Energía

La industria rechaza la alternativa de Ribera a la interrumpibilidad

AEGE pide más peso de los consumidores respecto a los generadores en la nuevo servicio de reserva estratégica

La industria rechaza la alternativa de Ribera a la interrumpibilidad

El pasado agosto el Ministerio para la Transición Ecológica lanzó una propuesta de orden que fija la implantación de un nuevo mecanismo de respaldo al sistema eléctrico en situaciones de necesidad, denominado servicio de reserva estratégica de respuesta rápida, que sustituirá al servicio de interrumpibilidad. Un servicio ya desaparecido por el cual a los grandes consumidores se les podía cortar (o modular) el suministro eléctrico en el caso de necesitarlo el operador del sistema, REE, a cambio de un reducción de su factura.

 Según el proyecto de orden ministerial, cuyo plazo de alegaciones terminó el pasado viernes, el nuevo sistema consiste en la prestación por los proveedores del mismo de una reserva de potencia y de energía “a subir” que pueda ser activada de manera casi instantánea en respuesta a una solicitud del operador del sistema en caso de insuficiencia.

Este servicio de reserva estratégica ocupará así el hueco dejado por el servicio de interrumpibilidad, que desapareció el pasado 1 de julio, con la última subasta de dicho servicio que rigió durante el primer semestre de este año. El texto de orden ministerial explica que el nuevo mecanismo es una continuidad del caducado de interrumpibilidad, pero adaptado a la normativa comunitaria. Esta exige la participación de otros agentes, no solo los grandes consumidores (demanda) como los generadores y almacenamiento (oferta) a través de mecanismos basados en “criterios de mercado, no discriminatorios y transparentes”.

En este punto de la propuesta, los grandes consumidores industriales, integrados en AEGE, consideran en sus alegaciones que existe una asimetría entre la demanda, que está muy detallada, y la oferta, más difusa y abierta. Con el cierre de las centrales de carbón, que ya es un hecho, y la clausura paulatina de las centrales nucleares y la falta del desarrollo del almacenamiento de energía, existe un desequilibrio en el nuevo mecanismo planteado por el ministerio.

El servicio está abierto a todo tipo de instalaciones (generación, consumo y almacenamiento) y de tecnologías que no participen en el mercado de electricidad, y dado que el volumen de la oferta mínima o reserva se reduce a 1 MW, se permite la participación de muchos más competidores de tamaño reducido.

Para AEGE el peso de la demanda en las futuras subastas debería ser mayor en tanto se desarrollan el almacenamiento y el bombeo. Además, dado que la reserva deberá activarse de forma casi instantánea, solo los consumidores pueden responder a la suspensión del suministro con rapidez, pero no así las plantas de generación, salvo la hidráulica.

Otra de las reticencias manifestadas por la asociación de la gran industria se refiere a los plazos. El objetivo es que este nuevo servicio de reserva estratégica de respuesta rápida esté disponible para principios del próximo año, con el fin dar respaldo al sistema eléctrico ante el incremento progresivo de la integración de energías renovables y la reducción del número de horas de funcionamiento de las centrales térmicas convencionales.

La propia orden ministerial da tres meses de plazo, una vez que esta entre en vigor, para que diseñe una subasta para la asignación del servicio. La industria teme que hasta mediados del próximo año, en junio o julio, no se adjudicaría la primera, con lo que durante un año completo (desde la última del sistema de interrumpibilidad) no contarían con dicho servicio.

La futura subasta asignará bloques de un mínimo de 1 MW de potencia, coincidiendo el periodo de prestación con el año natural (del 1 de enero a 31 de diciembre). La retribución constará de un componente fijo ligado a la reserva estratégica a subir y al precio asignado en la subasta (en euros/MWh) y un componente variable ligado a la efectiva aplicación del servicio en respuesta a una activación emitida por el operador del sistema.

La desaparecida interrumpibilidad mediante subastas fue creada en 2013. Se trataba de un sistema que permitía a la gran industria percibir incentivos –que llegaron a ser en los últimos siete años cercanos a los 3.000 millones de euros, aunque en las últimas subastas sufrieron ya un importante recorte– por interrumpir el suministro no solo para garantizar la seguridad de suministro, sino también por razones económicas, para frenar las subidas desmesuradas de precios.

Las amenazas de Bruselas, que consideraba incompatible el mecanismo español con la legislación comunitaria, puso punto y final al mismo. En paralelo, y desde hace dos años, el Gobierno trabaja con el llamado Estatuto del Consumidor Electrointensivo para compensar la factura de las grandes empresas a cambio, esencialmente, de inversiones en eficiencia energética. Un proyecto que no acaba de ver la luz.

 

Nueva regulación depagos por capacidad

En paralelo a la nueva propuesta de mecanismo de reserva estratégica, el Ministerio para la Transición Ecológica ha puesto en marcha una consulta pública sobre la futura regulación de los llamados pagos por capacidad. Un incentivo que las plantas de generación eléctrica reciben por estar disponibles y que, al igual que ocurrió con la interrumpibilidad, los que se venían aplicando en España no se atenían a la normativa comunitaria. De hecho, eran considerados ayudas de Estado.

Hasta el 25 de septiembre, los interesados podrán opinar, respondiendo a ocho preguntas, sobre los citados mecanismos, “una solución de último recurso para conciliar la seguridad de suministro en un escenario que avanza hacia la neutralidad climática”, según Transición Ecológica.

La normativa comunitaria establece que dichos mecanismos serán temporales, no deberán crear distorsiones innecesarias en el mercado ni limitar el comercio interzonal, no traspasarán su objetivo de hacer frente al problema de cobertura que acometan y se seleccionarán en base a procesos transparentes, no discriminatorios y competitivos. En cualquier caso, deben responder a una exigencia real de cobertura. Esto es, estará en función de la capacidad del sistema (en España hay sobrecapacidad).

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