La oferta del Consejo reduce en 110.000 millones las subvenciones y mantiene el freno de emergencia

Los socios debaten la última propuesta, que mantiene el fondo en 750.000 millones con 390.000 millones de transferencias

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, esta tarde en Bruselas.AFP

El fondo de reconstrucción llegaba a la cumbre con una potencia de fuego de 750.000 millones de euros de los que 500.000 millones se canalizarían a través de transferencias y 250.000 millones en forma de créditos a devolver. Tras diferentes propuestas -la última de los austeros rebajaba la herramienta a 700.000 millones con una mitad en subvenciones y otra en préstamos-, el Consejo Europeo ha puesto sobre la mesa una proposición de consenso: se mantienen los 750.000 millones, pero las ayudas directas se rebajan en 110.000 millones respecto al diseño original, hasta los 390.000 millones, y los créditos ascienden en la misma proporción hasta los 360.000 millones.

Es un diseño "fruto del trabajo colectivo", ha afirmado el presidente del Consejo, Charles Michel, por la tarde, antes de que los líderes retomen el plenario a 27 previsto inicialmente para las 16:00 horas, y que se ha retrasado hasta ya pasadas las 21:00 horas. "Sé que los últimos pasos son siempre los más difíciles, pero estoy convencido de que es posible llegar a un acuerdo", ha recalcado Michel.

Una vez presentada la nueva Negobox (propuesta), el Consejo tendrá que abordar el peso final de transferencias y préstamos, la distribución interna del fondo y su montante final, y otros detalles respecto al control de las reformas, la vinculación con el Estado de derecho, la potencia final del presupuesto 2021-2027 (que Michel mantiene en 1,074 billones de euros) o las rebajas compensatorias que reciben algunos socios en sus aportaciones.

Tras los momentos más tensos de la cumbre, vividos el domingo por la tarde, los líderes europeos han rebajado el tono, y aunque aún se muestran precavidos, en general confían en poder cerrar un acuerdo en el cuarto día de negociaciones.

Control

Si las cantidades del fondo son consensuadas por los Veintisiete, los líderes también tendrán que cerrar los detalles relativos a la supervisión y control de las reformas que tendrán que idear las capitales para poder acceder a las ayudas. El sur no bloquea que exista un control del Consejo que a la vez sea ágil y flexible, pero rechaza que solo un país pueda tener capacidad de veto. Los halcones, por su parte, reclaman el mayor control posible, por lo que las negociaciones respecto a este punto también se prevén duras.

Para intentar acercar posturas, este sábado, Charles Michel planteó un mecanismo, llamado freno de emergencia, que permitía que cualquier país pudiese pedir, en el plazo de tres días, elevar sus dudas sobre las propuestas de los socios a una reunión a nivel de ministros de Finanzas e incluso a una cumbre de jefes de Gobierno. Esta palanca se mantiene en la nueva propuesta. El freno permite que "si excepcionalmente, uno o más Estados miembros consideran que existen desviaciones graves del cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos pertinentes podrán solicitar al presidente del Consejo que remita el asunto a la siguiente cumbre", recalca el texto remitido a los jefes de Gobierno de la UE. No obstante, para evitar que esta palanca torpedee y estanque el desembolso de los fondos, uno de los miedos de España e Italia, el Consejo tendrá que pronunciarse en un plazo máximo de tres meses.

El mecanismo no implica que los Estados miembros tengan capacidad de veto al uso, pero sí supone un control férreo sobre las propuestas de reformas que deberán presentar las capitales que quieran acceder a los fondos. De hecho, de forma general, estos planes se validarán por una mayoría cualificada del Consejo.

Criterios de reparto

La oferta del Consejo mantiene que el Fondo de Recuperación y Resiliencia (FRR), la principal pata del fondo (casi el 90% de las ayudas) se repartirá en un 70% a partir de 2021 y 2022, dejando el 30% restante para el año 2023 en función del desarrollo y la recuperación económica de cada país. El 70% se distribuirá en base a factores macroeconómicos como la caída del PIB o el aumento de la deuda, así como otros relacionados directamente con el golpe de la crisis sanitaria.

Cheques compensatorios

En la propuesta del Consejo, los halcones logran mantener también los descuentos y cheques compensatorios que reciben en su aportación al presupuesto plurianual por ser contribuyentes netos, una ventaja que también tiene Alemania y que el Consejo quería eliminar tras el Brexit, antes de que estallase la pandemia de coronavirus. Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia y Alemania se ahorrarían más de 50.000 millones de euros en total entre 2021-2027 que tendrían que reponer el resto de socios.

Estos cheques, que ya aparecían en la propuesta del pasado sábado, aumentan su tamaño. Así, Dinamarca pasa de los 222 millones a los 322 millones por año, Alemania se mantiene en los 3.671 millones, Países Bajos pasa de los 1.576 a los 1.921 millones, Austria, de los 287 a los 565 millones, y Suecia, de los 823 a los 1.069 millones de euros.

El FRR gana, el resto pierden

El FRR, la principal pata del fondo de reconstrucción, sigue siendo el principal programa en la propuesta del Consejo, y se eleva ahora a los 672.500 millones de euros, desde los 560.000 millones que preveía la Comisión Europea en el diseño original. De esta cifra, los Estados miembros obtendrían 312.500 millones en subsidios y 360.000 millones en créditos.

Otros planes del fondo, sin embargo, pierden peso en la nueva oferta. Destaca la caída en el Fondo para la Transición Justa, pensada, entre otros puntos, para avanzar en los planes de descarbonización. Pasa de los 30.000 millones originales a los 10.000 millones. Tampoco salen bien paradas otras de las palancas centradas en la transición verde, así como la innovación, el gasto sanitario o el desarrollo rural. Todos han sido recortados.

Para recibir estas ayudas, los gobiernos nacionales tendrán que elaborar planes de reformas que serán evaluados por la Comisión Europea en un plazo de dos meses. Bruselas analizará el cumplimiento las recomendaciones económicas anuales de cada país, la creación de empleo o la contribución de las inversiones en las transiciones ecológica y digital.

Estado de derecho

El borrador del Consejo mantiene la vinculación de la canalización de fondos al cumplimiento del Estado de derecho, uno de los puntos de más fricción entre Hungría y Polonia, por un lado, y el resto de socios, principalmente Países Bajos, por otro. El plan también pone como condicionante la adhesión a los principios climáticos de la UE.

Michel ha propuesto introducir en el presupuesto "un régimen general de condicionalidad para abordar las deficiencias manifiestas generalizadas en el buen gobierno de las autoridades de un Estado miembro". En el caso de que se identifiquen deficiencias, el belga sugiere que la Comisión proponga "medidas apropiadas y proporcionadas" que deberán ser aprobadas por el Consejo con una mayoría cualificada.

Diversas fuentes comunitarias han apuntado durante la cumbre que La Haya podría haber puesto tanto empeño en el condicionante del Estado de derecho, que hace mención a aspectos como la separación de poderes, para que el bloque de Visegrado (Eslovaquia, Hungría, Polonia y la República Checa), normalmente relegado a un papel secundario en los debates europeos importantes, fuese el que bloquease el pacto.