Unicaja y Kutxabank tienen hasta 2025 para constituir su fondo de reserva
El Gobierno amplía a los beneficiarios de la moratoria de las préstamos hipotecarios y no hipotecarios
El Consejo de Ministros ha decidido conceder un año más de plazo a las fundaciones bancarias que hubiesen optado por constituir un fondo de reserva en lugar de sacar a Bolsa a la entidad para reducir su participación en la misma.
Así lo ha anunciado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La decisión la ha justificado en las circunstancias actuales generadas por la expansión del coronavirus.
La normativa española sobre las antiguas cajas de ahorros establecía que las participaciones de las fundaciones en las entidades debían reducirse por debajo del 50% este mismo año.
Para cumplir con la regulación, tenían dos opciones: salir a Bolsa (la opción elegida por Ibercaja, pero que el Gobierno al final le ha ampliado el plazo, o también tiene la opción de crear este fondo de rescate) o constituir un fondo de reserva para garantizar la financiación de la entidad de crédito participada en situaciones de dificultades, medida acordada por las fundaciones accionistas de Unicaja, aunque cotiza, pero controla casi el 50% del capital y no quiere vender ahora un 10% en el mercado, y de Kutxabank.
El plazo para la constitución de este fondo se fijó en cinco años a contar desde junio de 2015, pero dos años después se amplió a ocho, extendiéndose hasta 2024. El Ejecutivo se guardaba la posibilidad de prorrogar el plazo por un año más y así lo ha hecho este mismo martes.
Precisamente hace casi un mes el Gobierno también alivió la presión para las entidades que optaron por la vía de la salida a Bolsa, extendiendo el tiempo dispuesto hasta dos años. Esta medida afectaba a Ibercaja, que debía debutar en Bolsa este mismo 2020 para cumplir con la legislación.
Los bancos no podrán repartir dividendos hasta octubre
En otro orden de cosas, el Real Decreto-Ley aprobado este martes incluye un incentivo a la moratoria de las préstamos hipotecarios y no hipotecarios, que amplía a los beneficiarios de un aplazamiento de deuda, en línea con la recomendación de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) para limitar el impacto económico causado por la pandemia.
Igualmente, adopta en el texto la recomendación del Banco Central Europeo (BCE) para que las entidades de crédito se abstengan de repartir dividendos o de contraer compromisos irrevocables de repartir beneficios hasta al menos octubre de este año.