Montero confirma que suspenderá la regla de gasto de los ayuntamientos pese al fracaso de su decreto

La ministra de Hacienda reconoce que, como adelantó este diario, el Gobierno eliminará la restricción sobre las inversiones locales impulsando un nuevo decreto en semanas

La ministra de Hacienda ,María Jesús Montero.
La ministra de Hacienda ,María Jesús Montero.

El histórico fracaso del Gobierno a la hora de convalidar en el Congreso de los Diputados el decreto pactado con la cúpula de la FEMP para permitir a los ayuntamientos reinvertir sus superávits no será, pese a todo, el final de la partida en torno a la financiación municipal en plena pandemia de coronavirus.

Tal y como adelantaba este diario el sábado, el Ejecutivo se dispone a dejar en suspenso la regla de gasto local igualmente, que era parte de contenido de la norma derogada, pese a sus advertencias de que no había alternativa posible.

Así lo ha confirmado este lunes la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en La Sexta. Su Ministerio ultima, en realidad, un nuevo paquete de medidas para tratar de dar oxígeno a las corporaciones locales ante la crisis del Covid-19.

Para ello, confirma el Ministerio de Hacienda, el Gobierno impulsará “en las próximas semanas un nuevo Real Decreto-ley”, con un impacto de más de 3.000 millones de euros, recuperando las medidas más urgentes que acompañaban al texto tumbado por el Congreso de los Diputados y que más consenso había cosechado en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Así, además de suspender la regla de gasto municipal del ejercicio 2020, Hacienda facilitará el pago íntegro de las entregas a cuenta a los ayuntamientos con el cálculo previo a la caída de ingresos que ha supuesto la pandemia, tal y como también anticipó este diario.

Los ayuntamientos podrán, además, utilizar el superávit de 2019 para sufragar inversiones financieramente sostenibles por un montante de hasta 987 millones de euros, así como concluir en 2021 los proyectos de este tipo iniciados el año pasado a cuenta del superávit de 2018 por otros 621 millones.

En paralelo, el superávit de 2019 podrá utilizarse este mismo año siempre que se cierre este ejercicio con equilibrio presupuestario mientras que, de forma excepcional, se habilitará a Diputaciones Forales y Cabildos Insulares a utilizar el superávit de 2019 para compensar la pérdida de ingresos tributarios.

Otras medidas

El nuevo decreto que ultima Hacienda, también permitirá a las entidades locales en riesgo financiero abonar sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social utilizando recursos del Fondo de Ordenación, mientras que sus deudas del Fondo para la Financiación de los Pagos Proveedores podrán ser canceladas a través de préstamos concedidos por la banca. En caso de tensiones de tesorería, los municipios podrán consolidar deuda a corto plazo como deuda a largo.

A su vez, las Diputaciones Provinciales podrán acudir en asistencia de los ayuntamientos en dificultades formalizando préstamos y transferencias a cuenta del superávit del pasado año en favor de los mismos.

El nuevo decreto también mantiene el cálculo de liquidación tributaria de 2018, lo que inyectará 634 millones a os ayuntamientos, y el citado incremento de las entregas a cuenta, en 821,9 millones, pese a la merma de recursos públicos ocasionada por la pandemia.

Finalmente, la norma articulará un procedimiento de urgencia en la modificación de créditos para entidades locales a fin de sufragar gastos extraordinarios y urgentes relacionados con la crisis económica y sanitaria, revelan desde Hacienda.

Los remanentes

Con todo, el nuevo decreto no retoma el asunto central del que acaba de derogar el Parlamento: la posibilidad de que los ayuntamientos puedan reinvertir los remanentes acumulados de sus años de superávit.

Montero había acordado con la cúpula de la FEMP, con el apoyo exclusivo de los alcaldes socialistas, una fórmula que permitía sortear el veto constitucional y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria a la posibilidad de que los ayuntamientos incurran en déficit, algo que harían de gastar sus remanentes sin compensar la inversión con nuevos ingresos.

El sistema suponía que aquellos municipios que así lo deseasen pudieran hacer un préstamo a la administración central del estado por los casi 15.000 millones de euros que acumulan en remanentes a fin de recibirlos progresivamente durante los próximos 10 años.

Hacienda se ofreció a abonar inicialmente 5.000 millones a fondo perdido entre 2020 y 2021 a los ayuntamientos voluntarios, así como a cubrir parte de sus gastos, dar peso al reparto en función de la población para favorecer también a municipios sin ahorros e incluso tramitar el decreto en el Congreso para sujetarlo a otras posibles modificaciones.

Sin embargo, solo PSOE, Unidas Podemos y Teruel Existe apoyaron el decreto, que fue tumbado por una estruendosa mayoría dividida en cuanto a los motivos: la izquierda pide acabar con el veto al déficit local y la derecha mantenerlo pero que sea el Estado quien sufrague los fondos adicionales para los municipios.

La FEMP se reunirá este lunes para tratar de buscar fórmulas alternativas después de que la ministra de Hacienda advirtiese de que no contaba con fórmulas alternativas para permitir a los ayuntamientos hacer uso legal de sus remanentes, que por ahora se mantienen depositados en la banca con conste para los entes públicos locales. Aún así, Hacienda ha comunicado este lunes que está dispuesta a abordar posibles soluciones alternativas al decreto derogado.

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