Cómo complicar las finanzas de las pymes
Los ayuntamientos siguen superando el plazo legal de pago en una media de más de dos meses
Supongamos que D. Urbano tiene unos ahorros, 15.000 euros, depositados en la caja fuerte de un tío suyo, que vive en Alcalá de Henares (Madrid). Es un dinero que D. Urbano y su familia han ido acumulando después de que su tío le recomendara prudentemente contener sus gastos e ir haciendo un colchón para cuando vengan “mal dadas”. Lamentablemente ese momento ha llegado y D. Urbano se encuentran ahora en una complicada situación que amerita la utilización de sus ahorros.
En este momento, su tío de Alcalá de Henares, también en dificultades, en lugar de proporcionar a su sobrino la combinación de su caja fuerte, le propone lo siguiente: “Querido Urbano, préstame los 15.000 euros que al fin y al cabo no te están rentando nada. Te pagaré un interés (también negativo) si decides que te devuelva el dinero a 10 años y del 0,05% si me permites que te lo devuelva durante los próximos 15 años”.
D. Urbano le informa de que necesita el dinero para atender gastos perentorios de su familia, ya se sabe; hipotecas, colegios y otras nimiedades… A lo que el tío de Alcalá le contesta lo siguiente: “No hay problema, tú préstame los 15.000 euros que yo, a cambio, te presto 5.000, ya te diré en qué condiciones, para que los uses en lo que yo te diga. Y lo siento, si no me prestas el dinero, yo no te puedo proporcionar la combinación de la caja fuerte”.
Este cambalache, cuya justificación financiera es imposible desde el punto de vista de D. Urbano (lo que la convierte en muy deseable para la otra parte) parodia la propuesta que el Ministerio de Hacienda ha hecho a los ayuntamientos con sus remanentes.
Las organizaciones a las que represento vienen reclamando la disponibilidad de esos fondos desde que se implantó el estado de alarma. Y es que no es admisible que los ayuntamientos, muchos con cuentas corrientes más que saneadas, incumplan la legislación vigente en materia de pagos.
Sin ir más lejos, a cierre del mes de mayo, los datos del propio Ministerio de Hacienda muestran que los ayuntamientos han conseguido alcanzar un periodo medio de pago de 92,50 días –superando el plazo legal de pago en más de dos meses– y lo que es peor, mantenían en sus carteras facturas pendientes de pago por importe de más de 1.000 millones de euros, cuyo plazo medio ascendía a 162,46 días. Más de cinco meses para cobrar una factura: vivirlo es toda una experiencia.
Lo más grave de esta situación es que suma y sigue. El deterioro financiero de nuestras administraciones no ha hecho más que empezar y retrasar los pagos a sus proveedores inicia una reacción en cadena –de imposible justificación– que obliga a pymes y autónomos a endeudarse o a cerrar en el peor de los casos.
Desde el punto de vista económico, la pandemia ha afectado a España más que a cualquier otro país de la Unión Europea. Por ello, las medidas para la recuperación deben ser más intensas y específicas para adaptarse a las peculiaridades de nuestro tejido productivo. Dado que nuestro país también es el campeón europeo en cuanto a los plazos de pago más largos y que la falta de liquidez por este concepto es precisamente una de las principales preocupaciones de nuestras pymes y autónomos, son necesarias actuaciones contundentes para reducirlos. En este punto coinciden todos los análisis de la Unión Europea al respecto, así como el documento de conclusiones para la reconstrucción social y económica aprobado en el Congreso de los Diputados.
Es por ello que, además de la necesaria diligencia y ejemplaridad con respecto a los plazos de pago de las administraciones públicas, reclamamos la necesidad de implantar un régimen sancionador que castigue los periodos de pago por encima de la ley. Recuerden que no era difícil encontrar en España pagos a 240 días antes de la pandemia. En una crisis como la actual es impredecible conocer a qué nivel pueden situarse si no hacemos algo urgentemente. Añadir problemas de liquidez a los problemas de actividad dejará a muchas pymes y autónomos, con negocios solventes, fuera de combate. No nos lo podemos permitir.
Lamentablemente, el toma y daca entre Hacienda y ayuntamientos es solo un ejemplo más de los atropellos que nos están tocando vivir. Lo novedoso y dramático de la situación económica y vital coloca a pymes y autónomos en una especie de dilema del prisionero de la teoría de juegos: si no aceptas la benevolencia del agente, habrá represalias. Pero no estamos jugando y lo que necesitamos es seguridad.
Asistir en directo a la oferta del Ministerio de Hacienda a los ayuntamientos para tomar el control del uso de sus fondos, dinero de todos los ciudadanos, hace que más de uno se pregunte si es posible que exista algún método desconocido, avalado por alguna línea escondida en nuestra exhaustiva e intrincada legislación, que permita al estado hacer al ciudadano ofertas similares. Y ya estamos viendo más ejemplos. Muchos autónomos se han encontrado con que el aplazamiento del pago de impuestos, otorgado por el Gobierno al inicio de la crisis, ha minorado la devolución de su impuesto sobre la renta. Eso sí, si no aceptaste la generosa oferta, es muy posible que ni siquiera hayas recibido aún la devolución.
Apoyar a nuestras pymes y autónomos debe ser una prioridad nacional. Esto incluye pagar lo que se les debe. Son los que crean empleo. Son los que pagan impuestos. Si no ayudamos a las pymes, autónomos y a sus empleados, no habrá ya quien genere remanentes en el futuro. Ni esto les vamos a dejar hacer.
Antoni Cañete es presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad