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Contante y Sonante
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

La tramitación de la prolongación de los ICO pasa de Papá Noel a los Reyes

Economía atiende una demanda de las empresas para que puedan reestructurar su deuda pese a haber recibido créditos con aval del Estado

Manuel Azuaga (Unicaja) y Manuel Menéndez (Liberbank)
 UNICAJA/LIBERBANK
 30/12/2020
Manuel Azuaga (Unicaja) y Manuel Menéndez (Liberbank) UNICAJA/LIBERBANK 30/12/2020UNICAJA/LIBERBANK

Ni el Banco de España las tenía todas consigo, ni los propios accionistas de Unicaja y Liberbank, pero al final se ha conseguido. El pasado martes, y al límite del cierre del año, los consejos de administración de ambas entidades firmaron su acuerdo de fusión, que dará lugar al quinto banco español. Ahora habrá que ver cómo se desarrolla el proceso de integración, que tiene como fecha para que el nuevo banco comience a operar finales de junio o primeros del tercer trimestre.

La gran incógnita ahora del sector es saber cómo se entenderán el presidente de Unicaja, Manuel Azuaga, que será también presidente ejecutivo durante dos años de la entidad resultante de la fusión, y Manuel Menéndez, consejero delegado de Liberbank, cargo que mantendrá en la nueva Unicaja.

Ambos directivos son viejos conocidos que llevan casi dos años y medio buscando la misma meta, crear un gran banco nacional con la fusión de Unicaja y Liberbank, pero también ambos directivos quieren mandar, y mucho. Los dos pretenden ser el primer ejecutivo de la nueva Unicaja, aunque, de momento, Menéndez, que ya es el número uno de Liberbank, ha decidido ceder.

Ha aceptado someter su cargo a votación en 2023, año en el que el CEO de la entidad se convertirá en el primer ejecutivo tras la pérdida de poderes del futuro presidente. Sin esta concesión es muy posible que este proyecto de fusión no se hubiera podido firmar.

Entre los colegas de ambos ejecutivos la pregunta que se hacían la pasada semana tras el acuerdo alcanzado por los respectivos consejos de administración era la misma, “¿cómo se llevarán ahora Los Manolos? Les une el nombre y ahora un fin común, seguro que al final la fusión será un éxito. Desde luego las dos entidades casan a la perfección. Es una combinación casi perfecta, es la mejor operación posible para crecer y reforzar ambas firmas”, coinciden dos analistas, que prefieren mantenerse en el anonimato.

El sector llama afablemente
al presidente
de Unicaja y al CEO de Liberbank, tras el proceso de fusión ‘Los Manolos’

Pero mientras esta fusión sigue sus pasos para crear en junio un solo banco, Sabadell estrena el año con un consejero delegado, César González-Bueno, un banquero con sobrada experiencia, y con destacado conocimiento internacional. Su bagaje en banca comercial es de sobra conocido. Fue el ejecutivo que puso en marcha en España ING, un banco que rompió moldes en el sector. Pero también fue un banquero muy criticado por todos sus colegas al poner en marcha un banco sin oficinas y con el reclamo de operar sin comisiones y pagando altos tipos de interés a los clientes.

Ahora, los tiempos han cambiado, e ING ha dejado de ser un banco sin comisiones, además, ha suspendido su estrategia de pagar a sus clientes altas remuneraciones por dejar sus depósitos en la entidad. El banco de origen holandés intentó abrirse también al negocio bancario con pymes, el gran valor de Sabadell, pero fracasó. Aunque puede que ese fracaso haya sido una lección para González-Bueno, habrá que esperar.

Lo que sí está claro es que el nombramiento de este directivo como futuro número uno del banco catalán ha sorprendido a todo el sector, precisamente por su trayectoria bancaria atípica en España por una parte, y por no ser catalán por otra. Hay que recordar que se ha convertido en el primer CEO del banco que no es de la comunidad autónoma origen del banco, y, que además, llegará en uno meses a ser el máximo responsable de la entidad tras perder sus funciones ejecutivas Josep Oliu.

Mientras que esto sucede en la banca, en las empresas crece el nerviosismo ante la incertidumbre sobre cómo tramitar las ampliaciones de los plazos de sus crédito con avales del ICO, o el periodo de carencia. El Gobierno aprobó el pasado 24 de noviembre extender el periodo para amortizar estos préstamos de cinco a ocho años, como el tiempo que la entidad permite a la empresa no pagar las letras mensuales del crédito bajo ciertas circunstancias justificable.

Varias empresas, sobre todo las de mayor tamaño, querían cerrar 2020 con su contabilidad reflejando la autorización de las ampliaciones de sus créditos ICO, pero no ha podido ser. La autorización de la Comisión Europea a estas extensiones (el Estado debe pedir luz verde a la CE al ser medidas especiales para paliar los daños económicos de la pandemia) llegó el 14 de diciembre, y desde entonces el ICO ha tenido que adaptar sus programas tecnológicos a estas nuevas medidas, esto unido a las fiestas navideñas han impedido que estas ampliaciones llegasen antes del cierre del ejercicio.

Pese a ello, tanto Economía como los bancos aseguran que no hay ningún tipo de problema, solo un retraso ajeno a ellos, y que no tendrá ningún efecto en las autorizaciones para que las sociedades puedan afrontar el periodo de pago de estos créditos, ni sobre su contabilidad. “Habrá tiempo para resolver todas las solicitudes”, señalan fuentes de Economía y de la banca. Parece que tras los Reyes Magos todo estará rodando sin problemas, señalan otras fuentes financieras.

Lo que sí ha quedado resuelto es uno de los escollos técnicos que también afectaba a algunas empresas, y que ni la banca ni el propio ICO han tenido inconveniente en resolver tras oír las quejas de las compañías. Al firmar un préstamo ICO se incluía en el contrato una cláusula a la que no se le había dado mucha trascendencia, pero que al final había afectado a un grupo destacado de empresas. Y es que por culpa de este anexo las compañías adjudicatarias de un crédito con aval público no podían reestructurar otros préstamos tras haber obtenido financiación con garantía del Estado.

Ahora ese veto se ha suspendido, por lo que las empresas podrán reestructurar su financiación siempre que no sea un crédito ICO.

Otra cuestión es la reestructuración de los créditos ICO, sus posibles titulizaciones y quitas que se podrán hacer en un futuro si los negocios van a la deriva por la prolongación de la crisis del coronavirus. Todo eso que banca, empresas y Gobierno llevan negociando meses se ha aparcado para después de Reyes.

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