1 de enero 2020, introdujo un incentivo del 25% sobre los gastos de I+D hasta un máximo de 500.000 €, o Finlandia, que ha establecido, a partir de enero de 2021, deducciones de hasta el 150% en proyectos de I+D consorciados. Es momento de incentivar la I+D+i estatal, aumentar la liquidez de nuestras empresas innovadoras y no quedarnos, más si cabe, a la cola de la inversión en I+D+i mundial.

Gregorio Izquierdo/Victor Cruz son Director General del IEE/ Director de Estrategia de Servicio de FI Group