Unos Presupuestos construidos sin tener en cuenta la evolución de la crisis

Es imprescindible diseñar las cuentas públicas sobre una radiografía lo más realista posible de la situación que vive el país

El Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, señaló ayer durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para analizar los Presupuestos de 2021 lo que probablemente constituye el defecto más evidente del proyecto de ley del Gobierno: la falta de realismo respecto al impacto que tendrá la crisis del Covid-19 sobre los ingresos y los gastos del Estado. Cos, que criticó con dureza medidas como la subida de impuestos o la decisión de elevar las pensiones y los sueldos públicos, reconoció que las cuentas son “factibles”, pero demasiado optimistas en cuanto a aspectos esenciales, como la factura de la pandemia en la economía, el gasto público y la recaudación, o el efecto positivo de las subvenciones europeas.

Como el gobernador se encargó de recordar en su comparecencia, los Presupuestos de 2021 ofrecen una característica que los diferencia de las cuentas públicas de cualquier otro ejercicio: el hecho de que, junto a la función tradicional de distribución de renta, tienen como objetivo prioritario auxiliar a las empresas y a los ciudadanos con el fin de protegerlos de la crudeza de la crisis e impulsar la recuperación económica del país. Para que ese propósito se lleve a cabo de forma efectiva es imprescindible construir los Presupuestos sobre una radiografía lo más realista posible de la situación que vive el país. Ello supone asumir que aunque las constantes vitales de la actividad comiencen a recuperarse tras el hundimiento producido durante el primer semestre del año, se trata de un repunte frágil y desigual que no puede confundirse o tratar de interpretarse como una sólida vuelta a la normalidad. Indicadores como el de la afiliación a la Seguridad Social, conocido ayer, muestran un horizonte que dista de estar despejado. Pese a que en octubre se ha recuperado casi la mitad del empleo destruido en el peor momento de la crisis, se trata mayoritariamente de contratos de carácter temporal y ligados a la respuesta a la pandemia, es decir, al sector de la educación, la Administración pública y la defensa, no a sectores productivos.

Las previsiones macroeconómicas apuntan a que el PIB de 2021 se situará todavía por debajo del de 2019 y que la economía cerrará 2020 con una caída acumulada de más del 9%, la más alta de la UE. A ello hay que unir el azote de la segunda ola de la pandemia y de las nuevas restricciones para contenerla. Construir unas cuentas sobre una estimación del desempeño económico desfasada por la evolución de los acontecimientos no parece serio, razonable ni eficiente, por más que la suspensión de las exigencias de consolidación fiscal proporcionen manga ancha para errar y enmendar.