“El nuevo gobierno no puede prescindir de la sanidad privada”

El presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) cree que obviar a los centros privados "podría llevar directamente a la quiebra a algunas autonomías”

Carlos Rus, presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española
Carlos Rus, presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española

Rus preside desde el pasado 12 de noviembre la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), una patronal que surgió hace tres años tras la fusión de los organismos que aglutinaban a los hospitales y a las clínicas privadas. Representa a 1.300 socios y considera que, pese a que la sanidad privada es muy atractiva y posee una relación coste-eficiencia mejor que la pública, no tiene una buena imagen y no está bien reconocida. Los planteamientos del nuevo gobierno de coalición, formado por PSOE y Podemos, van precisamente en esa línea, desde priorizar los sistemas de gestión pública del sistema sanitario como impedir la “mercantilización” de la salud”. El presidente de ASPE rechaza esas tesis y recalca, con firmeza, que el nuevo Gobierno “no puede prescindir de la sanidad privada”.

¿Cuáles son los argumentos que justifican su tesis de que el nuevo gobierno no hará todo lo posible para reducir al máximo la gestión privada en la sanidad pública?

Lo que decimos es que la sanidad es pública cuando la gestión es pública, cuando la gestión es compartida o cuando la gestión es privada, ya que los requisitos, las exigencias y los profesionales que trabajan en cada modelo son exactamente iguales. Pero se juega con infundir temor a la población respecto a que la situación va a cambiar si se gestiona de forma privada. Mentira. La sanidad privada representa en la actualidad, el 40% del gasto sanitario que se hace en España y si vamos más abajo, supone el 40% de las resonancias, el 29% de las urgencias o el 25% de las altas. Somos una parte muy importante del sistema de salud. El sistema está formado por lo público y lo privado. Los recursos de la sanidad pública, una vez que se crean, son estructurales, y requieren de estructuras más flexibles, que puedan ser utilizadas cuando las necesite, como son las de la sanidad privada. Por esos motivos creo que el nuevo Gobierno no puede ni va a poder prescindir de la sanidad privada, tal y como amenaza.

“A Amancio Ortega le habrían hecho un monumento en EE UU si hubiera donado lo mismo que en España”

Defienden que las autonomías sí apoyan los sistemas de gestión privada en la sanidad, ya que son las que tienen que asumir el gasto en esa partida.

Las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades autónomas. El Ministerio de Sanidad puede regular, pero tiene que tener mucho cuidado con las decisiones que toma. La sanidad privada no se puede obviar y somos un elemento de colaboración esencial para las comunidades autónomas. Si se pretende prescindir de la sanidad privada, lo que se va a generar es el caos. La realidad es muy tozuda. Prescindir de la sanidad privada y obviarnos podría llevar a la quiebra a algunas autonomías. El presupuesto medio que destinan a salud está en el entorno del 35% o 40% del PIB autonómico. Somos la mayor partida de gasto y no se puede jugar con eso, ya que se dejaría sin capacidad de reacción a las autonomías. Una decisión del Ministerio de Sanidad que evite que se puedan utilizar modelos de colaboración público-privados, concesión, conciertos o asignaciones, lo único que conseguirá son estructuras rígidas difíciles de cambiar. No hay ninguna otra medida política que pueda tener un impacto tan fuerte y negativo en una comunidad autónoma.

¿A qué cree que responde esa animadversión contra la gestión privada de la sanidad?

Es un planteamiento de base demagógica. En España el empresario está mal visto. A Amancio Ortega se le critica por sus donaciones en España, cuando en EE UU se le habría hecho un monumento o se le habría puesto su nombre a una calle si hubiera donado lo mismo. Nosotros somos empresarios de la salud, que es un ámbito aún más sensible. En el campo de la educación, sin embargo, no genera tanto conflicto. Somos cuestionados, pese a que somos un aliado necesario y colaboramos con el sistema público. El planteamiento de fondo es que estamos comerciando con la salud. Falso. Somos una opción para el ciudadano. El ciudadano puede optar por la pública o la privada a un precio muy asequible. El 72% de los pacientes de la privada, en torno a 10,7 millones, vienen de las aseguradoras. Es una opción, no una obligación. ¿Porqué limitar la capacidad de elección del paciente, cuando además ahorra mucho dinero?.

“El IVA que grava a los productos sanitarios debería ser reducido, ya que no podemos repercutirlo al cliente”

¿Qué cálculos manejan sobre el ahorro que suponen para el sistema público?

En España el gasto sanitario es de 64.000 millones de euros al año, de los que 28.000 proceden de la parte privada y 7.500 de conciertos con la pública, arrojando una cifra de 35.500 para la privada y 28.500 para la pública. El gasto público medio por paciente en España está en torno a 1.200 o 1.400 euros. La póliza media privada es de 64 euros al mes y 700 euros al año. Si estos últimos solo hicieran uso de la privada, ahorrarían 1.200 euros al Estado y entre 4.000 y 10.000 millones al año en total en función del uso.

Al margen del conflicto entre sanidad pública y privada, desde ASPE se defiende la necesidad de incrementar el número de empleados con carácter urgente.

El ataque para incrementar los profesionales tiene que ser tierra, mar y aire. Hay muchas especialidades, como pediatría u oncología, con problemas para encontrar trabajadores. Necesitamos 10.000 nuevos profesionales en los próximos cuatro años. Y para ello hay que acabar con el régimen de incompatibilidades entre la sanidad pública y privada. El Estado debe permitir compatibilizar ambas. La norma que lo regula, en vigor desde 1982, lo impide para evitar que haya fuga de pacientes a la privada, pero existen mecanismos para regularlo. También hay que dar entrada a profesionales extranjeros. Hay una lista de espera de 3.000 extracomunitarios que están pendientes de que se les homologará el título. Hemos pedido que se agilicen los procesos de homologación, ya que los trámites se hacen eternos por la falta de personal.

Otra de sus reivindicaciones históricas es un IVA reducido para los productos sanitarios.

Somos un servicio de primera necesidad. El IVA que grava los productos sanitarios debería ser reducido [10% frente al actual 21%], ya que no podemos repercutirlo al cliente. Otra medida que ASPE considera muy importante para impulsar la sanidad privada es la creación de deducciones fiscales para los que suscriban una pólizas de salud y para los operadores que inviertan en instalaciones y consumibles.

 
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