Trabajo delega en los jueces dirimir la penalización por despedir en los seis meses siguientes a un ERTE

La CEOE interpreta que incumplir la cláusula de mantenimiento del empleo no implica la devolución íntegra de otdas las ayudas y el Gobierno asume que lo dirán los tribunales

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

El gran pulso en torno a la negociación de la prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo ha corrido en esta ocasión a costa de la llamada cláusula de salvaguarda del empleo, que impide a los empresarios beneficiados por estos esquemas realizar despidos durante los seis meses posteriores a la finalización del expediente so pena de tener que devolver las ayudas recibidas. Aunque la cláusula ha sido renovada intacta, la patronal ha comenzado a hacer una interpretación que beneficia a sus intereses y sobre la que el Gobierno parece dejar en manos de los tribunales decidir.

En este sentido, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiso “insistir en el tenor de la literalidad de cada uno de los preceptos” de esta cláusula, “que va exactamente igual” que en el acuerdo anterior y no se ha visto alterada durante la negociación.

“Donde hay papeles, callan barbas”, expuso, tirando de refranero, para sostener que el documento “prohíbe despedir”. Ahora bien, añadió, “el Gobierno no interpreta, lo hacen los funcionarios y los tribunales”, concluyó, dejando la puerta abierta a que sean los jueces quienes diriman el alcance de la protección laboral en los ERTE ligados al Covid.

La ministra respondía así cuestionada sobre la validez de las interpretaciones que ha comenzado a hacer la patronal, y que facilitó ayer la aprobación de la prórroga de los ERTE por parte de los órganos de gobierno de CEOE y Cepyme.

En concreto, según fuentes conocedoras de estas valoraciones, los empresarios aseguran que la cláusula de salvaguarda está regida por un principio de “proporcionalidad”. Este podría permitir que la devolución de las ayudas se ciña De esta forma, aunque la literalidad del texto podría invitar a pensar que el despido de un solo trabajador puede obligar a la compañía a devolver al Estado las cuotas cubiertas del conjunto de la plantilla sometida a ERTE, aunque esté compuesta por millares de empleados, en la patronal consideran que no será así.

Esa proporcionalidad, aducen, podría permitir que una firma con varios centros de trabajo solo tenga que devolver las ayudas correspondientes a aquel de ellos en el que tenga que realizar ajustes laborales, pues lo contario podría suponer un monto que acabaría poniendo en riesgo la permanencia de los empleados de otras sedes viables.

En el caso de una micropyme, matizan, la penalización podría aplicarse únicamente por cada empleado que salga. La premisa se enmarca en un contexto en el que, como ilustró un día antes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, “las empresas tienen ya un problema de solvencia, no de liquidez” y ciertos ajustes serán inevitables dada la duración de la pandemia.

Los sindicatos, por su parte, aducen que el acuerdo de los ERTE blindará el empleo. Hasta la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se opuso a que las ayudas por los ERTE acaben sufragando despidos. Sin embargo, como apuntó Díaz, llegado el caso quedará en manos de los tribunales aclararlo.

Normas
Entra en El País para participar