El Gobierno permite a las autonomías intervenir laboratorios y fijar precios de los test del Covid-19

Sanidad se dota de capacidad legal para acabar con una especulación abusiva que cobra a los pacientes hasta 300 euros por una prueba diagnóstica

El Ministro de Sanidad, Salvador IllaMoncloa (Moncloa)

El Gobierno ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado una orden  con la que pretende agilizar y regular el abuso que ha detectado en las pruebas clínicas necesarias para detectar el virus del covid-19

Según la orden, el Gobierno ha puesto en manos de las Comunidades Autónomas la capacidad de intervenir ."centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de titularidad privada ubicados en su comunidad autónoma que no estén prestando servicio en el Sistema Nacional de Salud, así como su personal".

Y subraya que "la puesta a disposición de estos medios incluye la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para la regulación de los precios de las pruebas diagnósticas para la detección del Covid-19, con el objeto de evitar situaciones abusivas en el acceso a este servicio".

En este sentido el Ejecutivo pretende entrar de lleno en recientes denuncias que aseguran que la medicina privada estaba cobrando hasta 300 euros a particulares por la realización de un test del Covid-19.

El ministerio de Sanidad establece igualmente que "cualquier entidad de naturaleza pública o privada que, en relación con las pruebas diagnósticas para la detección del Covid-19 adquiera hisopos para toma de muestras, medio de transporte de virus, reactivos de inactivación, ácidos nucleicos o reacciones de PCR, o test rápidos diagnósticos deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma en la que se encuentren ubicados y/o presten sus servicios, con indicación expresa del tipo de material, número de unidades adquiridas y destino de uso.

Y añade que "ésta información  deberá ser comunicada a la mayor brevedad posible, correspondiendo a la autoridad sanitaria competente de cada comunidad autónoma establecer el procedimiento concreto para su remisión"

En este punto, Sanidad se reserva toda su capacidad de acción al establecer en la citada orden que "una vez recibida esta información [Sanidad} podrá adoptar, en su caso, las medidas oportunas en atención a criterios de necesidad y urgencia, con el objetivo de garantizar los principios de equidad y cohesión". Es decir, intervenir materiales y capacidad de diagnóstico no puesto al servicio de la autoridad autonómica o central.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se ha referido hoy en la rueda de prensa diaria del Comité Técnico de Gestión, ha justificado la orden ministerial asegurando que "no podemos permitir que en un periodo de escasez las pruebas de diagnóstico se utilicen en un grupo de población no suficientemente representativo y que los datos que se extraigan no se pongan en conocimiento de las autoridades competentes".