Derogar íntegra la reforma laboral: absurdo y contraproducente

Además de ser demagógico, técnicamente inviable y económicamente perjudicial, el mensaje político que se transmite es peligroso y autoritario

Derogar íntegra la reforma laboral: absurdo y contraproducente

Tomo prestadas, para titular este artículo, las palabras de la ministra de Economía acerca del acuerdo suscrito por PSOE, Podemos y Bildu para la “derogación íntegra” de la reforma laboral de 2012. La ministra se refiere al contenido del acuerdo, sin duda, pero no menos absurda es la situación que se ha generado a raíz de su suscripción. Un acuerdo suscrito por la portavoz parlamentaria del partido de Gobierno, que ostenta la presidencia del mismo, junto con el portavoz del otro partido de Gobierno y un tercer aliado ocasional con el que, por cierto, el presidente había declarado públicamente que nunca suscribiría acuerdos. Acuerdo que, sin embargo, es inmediatamente rectificado por el primero de dichos partidos, que corrige unilateralmente su redacción, y posteriormente desautorizado por la ministra de Economía del Gobierno en el que se integran dos de los tres firmantes. Entretanto, el vicepresidente del Gobierno, representante del otro partido coaligado y firmante, rechaza la modificación del texto publicada por su socio de coalición y advierte de la exigencia de cumplimiento literal del inicialmente suscrito. ¿Hay quien dé más? ¿Hay alguien al mando? Esta galera necesita un cómitre que, si no puede evitar la algarabía, al menos le ponga sordina. En Europa, la vieja frase de Astérix: “Estos romanos deben estar locos”, se debe estar repitiendo, corregida y aumentada, para referirse a nosotros y a nuestros gobernantes.

Pero, dejando de lado el sainete de la firma, corrección, defensa y desautorización del acuerdo, hemos de coincidir con la ministra en que su pretensión, en lo que se refiere a la derogación íntegra de la reforma laboral, es absurda y contraproducente. Y lo es desde un triple punto de vista, técnico (técnico-jurídico), económico y político.

En primer lugar, lo es desde el punto de vista técnico. La llamada reforma laboral del Partido Popular no está concentrada en una sola norma (la Ley 3/2012), sino que ha sido llevada a cabo por una pluralidad de normas. Su contenido es amplio y complejo y en muchas ocasiones ha sido posteriormente modificado, incluso por Gobiernos socialistas. Además, de ese contenido forman parte regulaciones claramente protectoras del trabajo (por ejemplo, la adaptación de jornada por motivos de conciliación, posteriormente modificada y ampliada; la exigencia de preaviso de cinco días en supuestos de distribución irregular de la jornada). La derogación “íntegra” no tiene sentido y no es viable. Tanto por esa complejidad como porque la derogación de una norma no provoca que recuperen vigencia automáticamente las regulaciones precedentes a las de la norma derogada, lo que exigiría una regulación nueva de las distintas materias afectadas. Si esta sustitución es simultánea a la derogación, en realidad se estaría regulando de nuevo las materias correspondientes (si se quiere, en un bucle ciertamente sorprendente, en los mismos términos en que estuvieron reguladas con anterioridad), lo que nos hace ver que lo de la “derogación íntegra” de la reforma laboral no es más que un eslogan cuya finalidad es, fundamentalmente, como veremos, política. Es carnaza demagógica y no planteamiento mínimamente solvente.

En segundo lugar, la pretensión del acuerdo es contraproducente desde el punto de vista económico. La recuperación de instituciones del pasado, con unas relaciones laborales rígidas y un resurgimiento del intervencionismo administrativo en ellas, es lo último que necesita nuestro mercado de trabajo y lo último que reclaman nuestras relaciones laborales. El gran desafío que tenemos que afrontar es hacer compatible la protección de los intereses de los trabajadores con la gestión flexible de la organización del trabajo y de la producción. Se habla mucho de la “recuperación de derechos”, olvidando que, como decía Ihering, los derechos no son más que intereses jurídicamente protegidos, y esa protección, en el ámbito laboral, sería suicida pretenderla a costa de la eficiencia y de la productividad de la empresa.

Tenemos el gran reto del empleo, del que no podremos salir airosos sin crear condiciones adecuadas para la inversión creadora de riqueza. Y tenemos el reto de afrontar los nuevos problemas de las relaciones de trabajo (el papel del trabajo a distancia, las exigencias de la conciliación de la vida familiar y laboral, una organización del trabajo suficientemente flexible para permitir la adaptación continua que las empresas necesitan para sobrevivir, el respeto de nuevas pautas preventivas y sanitarias en el trabajo, etcétera), que son incomprensibles con esquemas del pasado.

Por último, el acuerdo es muy peligroso desde el punto de vista político. La “derogación íntegra” de la reforma, su anulación total, encierra sobre todo un mensaje político. Si algún partido que no forme parte de las “fuerzas progresistas” se atreve en algún momento a desarrollar una política legislativa propia en materias sensibles (sobre las que esas fuerzas progresistas se atribuyen el monopolio), sus reformas, sea cual sea su resultado, serán anuladas en cuanto se restablezca el orden natural de las cosas.

Cuando se recurrió la constitucionalidad de la Ley 3/2012, en el fondo se trataba de hacer prevalecer ese planteamiento: solo una determinada orientación de la política laboral y social tendría cabida en la Constitución. Si por accidente otros partidos que sostengan una política distinta llegan al Gobierno, sus reformas carecerán de legitimidad y deberán ser anuladas. El Tribunal Constitucional tuvo que aclarar que la Constitución ha de permitir el desarrollo de políticas diferenciadas y de que no hay un modelo de relaciones laborales del que no quepa separarse. La descalificación del adversario que está en la base de estos planteamientos contiene los gérmenes de una deriva autoritaria que puede deteriorar gravemente nuestra salud democrática.

Federico Durán López es Catedrático de Derecho del Trabajo. Consejero de Garrigues