Hacienda suavizará la regla de gasto municipal pese al fracaso del decreto del superávit local

El Gobierno estudia si crear otra norma o aprovechar los Presupuestos . La FEMP se reúne el lunes para buscar alternativas al plan de Montero

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

“No piensen que habrá una segunda oportunidad”, advirtió el jueves la ministra de Hacienda, y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, al constatar que la oposición en bloque iba a tumbar en el Congreso de los Diputados el real decreto de 4 agosto ideado para permitir a los ayuntamientos utilizar sus remanentes para hacer frente a la pandemia con una fórmula que solo ha contentado a los alcaldes socialistas. Pese a ello, todo parece indicar que sí habrá reválida, al menos parcial. Pese a los avisos de la ministra, fuentes oficiales revelan que el Ejecutivo trabaja ya para impulsar parte del contenido del decreto derogado, fundamentalmente la supresión de la regla de gasto local, para dar aire a los municipios frente a la crisis del Covid-19. En paralelo, los ayuntamientos trabajan ya en la búsqueda de fórmulas alternativas que permitan hacer uso de miles de millones de euros ahorrados durante años de superávit que de momento permanecen congelados en depósitos bancarios con coste para las administraciones locales.

“47 millones de ciudadanos no van a poder ver sus municipios mejorados con los 15.400 millones de euros que los gobiernos locales íbamos a recibir los próximos años”, se lamentaba el viernes el presidente de la FEMP, Abel Caballero, que convocó a la junta de portavoces del ente para el próximo lunes a fin de abordar “posibles propuestas de trabajo para resolver esta cuestión”.

La fórmula tumbada por el Parlamento había sido pactada entre Montero y la FEMP, donde salió adelante exclusivamente por el aval de los ediles socialistas y el voto de calidad de su presidente. Consistía en sortear el veto sobre el déficit local –en el que se incurriría de utilizarse los remanentes sin aprobar medidas de ingreso por la misma cuantía– que establecen la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria permitiendo a los municipios interesados hacer un préstamo a la administración central por valor de sus ahorros para recuperarlos en forma de transferencias progresivamente. La promesa de un primer abono de 5.000 millones de euros a fondo perdido entre 2020 y 2021 o la opción de tramitar el decreto en el Congreso para introducir cambios no fue suficiente para salvar la norma.

El esquema tenía la doble ventaja de que permitía a los ayuntamientos hacer uso de sus ahorros mientras que inyectaba una fuerte liquidez al Ejecutivo en un momento de grandes tensiones por la pandemia. Los municipios sin grandes remanentes, sin embargo, abogaban por la creación de un fondo no reembolsable por 5.000 millones a repartir según la población, y no los méritos contables, lo que dividió a los alcaldes. A su vez, los partidos de izquierda reclamaron derogar el veto al déficit de la legislación mientras que los conservadores, que prefieren mantener este seguro, pedían que el dinero salga de la administración central. Así, por motivos opuestos, unos y otros rechazaron el plan de Montero.

La alternativa con más posibilidades de prosperar ahora es aprovechar la letra pequeña de la Ley de Estabilidad, cuyo artículo 11.3 permite dejar sin efecto la exigencia de superávit en caso de emergencia, expone José María Mollinedo, secretario general de los técnicos de Hacienda (Gestha). Aunque la pandemia encajaría en esta categoría de excepción, la consideración requiere el voto favorable de una mayoría absoluta en un Congreso más atomizado que nunca.

Un acuerdo entre alcaldes de distinto signo, sin embargo, podría forzar a los grandes grupos a votar por una vez en el mismo sentido.

De lograrse, en todo caso, la capacidad de inversión de los ayuntamientos seguiría constreñida por la regla de gasto, que limita la capacidad de desembolso de las regiones. Es ahí donde entra en juego la decisión del Gobierno de rescatar del decreto derogado la suspensión temporal de la regla así como otras medidas, como las que facilitan abonar a los municipios entregas a cuenta por el valor esperado antes del estallido de la crisis.

Queda por ver cómo y cuándo se impulsa esta modificación. El Gobierno “aprovechará seguramente alguna ley, y la de Presupuestos podría ser la más idónea, para introducir algunos de los elementos del decreto”, avanzó el viernes, sin citar a qué medidas concretas se refería, el presidente del Consejo de Política Federal del PSOE y presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, tras la reunión órgano.

Aunque la opción de aprovechar las cuentas de 2021 está sobre la mesa, pues sería un elemento de presión adicional para conseguir una mayoría que las respalde, lo cierto es que esta vía retrasaría su efecto. El borrador de los Presupuestos no se presentará, al menos, hasta octubre con lo que es de esperar que las nuevas cuentas, y con ello la suspensión de la regla de gasto, no entre en vigor hasta ya entrado 2021, lo que impediría dar margen extra a los ayuntamientos este año. Por eso, admiten fuentes oficiales, el Ejecutivo estudia alternativas que van desde aprovechar reformas legales en ciernes (ver despiece) a impulsar otro decreto.

Una vía abierta en la reforma de la Ley de Estabilidad

Entre las opciones que baraja el Gobierno para volver a suspender la regla de gasto de los ayuntamientos este mismo año está la de aprovechar la reforma de La Ley de Estabilidad Presupuestaria en ciernes, que busca eliminar el derecho de veto del Senado sobre las sendas fiscales. La medida está pendiente de la aprobación de la ponencia en el Congreso para su remisión al Senado, donde podría ser enmendada con este fin. Sin esta cortapisa ni el veto sobre su déficit, los ayuntamientos podrían elevar su gasto vía deuda o remanentes.

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