El Brexit duro amenaza con dejar sin licencia a los abogados españoles en Londres

Londres y Bruselas no han acordado aún un régimen transitorio para los letrados europeos

Un activista proeuropeo se manifiesta frente al centro de convenciones donde se están llevando a cabo las negociaciones sobre el Brexit, en Londres.
Un activista proeuropeo se manifiesta frente al centro de convenciones donde se están llevando a cabo las negociaciones sobre el Brexit, en Londres. Getty Images.

Falta poco más de un mes para que se haga efectiva la salida del Reino Unido de todas las instituciones europeas, tras el fin del periodo de transición. El Brexit empezará a ser una realidad a partir del 31 de diciembre de 2020 y, a estas alturas, no está claro si finalmente Londres y Bruselas llegarán a tiempo para sellar un acuerdo comercial que logre paliar los efectos del divorcio en los diferentes sectores económicos, incluido el legal. El desenlace de las negociaciones será determinante para definir la situación en la que quedarán los letrados españoles que operan en territorio británico.

Actualmente, tres directivas europeas permiten a cualquier abogado titulado en un Estado miembro de la UE ejercer y establecer su negocio de manera permanente al otro lado del Canal de la Mancha. El interesado solo necesita registrarse en la Law Society (el regulador británico de actividades jurídicas) para obtener una licencia de letrado europeo con la que se puede asesorar sobre todo tipo de asuntos y litigar ante los tribunales de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, salvo ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, a partir de enero, esta normativa dejará de aplicarse automáticamente.

Distintos escenarios

Según la abogada internacional Miriam González, todavía hay margen para que las partes articulen algún tipo de régimen transitorio, “aunque está claro que las cosas no serán como hasta ahora y todos los abogados que operan en el Reino Unido tendrán que adaptarse a un marco legal que se irá distanciando poco a poco del europeo”.

León Fernando del Canto, barrister en Londres desde hace 20 años, duda de que las negociaciones del Brexit salgan adelante y mucho más que incluyan una moratoria relativa a la vigente libertad profesional. Desde su punto de vista, lo más probable es que, con la entrada del año nuevo, los letrados españoles queden al mismo nivel que los provenientes del resto de terceros países. “Aunque nadie los va a echar a patadas, deberán habilitarse bajo alguna de las fórmulas previstas por la legislación británica si quieren seguir trabajando”, remarca.

En el peor escenario posible, los interesados tendrían que empezar de cero y dispondrían básicamente de tres opciones. La primera sería registrarse como abogado extranjero (Registered Foreign Lawyer), una categoría que limita el ejercicio exclusivamente al asesoramiento sobre la ley del país de origen.

Asimismo, podrían realizar un curso puente de un año de duración, en el que se estudian las materias básicas del derecho inglés, y pasar un examen para ser abogado litigante (barrister) o no litigante (solicitor). Por último, cabría la posibilidad de trabajar en una firma bajo la supervisión de otro abogado con licencia (paralegal).

Impacto limitado

González estima que el impacto que tendría una ruptura no consensuada sería más bien limitado entre los juristas españoles residentes en Gran Bretaña, teniendo en cuenta que “la gran mayoría trabaja en grandes bufetes de la City londinense y no están realmente ejerciendo en los tribunales, sino más bien ofreciendo servicios comerciales”. Es decir, que “son muy pocos los que se verían forzados a colegiarse como solicitors o barristers”.

Un punto de vista que comparte Del Canto, quien confirma que hay poco más de 50 españoles que se dedican hoy por hoy al derecho inglés en Londres y la práctica totalidad ya ha tomado medidas para seguir operando tras el Brexit. Ahora bien, advierte de que el regulador británico “es muy estricto” y llevará a cabo controles para comprobar que “ningún trabajador extranjero se extralimita de sus funciones”. En este sentido, explica,  ya no será posible compartir expedientes con otros compañeros de la UE ni trabajar para despachos con sede social en un país del bloque comunitario. Además, será obligatorio suscribir un seguro de responsabilidad civil para cubrir las eventuales compensaciones por mala praxis.

Asistencias puntuales

Los expertos consultados también coinciden al señalar que, al margen de que haya o no acuerdo comercial in extremis, van a incrementarse los requisitos burocráticos para aquellos abogados que viajen al Reino Unido de manera puntual. En concreto, habrán de solicitar un visado especial, poner en conocimiento de las autoridades el motivo de su visita, y pasar por la aduana a fin de abonar los impuestos correspondientes. “Desde luego, ya no será tan fácil hacer negocios aquí”, sentencia Del Canto.

10.000 puestos de trabajo en juego

  • Impacto. El Colegio de Abogados del Reino Unido (Law Society) calcula, en un reciente informe, que un Brexit sin acuerdo reduciría los ingresos del sector jurídico británico en 3.500 millones de libras (10% respecto a 2019) y pondría en riesgo 10.000 puestos de trabajo directos.
  • Volumen de negocio. El Reino Unido es el mayor exportador de servicios jurídicos de Europa. Según la Oficina Nacional de Estadística, el sector contribuyó con 27.900 millones de libras a la economía británica el año pasado, lo que equivale al 1,4% del producto interior bruto (PIB).
  • Vulnerabilidad. El estudio de Law Society apunta que los bufetes especializados en asuntos de tecnología y propiedad intelectual son especialmente vulnerables a un Brexit sin acuerdo, ya que las marcas registradas británicas ya no serían reconocidas como tales en la UE después del divorcio.
  • El portazo de Irlanda. Miles de abogados británicos se han registrado en Irlanda para proteger sus derechos de ejercicio en la UE. En concreto, según la revista Law Society Gazette, los letrados de Inglaterra y Gales re­presentan ya cerca del 14% del total de inscritos en el colegio de abogados irlandés. Sin embargo, la institución aclaró a finales de octubre que solo otorgará licencia a aquellos profesionales que tengan su sede principal en la república.
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