El Gobierno anuncia a Bruselas un alza fiscal de 7.000 millones en 2021

Hacienda cuenta con ingresar más de 1.800 millones con las tasas Google y Tobin en 2021, elevará el IVA de las bebidas azucaradas al 21% y gravará los plásticos

La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero. Europa Press

El Gobierno ha remitido este jueves a Bruselas su plan presupuestario para 2021. Pese a que aún ultima el borrador de las cuentas públicas que deberá negociar con la oposición para obtener el aval parlamentario, el Ejecutivo anticipa a la Comisión Europea algunas de las líneas maestras de su estrategia, que incluye un alza fiscal de casi 7.000 millones de euros y un incremento del gasto público de 2.500 millones sobre el ya abultado desembolso realizado en 2020 como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

El plan del Gobierno se sustenta en una inédita ampliación del techo de gasto, del 53,7%, hasta los 196.097 millones de euros, una vez incorporados los 27.436 millones de euros que aspira a ingresar de las ayudas comunitarias (y que adelantará a partir de enero vía deuda), y el abono de transferencias excepcionales por 13.486 millones para las regiones (10.000 a cuenta del fondo europeo React) y de otros 18.396 millones para la Seguridad Social.

Una potencia de fuego histórica que se nutrirá también de la mayor recaudación tributaria prevista. El documento elaborado por el Ministerio de Hacienda prevé que los ingresos sobre PIB pasen del 41,7% de 2020 al 40,3% en 2021, dada la fuerte subida del tamaño de la economía que se espera gracias a la recuperación, si bien en términos cuantitativos se prevé captar 33.447 millones más que este año. El grueso del incremento de la recaudación se explica por esa reactivación económica, mientras que el Gobierno estima que ingresará 6.847 millones de euros adicionales en 2021, y 2.323 en 2022, con nuevos impuestos. Estos incluyen las nuevas tasas Google (sobre los negocios digitales) y Tobin (sobre la compra de acciones), que entrarán en vigor en enero, y con las que aspira a recaudar, 968 y 850 millones de euros anuales, respectivamente. También recoge la recientemente impulsada ley de medidas antifraude con la que el Ejecutivo aspira a obtener otros 828 millones elevando el control de las criptodivisas, rebajando de 2.500 a 1.000 euros el límite de pago en efectivo entre profesionales o mejorando la lucha contra la contabilidad en B y la elusión fiscal

Como novedades, el plan remitido a Bruselas recoge también un incremento del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas, que pasarán de un tipo del 10% al 21%, para “favorecer hábitos más saludables”. Finalmente, el paquete fiscal incorpora medidas de corte medioambiental como el impuesto sobre los envases de plástico que el Ejecutivo planea tener en vigor en 2021.

El plan remitido a la UE no recoge alzas en el IRPF, el IVA de la sanidad o la educación privada o la revisión de la fiscalidad de los planes de pensiones privados que los socios del Gobierno de coalición vienen discutiendo en las últimas semanas, si bien el resultado de ese debate y la negociación con el resto de fuerzas parlamentarias podrían hacer que algunas de las medidas acaben apareciendo en el proyecto de Presupuestos que llegue al Congreso de los Diputados.

Del lado del gasto, el plan prevé una rebaja del ratio sobre PIB del 53% al que se ha disparado en 2020 al 48%, de nuevo por el aumento de tamaño de la economía, si bien en términos absolutos supondrá un desembolso adicional de 2.419 millones. Además de la factura sanitaria y social que seguirá dejando el Covid, el Gobierno prevé ya un año completo de abono del ingreso mínimo vital, el incremento a 16 semanas del permiso de paternidad o una revalorización de las pensiones con el IPC.

La estrategia

España se presenta ante la UE con esta hoja de ruta, y con el paquete de inversiones y reformas que conforma el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, aspirando a captar unos 72.000 millones en subvenciones comunitarias en tres años. Además, estudiará qué parte de los otros casi 70.000 millones en créditos prometidos reclama a partir de 2023. Sin embargo, aunque el plan presupuestario apunta las medidas a corto plazo que aspira a impulsar, el Ejecutivo ha preferido no remitir todavía a Bruselas el programa detallado de inversiones que se dispone a poner en marcha con los fondos comunitarios y que puede enviar hasta el próximo 30 de abril.

Con esta batería de medidas, el Ejecutivo busca enfrentar la debacle económica que deja la pandemia del coronavirus y que su nuevo cuadro macro cifra, para 2020, en una caída del PIB del 11,2%; un alza del déficit hasta el 11,3%; un aumento de la deuda hasta el 118%; y un incremento del paro hasta el 16,9%.

Sus cálculos apuntan a que la recuperación, parcial, se iniciará en 2021, con un avance inercial del PIB del 7,2% que aspira a elevar al 9,8% con la ejecución del Plan de Recuperación, con el que contendría el déficit hasta el 7,7%. “Esta reducción se produce en gran medida por la recuperación de los ingresos gracias a la mejor evolución del ciclo económico –con la estimación de un fuerte repunte del PIB– y a las medidas tributarias relacionadas con una fiscalidad más justa y progresiva, adaptada a las nuevas áreas de negocio y a los impuestos medioambientales”, aduce Hacienda.

El plan de recuperación

Siguiendo estos pasos, el Ejecutivo aspira a crear 800.000 empleos en tres años (200.000 en 2021 y 300.000 en cada uno de los ejercicios siguientes), invirtiendo el 37% de los 72.000 millones europeos en proyectos ligados a transición medioambiental y otro 33% en transformación digital.

Por partidas concretas, el plan recoge la inversión de un 16% en proyectos de la agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura; un 12,2% en infraestructuras y ecosistemas resilientes; un 8,9% en transición energética justa e inclusiva; un 5% en modernización de la Administración; otro 17,1% la modernización y digitalización del tejido industrial y productivo y de la pyme, recuperación del Turismo e impulso a una España nación emprendedora; un 16,5% en el Pacto por la Ciencia y la Innovación y refuerzo al Sistema Nacional de Salud; un 17,6% en Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades; un 5,7% en la economía de los cuidados y políticas de empleo y un 1,1% en el impulso de la industria de la Cultura y el Deporte.

En paralelo, el Gobierno se ha comprometido con Bruselas a impulsar una reforma tributaria que eleve los ingresos públicos y una revisión del gasto público y los beneficios fiscales para elevar los recursos con que cuenta.