La CEOE crea un sistema de alertas para facilitar a las pymes el acceso a los fondos europeos

La herramienta está pensada para informar principalmente a las pymes de las licitaciones y convocatorias vinculadas al dinero comunitario

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), consciente de que la pequeña y mediana empresa del país ve los 150.000 millones de euros de los fondos europeos de reconstrucción como algo “lejano y difícil”, pondrá en marcha en nueve días un sistema de alertas para que las compañías interesadas en diferentes licitaciones y proyectos reciban avisos de las convocatorias, subvenciones, concursos o iniciativas vinculadas al dinero que empezará a llegar desde Bruselas previsiblemente en verano. Hasta entonces, y para poder hacer uso de los 27.000 millones comprometidos para 2021, el Gobierno ha incluido esta cuantía en los Presupuestos gracias a la anticipación vía deuda.

Así lo anunció este jueves el director de la oficina de proyectos europeos de CEOE, Luis Socías, en el evento Fondos europeos: situación actual, claves y próximos pasos, organizado por el Consejo General de Economistas. La iniciativa, explicó, surge para que las empresas del país, principalmente las pymes, dejen de ver los fondos comunitarios que recibirá España como algo inaccesible o blindado para ellas.

Socías insistió en que las pymes tendrán “muchísimo campo” en las ayudas europeas y animó a las pequeñas compañías de todos los sectores a interesarse por los proyectos. Es cierto, reconoció, que las grandes empresas tendrán un papel “importante por su capacidad de arrastre”, pero hay “muchísimas convocatorias de ayudas directas y subvenciones de todo tipo” a las que también pueden acceder las pequeñas y medianas compañías.

Para ello, el tejido productivo tendrá que “conceptualizar” y “estudiar” los proyectos de inversión que están a su alcance y que encajen con las prioridades del plan de recuperación, cuya condicionalidad pasa por la transición ecológica y digital y por la consecución de los hitos que finalmente pacten el Gobierno de España y la Comisión Europea, que a día de hoy continúan trabajando en el diseño del plan de reformas e inversiones, cuya versión definitiva tiene que presentarse en Bruselas antes de que termine el mes de abril.

En esta línea, Socías recordó que en esta ocasión, y dadas las magnitudes del fondo –con una movilización conjunta de 750.000 millones entre subvenciones y créditos–, el Ejecutivo comunitario irá desembolsando las cantidades previstas para cada socio en función del cumplimiento de los objetivos, con dos pagos por año. Bruselas también podrá cortar el grifo, e incluso exigir la devolución del dinero, del socio que no cumpla con lo pactado.

Más allá de la condicionalidad, el portavoz de la patronal también animó a las empresas a interesarse por el funcionamiento del plan de recuperación, basado en buena medida en el principio general de concurrencia competitiva con los distintos instrumentos que se lanzarán para el sector público y privado en España. Entre ellos, Socías puso el foco sobre los consorcios público-privados, por los que distintas empresas podrán acometer proyectos de inversión de forma conjunta; las sociedades de economía mixta con un 50% de capital público; y los proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación, conocidos como los Perte. Estos deberán ser aprobados por el Gobierno, y a ellos podrán optar las empresas privadas interesadas en cada una de las convocatorias, cuyos proyectos girarán en torno a la transición verde y digital, principalmente.

También recordó que no queda más remedio que estar en constante contacto con la Administración pública, ya que desde Bruselas los planes se han diseñado pensando únicamente en los países como interlocutores principales. En el caso español, el Gobierno, a finales de año, decidió prescindir de la conocida como ventanilla única, que iba a estar gestionada directamente por Moncloa, y dar más peso al Ministerio de Hacienda, que a su vez reconducirá los fondos a las distintas administraciones del país. Esto, en opinión de Socías, abre la puerta a una mayor agilidad en la relación público privada y una mayor disponibilidad de recursos para la inversión.

Efecto multiplicador

El directivo de la patronal reconoció también que en CEOE hay miedo de que los fondos europeos se destinen a gasto corriente en vez de a inversiones “con un efecto multiplicador en la economía”. Según los cálculos de la patronal, dirigiendo el dinero comunitario a una serie de sectores tractores, por cada euro público las empresas podrían generar otros cuatro en inversiones.

CEOE, que ya pidió a finales del año pasado gestionar dos tercios de los fondos, recordó los cálculos del Banco de España, que concluyen que si se destinasen, por ejemplo, 10.000 millones de euros a la financiación del gasto, el impacto sobre la recuperación apenas llegaría, en promedio, a una décima del PIB durante los próximos dos años. En cambio, la riqueza del país crecería en tres décimas en el mismo periodo en caso de destinar las transferencias a inversiones productivas.

Ayudas de Estado

El director de la oficina de proyectos europeos de CEOE explicó también que la patronal española está trabajando en un proyecto cuyo fin es informar a las empresas sobre el marco europeo de ayudas de estado, flexibilizado hasta fin de año, y su posible impacto en el tejido productivo. A su vez, “trabajamos para aportar ideas y propuestas que faciliten su adaptación al contexto económico actual, a nivel nacional con el Gobierno y a nivel europeo con Business Europe y la Comisión”. En este sentido, “estamos trabajando en un documento sobre esta materia y que va dirigido a cumplir con esos dos objetivos, en la línea de contribuir desde CEOE a maximizar el impacto de los fondos europeos en España y a ser útiles tanto al sector público como a las empresas”.

El marco europeo de ayudas de Estado, por el que los socios pueden socorrer con financiación y otras ayudas a compañías en riesgo cumpliendo una serie de requisitos, fue flexibilizado debido a la pandemia y a sus estragos en el sector empresarial comunitario. Tras diferentes prórrogas, seguirá vigente al menos hasta diciembre de 2021. En este sentido, “en atención al importante volumen de fondos que España va a recibir en el marco del plan europeo de recuperación, este punto es relevante por el impacto que puede tener para las empresas españolas”.