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El Gobierno aprueba el protocolo de absorción de las ayudas europeas

El Estado adelantará el 50% de los fondos antes del inicio de la ejecución de cada proyecto y potenciará los consorcios público-privados

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.Europa Press
Juande Portillo

El Gobierno ha querido dejar atado el protocolo de aprovechamiento de las ayudas europeas en camino antes de que concluya el año y en paralelo a la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 que servirán para canalizarlas y que el Senado ratificará hoy definitivamente.

La aprobación de las cuentas públicas supone que estarán vigentes desde el 1 de enero, momento desde el cuál el Estado podrá comenzar anticipar, vía deuda, los 27.000 millones de euros en ayudas europeas que se aspiran a ingresar en 2021 de los 72.000 millones en subvenciones prometidas a tres años.

Ante este hito, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el “Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, cuyo borrador fue avanzado por este diario.

El Consejo de Ministros de este martes ha tenido la particularidad de haber sido presidido por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, dado que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se encuentra en cuarentena preventiva -pese a haber dado negativo por Covid- tras su encuentro con el presidente francés, Emmanuel Macron, que se ha contagiado del coronavirus.

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“Estamos preparando nuestro país para, entre los años 2021 y 2026, recibir los fondos que mediante préstamos o transferencias vamos a utilizar para modernizar España”, así como para “generar empleo”, o digitalizar la economía y superar la crisis del Covid-19, ha defendido Calvo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Calvo ha destacado que el decreto contiene medidas que van “engarzadas” a los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y que pasan por potenciar la colaboración público privada, agilizar los trámites administrativos o mejorar la eficiencia de la administración pública y de los funcionarios.

Los detalles del plan

El plan aprobado supone, entre otras cosas, que el Gobierno anticipará el 50% de los fondos asociados a cada uno de los proyectos a financiar con los recursos comunitarios antes del inicio de su ejecución.

El marco supone la creación de una “ventanilla única” online, gestionada desde La Moncloa, que facilitará la presentación de proyectos y la resolución de dudas tanto a las distintas administraciones públicas como a las empresas privadas interesadas en participar en el plan de reconstrucción.

Las solicitudes deberán ser resueltas en el plazo máximo de cinco días hábiles y, de no cumplirse, la Intervención General de la Administración del Estado adoptará las medidas precisas para garantizarlo.

Además, aunque el borrador causó cierta controversia interna en el seno del Gobierno de coalición porque dejaba fuera del órgano decisorio a todos los ministros de Unidas Podemos, excepto a la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, la norma final ha incorporado el cambio anunciado entonces para que sea todo el Consejo de Ministros el que gestione el plan.

En todo caso, será Manuel de la Rocha, director de la Oficina de Asuntos Económicos, quien dirigirá el día a día de este proyecto, del que su departamento informará directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por su parte, el Ministerio de Hacienda será el responsable de coordinar al conjunto de las administraciones públicas.

Para sacar el máximo partido posible a las ayudas, el Ejecutivo incentivará la creación de agrupaciones y consorcios público-privados para el desarrollo conjunto de los proyectos, así como los denominados Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, los denominados “Perte”.

El texto agiliza y simplifica la resolución de licitaciones públicas, introduce el pago de complemento salariales a los funcionarios que gestionen los proyectos en función del cumplimiento de objetivos y contempla la posibilidad de contratar a personal laboral específico de ser necesario para impulsar el plan de recuperación.

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