Economía del Covid-19: industria y plataformas vs. factor humano

La mayor lentitud en la toma de decisiones en determinados países occidentales en la crisis se debe a su menguante capacidad industrial

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Tras la irrupción del virus y unas lógicas semanas de desconcierto inicial, pronto quedó definido el modelo asiático de lucha contra el mismo, y sus diversas implicaciones económicas. A medida que este modelo se consagraba como única estrategia exitosa, múltiples países, en todas las latitudes, han ido convergiendo al mismo, incluso Suecia se replantea ahora su táctica. Como es sabido, este modelo se define por la rapidez inicial en la toma de decisiones para favorecer el distanciamiento social. Frente a una curva exponencial, cuanto más pronto se tomen estas medidas, menos estrictas serán y, por tanto, menor será su incidencia económica. Este modelo también se caracteriza por el uso generalizado de mascarillas y otros EPI, y el ya famoso test and trace (T&T), es decir, testar ante cualquier indicio o síntoma, y ante un positivo, rastrear, con nuevos test, a todos los contactos de la persona contagiada.

Este modelo exige un derroche de capacidad industrial autóctona para garantizar el suministro masivo y continuado de esos productos a precios razonables y así evitar, por ejemplo, que las economías domésticas de menor renta acaben reutilizando indefinidamente la misma mascarilla, aumentando el riesgo global de propagación del virus.

La alianza entre la industria y los sistemas tecnológicos en Asia les ha permitido desarrollar nuevos productos ad hoc, que ahora compramos el resto del mundo, en mercados con exceso de demanda. Entre ellos, los nuevos dispositivos para tomar la temperatura, en todos sus formatos, incluidas las cámaras de última generación que poblarán nuestras infraestructuras sociales, desde centros comerciales hasta aeropuertos. La industria del Covid pronto se convirtió en el gran negocio del año y su importación, el mejor hábitat del especulador avezado, en ocasiones con patente de corso expedida por alguna Administración pública.

El éxito del modelo asiático radica en que consigue alejar el frente del conflicto del sistema sanitario, evitando su congestión, ya que pronto supimos que la tasa de letalidad del virus entre los contagiados está correlacionada positivamente con el grado de congestión de la sanidad, como publicó The Lancet en febrero.

A la luz de los acontecimientos, no es descabellado suponer que la mayor lentitud en la toma de decisiones en determinados países occidentales se debió a la menguante capacidad industrial de muchas de sus economías. ¿Cómo imponer el uso obligatorio de las mascarillas a la población cuando apenas había para el personal sanitario y las fuerzas de seguridad? ¿Cómo rastrear los contactos de los contagiados con tan pocos test y muchos defectuosos? De hecho, el riesgo añadido que han corrido muchos países, entre ellos el nuestro, por el significativo porcentaje de productos sanitarios importados defectuosos justificaría la necesidad de replantear, a nivel global, la adscripción de estos productos dentro de los acuerdos de la OMC y, a nivel europeo, su necesario impulso mediante una Política Industrial Común, trasunta de la PAC.

A falta de empuje tecnológico y menor capacidad industrial, países como España han basado su estrategia en el factor humano. Se podría definir como una estrategia en primera persona: personal sanitario, fuerzas de seguridad, políticos y técnicos en ruedas de prensa maratonianas y, ahora, cuadrillas de rastreadores o vigilantes de la playa. Lo cual era no solo más peligroso para los servidores públicos en contacto directo con los contagiados sino, como pronto descubrimos, mucho más caro e ineficiente. Afortunadamente, la significativamente menor tasa de letalidad en personas menores de 70 años limitó los efectos de la pandemia. Sin esta asimetría, y con más de 51.000 trabajadores del sistema sanitario contagiados, ¿quién hubiera cuidado de los que nos cuidan?

Pero el elemento más disruptivo, como ahora gusta decir, del modelo asiático es la generación de plataformas, generalmente, aunque no siempre, gestionada mediante una Covid-app con variadas funcionalidades: rastreo de los contagiados, en particular, y de la población, en general; autodiagnosis de los ciudadanos; telemedicina; gestión de cuarentenas; solicitud de test y envío de sus resultados, o control del acceso a determinadas instalaciones.

Pronto surgió el debate. Sus detractores argumentan que estas apps pueden tener una limitada utilidad, dado el escaso uso que de las mismas haría la población de riesgo, de más de 70 años. Esta justificación quizás olvida que el principal vector de transmisión que utiliza el virus son, precisamente, los menores de 70 años, que representan, como mínimo, un 65% de los contagiados en España, sin olvidar el apoyo que ofrecerían a los cuidadores de los más vulnerables. También se ha expuesto que los problemas de privacidad y de control de la población suponen un riesgo cierto para nuestras democracias. Aunque llama la atención que en abril, mientras Corea del Sur celebraba, sin grandes dificultades, sus elecciones nacionales legislativas, nosotros posponíamos las autonómicas de Euskadi y Galicia, o Francia, la segunda vuelta de las municipales. Tampoco parece congruente con este argumento que 8 de los 10 países con mayor valor del Democracy Index de The Economist, es decir, las conocidas como democracias plenas, todas occidentales, tengan ya o estén desarrollando una Covid-app.

Sin negar que quedan cuestiones por resolver, puede que en este debate se esté minusvalorando que, para países como España, las ventajas de esta herramienta pueden superar el ámbito de la pandemia. ¿Por qué no multiplicar las funcionalidades de la Covid-app española?, que en breve comenzará su experiencia piloto en Canarias. ¿Por qué no convertirla en el caballo de Troya de una política nacional de plataformas y digitalización de la sociedad española, más ambiciosa y a largo plazo? Que favorezca una nueva Administración digital, en la que, por ejemplo, se puedan pedir ayudas públicas relativas al Covid-19 mediante la misma; que facilite el acceso a la telemedicina a los ciudadanos, incluso después de la pandemia, o que posibilite el aprovisionamiento de bienes y servicios, sin salir de casa, a la población de riesgo.

España no debe renunciar todavía a estar en la locomotora de la economía digital, pero cada vez quedan menos estaciones para poder subirse a ese tren y el Covid es una de ellas.

José Ignacio Castillo Manzano es Catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla