El Congreso tumba el decreto de reinversión de los superávit locales en su primer gran revés al Gobierno
Montero deja en manos de la oposición la posibilidad de presentar un plan alternativo al que Hacienda pactó con la FEMP
El Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos ha sufrido este jueves su primer gran revés parlamentario al tumbar el Congreso de los Diputados el decreto por el que permitían la reinversión de los superávit locales.
El grueso de la Cámara Baja ha dado la espalda al acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y la cúpula de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), únicamente apoyado por los alcaldes socialistas.
La votación se ha saldado con 156 votos a favor (76 presenciales y 80 telemáticos), y 193 en contra (67 presenciales y 126 a distancia) y ninguna abstención de entre los 349 diputados que han votado, lo que da cuenta de la magnitud del varapalo sufrido por el Ejecutivo.
La propia ministra del ramo y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, había previsto esta derrota en la intervención inicial de defensa del decreto tras constatar que no había logrado los apoyos suficientes para sacarla adelante pese a ofrecerse a tramitar la norma en el Congreso a fin de incorporar las modificaciones que otros partidos pudieran exigir.
"El Gobierno ha cumplido su tarea llegando a un acuerdo con la FEMP, ahora corresponde a quienes no comparten el texto presentar una propuesta para ser discutida en el límite de la ley. Aquí cada no tiene su responsabilidad, el Gobierno la suya y los grupos la suya", ha defendido Montero.
Los superávit locales
El problema de fondo es que la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria impiden a los ayuntamientos incurrir en déficit, algo que sucedería si comienzan a gastar los más de 14.000 millones de euros que atesoran como remanente de sus últimos años de superávit sin aprobar medidas de ingreso por una cuantía similar.
Para sortear esta situación, Hacienda y la FEMP idearon una fórmula que pasaba porque los municipios que voluntariamente lo deseasen pudieran hacer un préstamo a la administración central por el valor de sus ahorros, que les sería devuelto progresivamente en forma de transferencia.
La idea es que los alcaldes dispusiesen de 5.000 millones de euros entre este año y el próximo y accediesen al resto en un periodo de 10 años. De esta manera, sería la administración central quien generase el déficit en lugar de los ayuntamientos. Aunque Hacienda ha ido modulando su propuesta, incluyendo una transferencia a fondo perdido a todos los municipios, la cobertura de algunos de sus gastos o la suspensión de la regla de gasto, con un coste final de 6.000 millones de euros, según ha estimado Montero, la propuesta no ha convencido al resto de grupos parlamentarios.
La postura de la oposición
Los partidos a la izquierda del PSOE han solicitado una modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el PP que permita a los ayuntamientos utilizar su superávit aunque incurran en déficit contable.
A su vez, el ala derecha ha avalado la propuesta de una treintena de alcaldes, liderados por el edil zaragozano que es portavoz del PP en la FEMP, abogando porque Hacienda inyecte directamente 5.000 millones de euros a los ayuntamientos en función de su población y con independencia de su volumen de remanentes.
La asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha estimado que esta propuesta alternativa restaría 955 millones de euros a los ayuntamientos en favor de diputaciones y consejos insulares, perjudicando además a aquellos municipios con ahorros frente a los que no los tienen.
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