Urge impulsar la ‘tasa Google’, pero debe aprobarse de forma global

El aplazamiento del proyecto de la OCDE esuna mala noticia, especialmente por la grave crisis que atraviesan las economías mundiales

El fracaso de la OCDE para aprobar antes de fin de año un régimen fiscal internacional aplicable a los gigantes de internet –la denominada tasa Google– evidencia la complejidad de aunar las voluntades e intereses dispares en torno al proyecto, pero también la falta de eficacia de un organismo cuya razón de ser es precisamente impulsar la cooperación multilateral. El organismo anunció ayer que aplaza la aprobación del impuesto hasta mediados de 2021, fecha en la que espera haber limado los desacuerdos entre los 137 países implicados en la negociación. El modelo que defiende la OCDE y con el que pretende acabar con la flagrante laxitud fiscal de la que disfrutan los gigantes de la red se apoya en dos grandes principios. Por un lado, en la aplicación de un porcentaje de los beneficios que obtienen estas compañías a ciertas jurisdicciones con el fin de garantizar que estas tributen cuando lleven a cabo negocios significativos en ellas, incluso aunque no tengan presencia física en el país. Por otro, en el establecimiento de un tipo mínimo global para impedir que estas multinacionales encuentren paraísos fiscales que rebajen sustancialmente su factura tributaria, tal y como sucede actualmente.

El aplazamiento del proyecto de la OCDE es sin duda una mala noticia, especialmente por la grave crisis que atraviesan las economías mundiales como consecuencia de la lucha contra el Covid-19, así como la presión que están soportando las arcas públicas al tratar de paliar los efectos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia. Pese a ello, la OCDE ha lanzado una seria advertencia sobre los efectos que puede tener la falta de acuerdo en torno a este tema y, en concreto, las iniciativas de algunos países para abordar de forma unilateral la regulación del impuesto, como es el caso de España. El organismo cree que el riesgo de esta fragmentación es una rebaja del PIB mundial de más de un 1% anual, pero sobre todo el aumento de las controversias fiscales y comerciales, el resquebrajamiento de la seguridad jurídica y empresarial para los inversores y la posibilidad de generar una guerra comercial.

España ha insistido en impulsar su propia tasa Google, que el Gobierno ha incluido en el plan de “fiscalidad del siglo XXI” que acaba de aprobar el Senado, y con la que aspira a gravar con un 3% a las multinacionales con ingresos anuales de al menos 750 millones de euros a nivel mundial y de 3 millones en España. Más allá de las dificultades y los problemas técnicos que presenta la iniciativa, la lógica fiscal y la eficiencia económica apuntan a que el Ejecutivo haría bien en esperar a la regulación de la OCDE, o en su caso a la europea, en lugar de aprobar un impuesto al margen del marco de cooperación multilateral y en contra de sus recomendaciones.