El falso dilema de los fondos públicos: control frente a gestión

En este escenario, la existencia de algunos pagos impropios es inevitable, pero se debe aprovechar el desafío para actualizar los modelos de supervisión

Estamos atravesando una de las crisis económicas y sanitarias de mayor relevancia e impacto que se recuerdan. En consecuencia, el nivel de respuesta de los gobiernos tampoco tiene precedentes, especialmente en cuanto al importe de los fondos que se están destinando a paliar los efectos de la pandemia.

Estos programas públicos de ayuda masiva se caracterizan por ser extremadamente rápidos, en la medida en que es urgente que la prestación llegue lo antes posible allí donde más se necesita; enormemente complejos, con la participación de distintas entidades públicas en diferentes niveles de la Administración Pública y con una amplia variedad de receptores (ciudadanos, familias, autónomos y empresas, entre otros) así como de modalidades de ayuda; y, en algunos casos, relativamente novedosos, sin la existencia previa de procesos definidos ni controles establecidos.

Ante ello, los gestores públicos se enfrentan a numerosas dificultades, como la gestión en un corto espacio de tiempo de miles de peticiones de ayuda que superan las capacidades actuales, la falta de experiencia previa y de procedimientos efectivos ya testados o el alto coste en recursos que supone un modelo de primero pagar y luego controlar (pay-and-chase). Se les está requiriendo que gestionen todas las solicitudes que les llegan y que abonen el dinero público lo antes posible, pero también que se minimicen los errores.

Esta situación pone de manifiesto un claro desafío en relación al uso íntegro de los fondos públicos, de manera que exista un alto nivel de seguridad para que los fondos lleguen a los receptores adecuados y que, de la misma manera, consigan de forma efectiva los resultados para los que fueron diseñados.

En aquellos países que más han priorizado la velocidad de llegada de la ayuda se está detectando la existencia de fraudes, con importes elevados, asociados al pago de ayudas a receptores que no cumplían las condiciones, al pago por duplicado de ayudas a los mismos receptores o al pago de importes erróneos.

Ante esta problemática, asistimos a un debate sobre qué grado de control de los fondos debe existir para no obstaculizar que estos lleguen rápidamente a los destinatarios. En este punto nace el falso dilema entre controlar los fondos o, bien, asegurar su efecto entre los más necesitados, como si ambos factores no fueran deseables y compatibles al mismo tiempo.

En este sentido, existe una oportunidad de actualizar los modelos de control de fondos públicos, adaptándolos a aquellas mejores prácticas existentes que no supongan paralizar o frenar significativamente la celeridad en su distribución y que permitan en el corto plazo establecer medidas encaminadas a cumplir con el principio de buena gestión financiera, exigido por la Unión Europea a todos los agentes que intervienen en la distribución y gestión de fondos europeos, incluyendo aquellos destinados a financiar el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia.

Entre las mejores prácticas, es importante realizar evaluaciones previas de riesgos de incorrección, incluyendo los riesgos de fraude, minimizando su impacto negativo tanto reputacional como operativo. Es fundamental que, ante unos recursos limitados para el control, estos se dediquen de forma directamente proporcional a la probabilidad de error. Donde exista más riesgo, dediquemos más recursos. Para ello, se puede acudir a la monitorización de redes sociales y a la identificación de identidades falsas o a la detección de patrones inusuales en los pagos realizados a los receptores.

Además, es aconsejable el uso de las técnicas de auditoría de datos (audit analytics), que permiten analizar y relacionar elevados volúmenes de datos de distintas fuentes, establecer correlaciones que pongan de manifiesto registros residuales y visualizar los resultados de manera interactiva, por ejemplo, por zonas geográficas. Es preciso indicar que estas técnicas, sin la aplicación del juicio humano cualificado sobre un profundo conocimiento de las bases de concesión de la ayuda y cuáles son las áreas grises en su ejecución, no producirán los resultados deseados.

También es positivo aplicar las técnicas aceptadas de incentivación del comportamiento, de forma que se fomente una correcta declaración de los datos por parte de los beneficiarios. Aunque estas técnicas pueden parecer ingenuas en cuanto a su capacidad de conseguir resultados, distintos análisis muestran su efectividad y su bajo coste en la medida en que se llevan a cabo de forma digital a través de correos electrónicos, mensajes instantáneos o chatbots.

Por último, la implementación de aplicaciones informáticas de gobierno, riesgos y cumplimiento (GRC), específicamente adaptadas a la gestión de ayudas públicas, permitirá automatizar la coordinación de los esfuerzos en función de los riesgos identificados, dotar de mayor eficiencia a la ejecución de las actividades de control mediante una asignación clara de responsabilidades que evite duplicidades y, finalmente, definir distintas estrategias de control en función de las características específicas de cada programa de ayuda.

El reto del control de los fondos destinados a paliar los efectos de la crisis de la Covid-19 es, sin duda, formidable. La existencia de algunos pagos impropios es inevitable en este escenario y más con la celeridad que se están desplegando los programas de ayuda. Se debe aprovechar este desafío para mejorar y modernizar de manera estructural los actuales modelos de control de ayudas. Después de todo, cada euro gastado de manera impropia es una oportunidad perdida, mientras que cada euro gastado correctamente puede añadir valor y salvar vidas.

Enrique Egea es Socio responsable de Risk Advisory en Sector Público de Deloitte