Vías legales para fomentar valor en el inmobiliario

Debe ahondarse en la dinámica iniciada por Madrid y Valencia para agilizar los trámites y simplificar el régimen de licencias

Torres del Paseo de la Castellana de Madrid.
Torres del Paseo de la Castellana de Madrid.

En la actual situación de crisis generada por la pandemia, algunas capitales españolas han vuelto su mirada al sector inmobiliario, conscientes de que —a diferencia de lo que acaeció en la anterior crisis— en esta ocasión el sector del ladrillo no ha sido parte del problema, pero acaso pueda devenir en parte de la solución en un momento en que la situación financiera de la mayoría de las firmas del sector está saneada, las entidades financieras son solventes y el sector está mucho más profesionalizado y cuenta con cimientos sólidos.

Facilitar la promoción de proyectos inmobiliarios puede servir de acicate para atraer a operadores e inversores nacionales e internacionales con interés en ubicar empresas proveedoras de servicios financieros en un entorno idóneo (pensemos en Madrid como centro financiero digno de competir con otras ciudades europeas en un momento en que el teletrabajo está llamado a modular este mercado), en invertir en tecnología (pensemos en Barcelona como hub tecnológico) y en satisfacer los nuevos hábitos de consumo generados por la pandemia (entre otros aspectos, la logística de proximidad como nueva realidad derivada de nuestros hábitos de compra) y, de este modo, crear empleo y valor.

Así, por ejemplo, en los casos de Madrid y Valencia (capitales gobernadas por coaliciones de signo político bien diverso, pero aunadas en un común empeño de afrontar la crisis en las mejores condiciones posibles para sus ciudadanos) son destacables las facilidades que están impulsándose a nivel normativo desde las diferentes administraciones competentes en materia de agilización de tramitación urbanística y simplificación del régimen de licencias a raíz de la crisis, esencialmente tendentes al desarrollo y generalización de regímenes de declaraciones responsables sustitutivos de determinadas licencias urbanísticas para iniciar obras y poner en funcionamiento activos y negocios.

Las demás administraciones territoriales de nuestro país deberían ahondar en esta misma dinámica, propiciando un acortamiento de los plazos de tramitación y no renunciando a tomar como modelo el caso de la ciudad de París, bien conocido en el sector debido a la tramitación y aprobación de proyectos inmobiliarios extraordinariamente complejos en un tiempo récord por la Administración.

En efecto, del mismo modo que en un pasado no lejano nuestras administraciones han alumbrado fórmulas creativas de éxito (conviene recordar que Barcelona fue pionera en desarrollar un régimen de declaraciones responsables sustitutivo de determinadas licencias urbanísticas que ha servido de inspiración a otras capitales europeas), nuestras administraciones autonómicas y locales no deberían ahora tener reparos en inspirarse en fórmulas que están empezando a implementarse en otras capitales europeas con las que —no nos engañemos— competimos en un mercado global de ciudades por atraer inversión y talento, y, de este modo, generar empleo.

¿Por qué deberían nuestras capitales —polos de inversión inmobiliaria de reconocido prestigio internacional vinculados a sectores como el financiero o el tecnológico— renunciar a gozar de un entorno normativo favorecedor de la inversión como el que en estos momentos está desarrollándose en otras capitales europeas, siguiendo la estela de las tan admiradas prácticas administrativas que repercuten en la eficiencia de la Administración parisina?

Al fin y al cabo, la agilización de los trámites permite una pronta realización de un interés público ínsito en el planeamiento: las licencias tienen carácter reglado y solo permiten edificar aquello que el plan considera conforme al interés público urbanístico. No se está abogando únicamente —como quizá pudiera pensarse— por ayudar a las empresas del sector inmobiliario. Las medidas que se proponen están al servicio de una realización efectiva y rápida del interés general propio de la normativa urbanística, cuya pronta realización, además, contribuirá en este caso a salir de la crisis, esta vez exógena al sector inmobiliario. Esas medidas permitirán también que nuestras ciudades sigan presentes en el circuito de la inversión internacional, lo que debería propiciar que el sector inmobiliario fuera uno de los grandes generadores de empleo.

Por otra parte, convendría que nuestras administraciones extremaran la cautela al adoptar medidas de moratoria o suspensión de la tramitación del planeamiento o licencias, y que cualesquiera cambios de usos —sin duda siempre bien intencionados desde la Administración pública— se realizaran en consulta con los grupos políticos y agentes sociales y sin afectar negativamente al valor del suelo, dado que la seguridad jurídica es siempre un bien valioso para generar confianza entre los inversores. Muchos inmuebles tienen hoy un uso inevitablemente inservible para buena parte de los fines que demanda la sociedad, y una agilización de los cambios de uso en el sentido idóneo podría redundar, sin duda, en la reactivación de la actividad.

El sector privado, por su parte, debería estar a la altura de las circunstancias para ser capaz de actuar con flexibilidad en el escenario actual y de competir a nivel global por ofrecer los mejores servicios. Su apoyo a las distintas administraciones y el impulso de proyectos de colaboración público-privada pueden ser determinantes en estos tiempos.

Solo el diálogo constante, el consenso, el acuerdo, el compromiso y la colaboración fructífera y leal entre los agentes públicos y privados, pretendidos por instrumentos como los recientemente rubricados Pactos de la Villa y Pacte per Barcelona, permitirán facilitar el acceso a la tan demandada vivienda asequible, reducir al máximo el impacto económico y social de la pandemia para ciudadanos y empresas, y fomentar la recuperación económica y el dinamismo tradicional de nuestras capitales. En definitiva, poner el país en pie para caminar con firmeza y sin complejos para ganar el futuro.

Diego Armero Montes y Juan Antonio Pérez Rivarés son abogados de Uría Menéndez