Escrivá niega que el debate de la ampliación del periodo de cálculo a 35 años exista o haya existido

El ministro insiste en que "el periodo de cálculo no es ni de lejos el elemento central de lo que estamos discutiendo"

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.EFE

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este miércoles que si se consigue que los 140.000 millones de euros a los que opta España se traduzcan en inversiones reales "será más que suficiente para contrarrestar el impacto de la pandemia y para generar crecimiento a largo plazo". Para eso, ha insistido en una jornada organizada por Deusto Business School y Deloitte, "es clave que el plan de recuperación vaya acompañado de reformas, dirigidas a aquellos cuellos de botella y disfuncionalidades que tenemos en España y que nos han impedido crecer en el pasado". Una de ellas es la de las pensiones, en la que Escrivá, en una entrevista anterior en Onda Cero recogida por Europa Press, ha asegurado que la ampliación del periodo de cálculo de 25 a 35 años es una medida que "ni ha existido ni va a existir".

"El periodo de cálculo no es ni de lejos el elemento central de lo que estamos discutiendo", ha señalado, a la vez que recalcaba que "se ha creado una narrativa artificial" en torno a este tema "a partir de una realidad que no existe".

En el diseño que el Gobierno ya ha enviado a la Comisión Europea, y que consta de 30 fichas que resumen los pilares del plan de recuperación en el que trabaja España, "están todas las reformas que necesitamos", ha dicho Escrivá en el encuentro organizado por la escuela de negocios y la consultora. La de las pensiones, en base al desarrollo del Pacto de Toledo, se impulsa "para hacer sostenible el sistema a medio y largo plazo y transmitir certidumbre, algo fundamental para los agentes económicos". También se quiere acelerar una batería de medidas para acercar la edad real de jubilación a la legal, entre otros puntos.

Pero más allá de las pensiones, ha opinado Escrivá, el "principal problema" con el que cuenta España "es la tasa de paro estructural que estimamos está en un 14%, la más alta de los países del entorno y con un nivel de precariedad y temporalidad enorme". Por eso, ha insistido, la reforma laboral es "crucial", y en ella se encuentran elementos muy importantes, como puede ser convertir a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en instrumentos permanentes a los que se recurra cuando haya caídas transitorias de demanda o necesidades de reestructuración por parte de las empresas.

El objetivo, ha remarcado el ministro, es que los empleadores, en vez de recurrir al despido, mantengan a los trabajadores en la empresa gracias a las exoneraciones a que el Estado se haga cargo de buena parte del salario. A su vez, en estas situaciones, el Estado podrá sufragar parte de la formación que necesitan los empleados para actualizarse a las necesidades del mercado laboral.

Escrivá también ha insistido en la necesidad de retocar las políticas activas de empleo, en las que España gasta unos 7.000 millones de euros al año pese a que "funcionan de forma imperfecta". También ha apuntado, entre otras, a la reforma de la Administración Pública para mejorar la interacción entre las diferentes administraciones y sus niveles.

El plan, "si no va a acompañado de estas reformas", se enfrentará a cuellos de botella y fricciones que no permitirán explotar los fondos en su totalidad. A su vez, ha insistido, todos estos requisitos que llegan por parte de Bruselas también suponen una oportunidad para mejorar la gobernanza y que las políticas públicas se desplieguen mejor que en el pasado. "Habrá un seguimiento estricto de los objetivos, de los hitos y de cómo se materializan".