‘Fiscofilia’ en España: errores y contradicciones

El esfuerzo fiscal de los españoles es similar al de los franceses y bastante superior al de los alemanes, aunque la presión fiscal sea menor

La amenaza que representaba el llamado socialismo real imperante al otro lado de la puerta de Oriente provocó el tsunami socialdemócrata que inundó Europa occidental tras la Segunda Guerra Mundial. Se inició así un fuerte crecimiento en la provisión de bienes y servicios por parte del Estado que requirió una potente fuente de alimentación financiera. Inevitablemente, la batería utilizada fue el sucesivo aumento de la exigencia impositiva a los contribuyentes.

Ahí radica el origen de la fiscofilia o adicción que aspira a solucionar todos los problemas colectivos, y a labrar un happysmo compartido sobre la base de hacer al Estado cada vez más poderoso a costa de la creciente apropiación de los recursos generados por sus ciudadanos.

Como toda acción provoca su reacción, la fiscofilia genera la aparición de la fiscofobia, o aversión al peso excesivo de los impuestos.

Adicción contra aversión, fiscofílicos y fiscofóbicos consumimos horas y horas en un debate inconcluso que, evidentemente, no tiene final. No lo tiene, pues una y otra posición responden básicamente a los postulados ideológicos de cada cual.

Expuesto lo anterior, es indudable que aquí y ahora por mor de los proyectos y decisiones de nuestro Gobierno de coalición, el reseñado debate ofrece una especial intensidad. Desde la fiscofobia militante, me propongo compartir con el lector varias reflexiones.

Con frecuencia escuchamos como desde las filas de la fiscofilia se justifican las subidas de impuestos, ya decretadas o aún solo proyectadas, esgrimiendo la menor presión fiscal existente en España respecto de la que existe en varios países de nuestro entorno. De entrada, conviene remarcar una obviedad: nada obliga a nadie a emular los errores de otros. Por ello, no deja de resultar curioso que se defina el nivel de presión fiscal que se quiere alcanzar en función del existente en otras latitudes.

En todo caso, y aceptando solo a modo de hipótesis el criterio comparativo que parece iluminar a nuestros fiscofílicos, bueno será que las comparaciones que se realicen resulten más adecuadas técnicamente.

En el sentido indicado, siendo cierto que la presión fiscal de España (35,2% en 2.019) es menor que la de Alemania o Francia (41,5% y 47,2% respectivamente), también lo es que la renta media de los españoles (26.120 euros en 2019) es a su vez inferior a la de los alemanes o franceses (40.680 y 35.610 en cada caso).

Quiere decir lo anterior que el nivel relativo de exigencia del sistema fiscal que sufrimos los españoles es superior al sufrido por alemanes y franceses. En efecto, hace tiempo que los hacendistas utilizamos el esfuerzo fiscal como medida óptima del sacrificio real que supone el pago de impuestos. Esfuerzo fiscal que se cuantifica por la relación entre la presión fiscal y la renta per cápita presentes en cada país. Pues bien, con los datos antes reseñados, resulta que el esfuerzo fiscal exigido a los españoles (110,3) es ligeramente mayor que el sufrido por los franceses (108,5) y considerablemente superior al soportado por los alemanes (83,5).

Siendo así, sucede que frente a lo recurrentemente preconizado, si de verdad se desea emular en España la situación fiscal real de Francia habría que congelar los impuestos que sufrimos los españoles. Por su parte, si se pretende igualar nuestro sacrificio fiscal con el que sufren los alemanes, procedería reducir significativamente los impuestos que pagamos en España. Justo lo contrario de lo defendido desde las filas de nuestra fiscofilia.

Adicionalmente, si profundizamos en la cuestión analizada, apreciaremos que en la postura que mantienen nuestros fiscofílicos convive una flagrante contradicción. Vamos a explicarla.

Para hacerlo, es preciso empezar recordando tres cuestiones. Primera, por exigencia constitucional nuestro sistema tributario ha de ser progresivo. Segunda, la progresividad fiscal requiere que la proporción entre la capacidad de pago de un contribuyente y el importe de impuestos que paga sea mayor cuanto mayor sea aquella. Tercera, así entendida, nuestro principal instrumento de progresividad fiscal es el IRPF (tributo progresivo por antonomasia), cuya cuota tributaria se determina mediante una tarifa que incorpora tipos de gravamen cada vez altos para los sucesivos tramos que conforman la renta del contribuyente.

Así, por aplicación de la citada tarifa, un contribuyente español cuya renta sea de 26.120 euros ha de pagar en el IRPF 6.020 euros, lo que supone un 23% de aquella. Por su parte, al que obtenga una renta de 40.680 euros se le exigen 10.788, lo que supone un 26,5%. La progresividad es patente. Considerados dos contribuyentes españoles cuyas respectivas rentas sean 40.680 y 26.120 euros, la exigencia impositiva que ha de afrontar el que obtiene mayores ingresos resulta proporcionalmente superior al que dispone de un nivel de renta menor (26,5% frente a 23%).

Pues bien, la pretendida igualación de nuestra presión fiscal con la que existe en Alemania obraría en patente contradicción con lo anterior, pues supondría que la proporción entre los impuestos pagados y la renta disponible fuera la misma para un grupo de contribuyentes cuya renta media es 26.120 euros (los españoles) y para otro cuya renta per cápita es 40.680 euros (los alemanes).

En consecuencia, la contradicción resulta flagrante. Lo que propugnan nuestros fiscofílicos es mantener la progresividad entre los contribuyentes españoles, y alcanzar la proporcionalidad entre españoles y alemanes. Dos opciones antagónicas entre sí y éticamente incompatibles.

Ignacio Ruiz-Jarabo es economista