El Gobierno prevé incluir en la ley antidesahucios la prohibición del corte de suministros básicos

Montero confirma que el ministerio de Transición Energética prepara una disposición de garantía para incluir en el próximo decreto ley

Manifestación contra la pobreza energética, en una imagen de archivo.
Manifestación contra la pobreza energética, en una imagen de archivo. GETTY

El Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos prevé aprobar "próximamente" una ley que prohíba el corte de suministros básicos como la luz, el agua o el gas a familias vulnerables, tal y como ha confirmado este martes la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros.

Según ha recalcado Montero, se pretende añadir una disposición de garantía adicional en alguna de las leyes "que se aprobarán próximamente" o, directamente, sacar adelante un real decreto ley propio. Fuentes del Ejecutivo señalan que lo más probable es que esta disposición se incluya en la próxima norma antidesahucios, que se ha ido posponiendo con el paso de las semanas pero que se prevé aprobar antes de que termine el año, cuando finaliza la moratoria actual que únicamente da cobertura a las familias vulnerables a raíz del Covid-19.

Esta disposición garantizará "que ningún consumidor vulnerable tendrá un problema con el corte de suministros", ha señalado Montero, que ha confirmado que estas familias vulnerables tendrán que ser reconocidas por los Servicios Sociales de cada comunidad autónoma. En este grupo se incluirán también a "aquellas personas que no sean beneficiarias del bono social".

La prohibición del corte de suministros básicos ha venido enfrentando a los dos socios de Gobierno en las últimas semanas. Según fuentes cercanas a las negociaciones, la formación morada estaría dispuesta a aceptar una suerte de compensación a los grandes propietarios que no puedan desahuciar a cambio de la prohibición de cortar estos suministros.

El decreto antidesahucios, anunciado a comienzos de mes por el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, se ha ido retrasando debido a la complejidad jurídica del texto, explican desde el Gobierno. La razón, esgrimen, es la necesidad de blindarse para evitar cualquier demanda por responsabilidad patrimonial contra el Estado por parte de los grandes tenedores de vivienda (10 o más inmuebles), que previsiblemente no podrán desahuciar hasta el 9 de mayo, cuando termina el estado de alarma. El paraguas del nuevo decreto se extenderá a las familias cuya vulnerabilidad precede a la crisis sanitaria.

El ala del PSOE del Gobierno estudió posibles compensaciones económicas para solventar las posibles denuncias por parte de los grandes propietarios, un extremo que ayer negó el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, alegando que lo único que se estudia son fórmulas para sortear las demandas. La parte de Unidas Podemos, por su parte, se niega a aceptar que estas compensaciones recaigan sobre el presupuesto público, y piden que el Ejecutivo se centre en las familias vulnerables, y no en los grandes propietarios.

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