Los estudiantes del máster de acceso a la abogacía, divididos ante el examen online de julio

Unos aceptan la propuesta, pero otros la ven tardía y discriminatoria y solicitan la exoneración temporal

Los estudiantes del máster de acceso a la abogacía, divididos ante el examen online de julio

La realización de la prueba de acceso a la abogacía sigue levantando polémica. Mientras que en las últimas semanas se criticaba la situación de parón en la que se encontraba la convocatoria, ahora, los casi 7.000 aspirantes a abogados de toda España debaten sobre la viabilidad de la solución planteada por el Ministerio de Justicia de realizar el examen de forma telemática durante el mes de julio. Esta propuesta fue publicada por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) el pasado jueves, aunque no ha sido todavía confirmada por el departamento que dirige Juan Carlos Campo.

Los aspirantes ven con diferentes ojos la propuesta del ministerio. Por un lado, están los que apoyan la medida porque, al fin y al cabo, es una solución que les permitiría colegiarse y, por tanto, ejercer. Además, el hecho de realizar la prueba online elimina el riesgo de contagio al que se podrían ver expuestos en caso de examinarse presencialmente. Por otro lado, se encuentran los que consideran que sigue siendo una opción muy lenta (de realizarse en julio, los graduados no podrían ejercer hasta, mínimo, septiembre) y no apta para todo el mundo, ya que no todos cuentan con los recursos suficientes.

En el primer grupo se encuentra Mónica Fernández-Arroyo, graduada en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares. “Me da cierta tranquilidad ver que se han escuchado nuestras súplicas y están intentando poner una solución”. Coincide con esta opinión Ana Gómez, de la Universidad Pablo Olavide en Sevilla, quien agradece la voluntad de cooperación que finalmente parece estar mostrando el ministerio.

No obstante, ambas aspirantes matizan que, de optarse por esta vía, la Administración “deberá asegurarse de que se cumplen todas las garantías”, agrega Gómez, especificando qué medidas de seguridad se van a tomar (micrófonos o webcam durante el examen) o si facilitarán recursos a aquellos postulantes que no cuenten, por ejemplo, con un ordenador o conexión a internet.

Detractores

La brecha digital es uno de los argumentos más repetidos por los detractores de la modalidad online. Asimismo, algunos apuntan que hay muchas personas con parientes juristas que podrían ayudar en el examen. En este sentido, Patricia de María, aspirante a la prueba de acceso y graduada por la Universidad de Extremadura, apuesta por habilitar más sedes físicas por toda España, permitiendo a los aspirantes realizar el test “cerca de sus localidades y cumpliendo las medidas de seguridad”. En la actualidad, los aspirantes se reparten por ocho sedes de todo el país, por lo que los estudiantes de comunidades como Extremadura o Baleares deben trasladarse a Madrid para examinarse.

Por su parte, Jesús Patiño, graduado por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), se opone en redondo a la opción planteada por el ministerio al considerar que "imposibilita a los alumnos acceder de forma rápida al mercado laboral". Y es que, al no realizar la prueba, los juristas no pueden colegiarse ni, por tanto, ejercer. Para Patiño esto ha supuesto un perjuicio evidente: el despacho que le ofreció trabajo tuvo que retirar su oferta ante la imposibilidad de poderse colegiar próximamente.

Por eso, el graduado aboga por la exoneración temporal. Es decir, que Justicia autorice a los aspirantes a ejercer como abogados hasta que las condiciones permitan realizar la prueba con normalidad. Entonces, los juristas podrían examinarse para “oficializar” su estatus. Para Patiño, esta propuesta de ningún modo habilita a personas sin conocimientos en Derecho, ya que “todos los que nos presentamos ya hemos cursado cuatro años de universidad y casi dos de máster”.

En esta línea, señala que se trata de un examen que tiene un alto ratio de aprobados (en las convocatorias de 2018, casi el 98% de los aspirantes fueron considerados aptos para ejercer). Además, Patiño recuerda que el requisito de la prueba no fue incorporado hasta 2015, y que, hasta entonces, la realización de una prueba de aptitud no era necesaria para poder trabajar como letrado. Aunque en España no parece que vaya a tener mucho recorrido, esta medida sí ha sido aceptada en Utah, en EE.UU. El Tribunal Supremo de este estado decidió el pasado 21 de abril eliminar la prueba de acceso por la emergencia sanitaria.

No obstante, Manuel Guerrero, de la UCLM, se opone por completo a esta opción, ya que la exoneración podría suponer un perjuicio a la hora de buscar trabajo. “En un mercado tan competitivo como es el del derecho, ser identificado como de la generación que no realizó la prueba de aptitud puede ser un punto en contra”, expone.

Cronología de una incertidumbre

Aplazamiento. El conflicto por la prueba de acceso comenzó el 10 de marzo, cuando el Ministerio de Justicia anunció el aplazamiento sine die del examen a causa del coronavirus. Aunque en su momento esta decisión fuera razonable, la suspensión indeterminada dejó a miles de graduados de toda España en una especie de limbo, impidiéndoles acceder al mercado laboral.

Organización. Durante las siguientes semanas, los estudiantes se organizaron para articular una respuesta conjunta. El núcleo principal fue un grupo de Facebook en el que expresaban sus opiniones respecto a cómo debía resolverse su situación. Además, los alumnos enviaron un sinfín de escritos al ministerio, trasladando su situación e instándole a dar una respuesta. No obstante, de Justicia solo obtuvieron silencio o, en el mejor de los casos, respuestas vagas.

Apoyo. En los últimos días, varios organismos, como la Asociación de Jóvenes Abogados de Madrid, la de Barcelona y el Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho, han manifestado públicamente su apoyo a los aspirantes. A ellos se le sumaron posteriormente varios colegios de abogados, como el de Madrid, el de Barcelona y el de Cáceres, entre otros. Consultado por este diario, el Ministerio de Justicia ha rechazado confirmar que estén preparando una prueba telemática, aunque ha expresado que están movilizándose para dar una solución “lo más pronto posible”.

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