La sanidad privada ofrece sus centros para evitar otro colapso hospitalario
Reclama al Ejecutivo que no tramite la colaboración público-privada por decreto y a las autonomías que fijen los mecanismos de compensación
La segunda ola del coronavirus amenaza con colapsar de nuevo la sanidad pública y los centros privados han dado un paso adelante para colaborar. En un comunicado, la Alicanza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que representa a 1.300 socios y al 80% de los centros hospitalarios privados, reafirma su total colaboración tanto con el Ministerio de Sanidad como con los distintos gobiernos autonómicos en la lucha frente a la pandemia del coronavirus, pero con dos requisitos previos.
En el caso del Ministerio de Sanidad, la patronal de la sanidad privada considera prioritario definir un protocolo transparente de colaboración público-privada, sin necesidad de que haya que promulgar un nuevo decreto de estado de alarma para regular la relación entre ambos sectores. "Las autoridades deben saber que somos un recurso estratégico para la gestión de la crisis sin necesidad de un nuevo decreto de estado de alarma", afirma Carlos Rus, presidente de ASPE, que recalca que el objetivo de esta propuesta es evitar los mismos errores que se produjeron al inicio de la crisis sanitaria.
Con ello, Rus se refiere a la contradicción que se produjo desde marzo, en la que muchos hospitales públicos y privados "sufrieron una presión asistencial sin precedentes", mientras que otros permanecieron abiertos al ser considerados servicio esencial, pese a que apenas tenían actividad, puesto que no trataban enfermos de coronavirus y a que todas las citas e intervenciones fueron pospuestas por el estado de alarma. "La existencia de un plan de actuación coordinado evitaría también así la situación vivida en miles de centros sanitarios de titularidad privada, principalmente aquellos sin internamientos, que hoy se enfrentan en muchos casos al cierre". El objetivo de ese plan pasaría por evitar de nuevo la interrupción de operaciones, el agravamiento de patologías por retrasos y demoras en el diagnóstico y "la inasumible congestión de la lista de espera".
ASPE también reclama a las autonomías que fijen de forma clara y rápida los mecanismos de compensación en el caso de que la sanidad privada ceda recursos a la pública. Así recuerda que en la primera ola de coronavirus solo Cataluña fijó las condiciones para abonar los servicios prestados y que aún hay otras diez autonomías (Madrid, Murcia, Canarias, Galicia, Andalucía, País Vasco, Castilla y León, Baleares, La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana) que no lo han hecho. "El fondo Covid-19, dotado con 9.000 millones de euros, se creó para que las distintas autonomías hicieran frente a los gastos originados por la pandemia en sus respectivos territorios", recuerda la patronal, que pone como ejemplo las experiencias en Francia, donde se ha hecho un único pago equivalente al ejercicio 2019; en Italia, donde se paga una tarifa especial por paciente covid o en Alemania, donde se aprobó un paquete legislativo.
