Incentivos fiscales a la I+D+i, la gran asignatura pendiente
Las deducciones sustentan el 40% de la inversión privada en ciencia
Durante la reciente cumbre empresarial organizada por la CEOE, las principales consultoras mundiales han instado al Gobierno a crear un nuevo marco fiscal acorde con el resto de países de la OCDE para que las empresas españolas no se queden rezagadas en la recuperación económica.
En el caso de los incentivos fiscales a la I+D+i, llama la atención que España está soportando una severa pérdida de competitividad, como ya venían demostrando los datos publicados por la OCDE en diciembre de 2019, de forma que el aprovechamiento de estos incentivos por parte del sector privado es mucho menor a su capacidad efectiva real.
El modesto desempeño de nuestro sistema se refleja en la discrepancia creciente entre la inversión en I+D+i declarada por las empresas, que ha crecido en torno al 14% anual entre 2011 y 2017, y la ejecución presupuestaria pública, que apenas si ha variado en ese tiempo.
Esta pérdida de capacidad efectiva respecto de la capacidad nominal de los incentivos es una tendencia consolidada en los últimos años y que nos aleja del resto de países que tradicionalmente no han adoptado instrumentos fiscales y que, ahora, sí los han introducido, como es el caso de Alemania.
En nuestro país, los incentivos fiscales a la I+D+i sustentan más del 40% de la inversión privada con un esfuerzo presupuestario público inferior al 2,5% del gasto total anual. Además, según el Informe Cotec 2020, la inversión privada en I+D es el principal vector de crecimiento de nuestro sistema de ciencia y tecnología desde 2014.
Dados el peso que tienen estos incentivos en el fomento de la innovación y la situación financiera de nuestras Administraciones, no resulta sencillo concebir instrumentos que los sustituyan. Más bien, es urgente tomar medidas que corrijan el rumbo y nos alineen con el resto de países OCDE, evitando perjudicar la competitividad de nuestras empresas.
Medidas como la reciente ampliación del incentivo fiscal a la innovación tecnológica en automoción son una buena noticia, pero resultan insuficientes para competir globalmente.
Es clave asegurar la predictibilidad en la aplicación efectiva del incentivo, y ello requiere del convencimiento previo y del concierto de todas las Administraciones intervinientes en su confianza en la bondad del mismo.
En concreto, son esenciales la armonización de criterios entre las Administraciones mediante la simplificación de los conceptos de gastos elegibles para la innovación en la línea de lo establecido para la I+D, y el refuerzo de la seguridad jurídica de los mecanismos por los que se incentiva fiscalmente la entrada de nueva inversión al sistema de ciencia e innovación.
Además, es relevante garantizar la emisión expedita de informes motivados, por lo que se deberían dotar más recursos económicos y materiales a los equipos encargados de dichos informes, así como la automatización de procesos y la definición de procedimientos simplificados que permitan, por ejemplo, la concesión automática para solicitudes de pymes innovadoras u otros operadores económicos de confianza.
Los incentivos fiscales han demostrado su capacidad impulsora de la I+D+i empresarial durante dos décadas, aunque en los últimos años han acusado una notable pérdida de eficacia. Por ello, se requiere con urgencia el compromiso y la acción de las Administraciones públicas responsables para revertir una situación que ya es acuciante.
Juan Manuel Garrido es asesor ejecutivo para estructuración y análisis económicos en Kaudal