El Congreso avala el decreto que rige la “nueva normalidad” con el apoyo del PP
La Cámara da luz verde a seguir tramitando la eliminación del veto del Senado a los objetivos de estabilidad
El Congreso de los Diputados ha dado su aval con un amplio apoyo al real decreto ley 21/2020 de 9 de junio que regula la "nueva normalidad" tras la extinción del estado de alarma, al tiempo que ha aprobado su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia para que se puedan añadir mejoras al texto, que es una de las condiciones que había puesto el Grupo Popular para dar su apoyo.
Así este decreto ha recibido el respaldo mayoritario del Congreso gracias también a los votos a favor de los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, y a los de sus aliados en las prórrogas del estado de alarma, en especial Cs y PNV, que esta vez también han negociado el contenido del texto con el Ejecutivo. Vox se ha decantado por el "no", al igual que ERC, EH Bildu y Junts. Por su parte, Compromís ha optado por la abtención, en lugar de apoyarlo, ya que opina que podría haber habido más negociación.
La diputada y vicepresidenta segunda de la Cámara, Ana Pastor, que se ha reunido con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en los últimos días para negociar su apoyo, ha señalado que es necesario incorporar medidas "imprescindibles". A su juicio, España tiene que estar preparada para rebrotes pero también, para una ola de la pandemia a nivel nacional. Ha señalado que "merece la pena" que este decreto "casi inexistente" incluya medidas como la oficina de atención a víctimas. Asimismo, ha criticado que Sanidad "pase toda la responsabilidad a las comunidades autónomas". "No es un tema de competencias, sino de salud púbilca", pidiendo al resto de grupos que "sean generosos por una vez y doten al Ministerio de sanidad de instrumentos necesarios para hacer una verdadera política de sanidad" para todo el país.
Illa ha sido el encargado de defender el decreto de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. En su comparecencia, Illa ha señalado que el Gobierno "valora positivamente" la posibilidad de que las medidas que contiene la orden "se amplíen con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios" al tramitarlo como como proyecto de ley". "Nos gustaría que fuera de la forma más ágil y urgente posible para tener cuanto antes un marco para hacer frente a los posibles brotes", ha dicho.
El uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados y en espacios abiertos si no se puede mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros, el desarrollo de planes de contingencia ante posibles rebrotes, un ámbito de competencias principalmente autonómico o el refuerzo de la atención primaria son algunos de los aspectos más destacados del decreto.
Illa ha subrayado que el decreto se ha elaborado con un amplio grado de consenso porque ha contado con las aportaciones de las comunidades autónomas y ha insistido en que es "esencial" para articular la respuesta frente al Covid-19 hasta que acabe la crisis sanitaria y seguir manteniendo todas las medidas de precaución necesarias. El ministro ha explicado que la norma tiene dos objetivos: dotarnos de las medidas de prevención necesarias en esta fase de "nueva normalidad" y establecer los instrumentos legales y operativos que permitan la "respuesta común y coordinada" de todas las autoridades sanitarias.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha reivindicado en su intervención la necesidad de pactar, para poder llegar a un acuerdo "entre todos" para unos Presupuestos Generales del Estado (PGE). "España lo necesita como medida de contención de la crisis económica. El Gobierno tiene que ser responsable y tiene que presentarnos unas cuentas públicas moderadas en las que podamos estar todos los grupos parlamentarios", ha dicho, afirmando que "serán los presupuestos más importantes de nuestra historia", frente a la previsión de caída del PIB y la tasa de desempleo. "No podemos dejarlos en manos de Bildu y de ERC. Es importante pactar y ceder al interés común", ha afirmado.
Por el PNV, Aitor Esteban, ha manifestado en el pleno que "no tiene ningun sentido" tramitarlo como proyecto de ley, dado que a su juicio tiene que tener carácter provisional. "A no ser que se pretenda utilizar para realizar modificaciones de mayor calado, no nos parece que sea el instrumento adecuado", ha afirmado, tras añadir que no aceptará "nunca" una "merma de las competecias que tiene Euskadi" o a las instituciones vascas o navarras. "Esta legislación tiene que estar destinada a desaparecer lo más rápidamente posible", ha aseverado. Así, ha reconocido que ahora el artículo está bien "modulado", tras haber negociado durante días con el Gobierno su contenido, afirmando que las competencias de las autonomías se mantienen en todo momento.
La eliminación del veto del Senado a la senda de déficit sigue su tramitación
El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves las enmiendas de totalidad presentadas por PP y Vox a la proposición de ley del Grupo Socialista para eliminar la Ley de Estabilidad Presupuestaria la capacidad de veto del Senado a los objetivos de estabilidad y el techo de gasto, por lo que continuará su tramitación con el debate de las 15 enmiendas parciales que se han registrado.
La mayoría de los partidos políticos han apoyado modificar esta Ley sobre todo para que los ayuntamientos y autonomías puedan invertir sus superávit en políticas sociales.
El PSOE y Unidas Podemos han urgido la tramitación de esta iniciativa porque es la base para una aprobación de presupuestos que deberá contemplar un elevado gasto público en servicios sociales para paliar los efectos del coronavirus. Por su parte, Ciudadanos ha incidido en que el veto que pone el Senado a la senda de déficit debe ser levantado por mayoría de tres quintos en el Congreso y no por mayoría simple, como propone la iniciativa socialista.
ERC, JxCAT, PNV, Compromís, EH Bildu, CC, Más País y la Cup se han mostrado a favor de que se derogue la Ley de Estabilidad y han pedido poder utilizar los superávit de las administraciones para hacer frente a la situación de emergencia actual. PNV y Más País también han considerado que el veto del Senado supone una "anomalía" al régimen general de tramitación de las leyes en el Parlamento.