El Gobierno aprueba las acciones de lealtad y agiliza las ampliaciones de capital

Luez verde a la adaptación a España de una directiva europea que también suprime la obligación de elaborar informes trimestrales a las sociedades cotizadas

Sociedades cotizadas
Europa Press

El Consejo de Ministros dio ayer luz verde al proyecto de ley que introduce en España las llamadas acciones de lealtad, además de incluir otras medidas para las sociedades cotizadas, como flexibilizar y agilizar los trámites de las ampliaciones de capital. También se suprime la obligación de las cotizadas de presentar resultados trimestrales (para evitar conductas cortoplacistas) y se facilitan las emisiones de deuda.

Todas estas medidas buscan el objetivo de “mejorar el buen gobierno corporativo de las sociedades cotizadas y sus posibilidades de financiación a largo plazo”, según señaló María Jesús Montero, ministra portavoz, en la rueda de prensa posterior al Consejo. Con ello se contribuye a “sostener el crecimiento económico y a la creación de empleo y de valor para el conjunto de las sociedades”, aseguró.

Este proyecto de ley –­denominado de fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas de sociedades cotizadas y que es la trasposición a la legislación española de una directiva europea que debía estar adaptada en junio de 2019– ha sido una de las primeras apuestas de Nadia Calviño desde que en 2018 asumió la cartera como ministra de Economía. Publicó el texto para consulta pública hace más de un año y después recibió el visto bueno del Consejo de Estado. Ahora solo queda que obtenga el plácet del Congreso.

La normativa establece que una cotizada podrá premiar a los accionistas que permanezcan durante más de dos años en el capital y duplicar sus derechos de voto en una junta. Esto es lo que se conoce como acciones de lealtad, que vienen a romper la equivalencia “una acción, un voto”. Es una figura que ya opera en otros países europeos como Italia, Países Bajos y Francia. Y que, según explica el Ministerio de Economía en un comunicado, “refuerza la vinculación a largo plazo de los accionistas”.

La norma, eso sí, requiere de un importante cuórum de los accionistas para introducir en una compañía las acciones de lealtad. El objetivo es blindar también a los pequeños inversores. Así, será necesario el voto favorable de al menos dos tercios del capital presente o representado en la junta si a esta asisten accionistas con el 50% o más del capital, y del 80% si acuden accionistas con entre el 25% y la mitad de los títulos.

Entre los posibles efectos colaterales estaba reforzar el poder de las grandes familias de la Bolsa, al Estado en sus escasas participaciones en cotizadas –que podrían elevarse ahora a raíz de la crisis y el posible rescate de empresas– y a los fondos de largo plazo ante algunos inversores oportunistas, como hedge funds o fondos activistas. Por ejemplo, puede reforzar el poder del Estado sobre Aena o Indra o de los Del Pino en Ferrovial o los Escarrer en Meliá. También se busca tratar de potenciar las salidas a Bolsa, en un momento en el que el mercado sénior español lleva año y medio sin ningún debut.

Ampliaciones y emisiones

La introducción de las acciones de lealtad no es la única medida con la que el departamento de Calviño trata de dinamizar los mercados patrios. Sin ofrecer muchos detalles, el texto que el Gobierno remitirá al Congreso también agilizará los trámites para llevar a cabo una ampliación de capital. Uno de ellos será recortar su plazo de 10 a 15 días.

Además, el ministerio también pretende fomentar las emisiones de deuda en territorio nacional. Así, fija un umbral de 8 millones de euros a partir del cual las empresas no están obligadas a elaborar un folleto para emitir bonos. Sí plantea, como excepciones, que en algunos casos la CNMV requiera la redacción de este documento y recorta a 5 millones este umbral para los bancos.

 

Otras medidas

Resultados. El proyecto de ley suprime, en línea con lo establecido en otros países de la Unión Europea, la obligación de elaborar informes financieros trimestrales a las sociedades cotizadas, “ya que esta obligación podría incentivar un enfoque cortoplacista en la toma de decisiones”, argumenta el ministerio.

Accionistas. La norma establece que las empresas puedan conocer la identidad de sus inversores para facilitarles el ejercicio de sus derechos y su implicación en la sociedad. Se incrementa también la transparencia de las operaciones vinculadas con el fin de “evitar posibles conflictos de interés” y se regula con mayor detalle la información que se debe incluir en la política de remuneraciones de los miembros del consejo de administración.

Proxy advisors. Por primera vez se regula vez la figura de los asesores de voto o proxy advisors, entidades que prestan servicio de asesoramiento a inversores. La norma establece la obligación de publicar información acerca del código de conducta al que estén adheridos.

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