Bruselas da dos meses a España para evitar la elusión fiscal empresarial antes de llevarla al TJUE

El Gobierno ha incluido en el proyecto de ley antifraude el cumplimiento de una directiva que debía tener adoptada antes del cierre de 2019

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. AFP

La Comisión Europea ha enviado este viernes un dictamen motivado en el que insta a España a actualizar la legislación nacional e incluir en ella la directiva contra la elusión fiscal relativa a las asimetrías híbridas, con el fin de impedir que las grandes empresas exploten las diferencias existentes en la legislación tributaria de dos países de la Unión Europea (UE) para evadir impuestos. De no hacerlo antes de que acabe el año, Bruselas llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Esta directiva también incluye medidas para garantizar que los beneficios obtenidos en activos como la propiedad intelectual que salgan del territorio de un Estado miembro pasen a ser imponibles en ese Estado, así como mecanismos para contrarrestar las asimetrías invertidas o las relacionadas con la residencia fiscal.

Bruselas recuerda a España que ya han pasado 10 meses desde que se debería haber transpuesto esta directiva, antes del pasado 31 de diciembre de 2019. El Ejecutivo comunitario, no obstante, ofrece otros dos meses de prórroga: "Si España no actúa en los próximos dos meses, la Comisión puede llevar el caso al Tribunal de Justicia y pedirle que imponga sanciones" por no haber transpuesto la normativa a su legislación nacional en el momento oportuno.

En realidad, el Gobierno ya tiene en marcha el cumplimiento de las exigencias de Bruselas mediante el Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que incluye la transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, y el que se incluye también una modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.

El texto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 13 de octubre y está ya en manos del Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. La norma incluye otra importante batería de medidas, como la rebaja de 2.500 a 1.000 euros en el límite de pagos en efectivo entre profesionales, la ampliación de la lista de morosos y de paraísos fiscales, la lucha contra el fraude en las criptodivisas o el control de software que facilita la contabilidad B.

El proyecto busca elevar la recaudación fiscal en 828 millones de euros y forma parte de la reforma tributaria que el Ejecutivo ha planteado para 2021 junto con al creación de las tasas Tobin y Google, y la batería de subidas fiscales incluidas en el Presupuesto.

De hecho, el Gobierno ya trató de aprobar esta misma norma el año pasado, lo que le hubiera permitido adoptar la directiva en tiempo y forma, si bien la convocatoria anticipada de elecciones el 28 de abril una vez que el Congreso tumbó el plan presupuestario del Ejecutivo anuló la tramitación de la norma.

En el nuevo texto, el Ejecutivo recuerda que la trasposición de la directiva incluye “el establecimiento de una norma general anti abuso, un nuevo régimen de trasparencia fiscal internacional, el tratamiento de las denominadas asimetrías híbridas, la limitación de la deducibilidad de intereses y la regulación de la llamada imposición de salida”. “Sin embargo, no todos estos aspectos han de ser objeto de inmediata transposición, ya que se regulan diferentes plazos para la misma”, matiza. En el caso concreto del “régimen de asimetrías híbridas” se ofrece “un doble plazo de transposición, según la materia concreta, 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2021, lo que, unido a su complejidad, aconseja abordar aquella en un momento posterior”, detalla, dejando parte del desarrollo a una norma posterior.

La normativa comunitaria

El objetivo de la directiva europea, señala la Comisión en un comunicado publicado este viernes, "es garantizar que las empresas multinacionales no puedan reducir artificialmente su obligación de pagar el impuesto de sociedades aprovechando las diferencias" entre los sistemas fiscales de los Estados miembros y los de países extracomunitarios. Son, recuerda Bruselas, "los denominados desfases híbridos".

La norma establece, por ejemplo, que cuando una asimetría híbrida dé lugar a una doble deducción, esta se denegará en el Estado miembro que sea la jurisdicción del inversor. En caso contrario, esta rebaja se rechazará en el Estado miembro que sea la jurisdicción del ordenante. A su vez, cuando esta situación abra la puerta a deducciones sin inclusión de intereses de demora, la la deducción también se denegará en primera instancia en el Estado miembro que sea la jurisdicción del ordenante. Si esto no sucede, el importe del pago que de otro modo daría lugar a una asimetría en resultados se incluirá en concepto de renta en el Estado miembro que sea la jurisdicción del ordenante.

Las normas comunitarias contra la elusión fiscal, adoptadas en 2016 y modificadas posteriormente, nacieron con el objetivo de impulsar los esfuerzos a escala mundial para actuar contra la ingeniería fiscal abusiva de las grandes multinacionales. Los dictámenes motivados son, por su parte, una herramienta muy común utilizada por el Ejecutivo comunitario para presionar a los socios.

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