Los pleitos por Covid-19 abonan la aparición de nuevos ‘Arriagas’
La crisis impulsa la creación de plataformas de afectados que sigan un modelo de negocio similar al de las cláusulas suelo
La abogacía toma posiciones ante la altísima litigiosidad que traerá la crisis del coronavirus. En las últimas semanas, tanto despachos como letrados particulares han impulsado numerosas iniciativas que, articuladas a través de plataformas y asociaciones, ofrecen atender de manera gratuita a los afectados por el virus o las consecuencias de las medidas para combatirlo. Brindan desde la atención psicológica hasta, por supuesto, asesoramiento jurídico de todo tipo. Así, estas entidades resuelven consultas sobre el contenido de los reales decretos publicados en las últimas semanas, dudas sobre aplazamientos del pago de alquiler o qué hacer si una familia quiere sacar a un pariente que está en una residencia de ancianos. Las plataformas afirman no tener ningún tipo de vinculación con partidos políticos. Su finalidad, insisten, es únicamente la de ayudar a aquellas personas que se hayan visto perjudicadas por la emergencia sanitaria del Covid-19.
Pero no son solo consultorios legales. La mayoría de ellas admite que, más adelante, si se observa que hay base para emprender acciones legales contra administraciones u otras entidades, reclamarán por los daños y perjuicios ocasionados. Es el caso de la Asociación de Afectados por el Covid 19 (Asacovid), ubicada en Valencia. Este organismo ofrece asistencia, entre otros, a los afectados por residencias de tercera edad o los pertenecientes a grupos profesionales expuestos, como sanitarios y miembros de las fuerzas de seguridad.
Aunque subraya que no hay nada seguro, la asociación valenciana no descarta litigar por varias vías (civil, administrativa o, incluso, penal). “Analizaremos cada caso para ver la viabilidad y trayectoria que pueda tener para poder pedir responsabilidades a quién se deba”, indica el abogado y presidente de la entidad, Juan Manuel Hitas. La misma línea ha adoptado la Asociación Española de Víctimas de Covid-19, radicada en Granada. “Ahora mismo no es nuestra prioridad, pero analizaremos caso por caso y, en aquellos lo suficientemente consistentes, nos plantearemos pleitear”, explica Lázaro Chico, abogado y secretario del organismo.
Aunque la asistencia previa no tenga ningún coste para el interesado, ambas asociaciones concretan que, en caso de acabar ante un juez, el servicio dejaría de ser gratuito. “Al fin y al cabo, un juicio puede llegar a ser un proceso muy largo y, por tanto, costoso”, matiza Chico.
Como describe el socio de un despacho mediano, “es el momento para que triunfen los nuevos Arriagas”. O dicho de otro modo, existe una gran oportunidad de mercado para quien sea capaz de aunar un gran número de demandas similares, que puedan tramitarse de forma casi automática y a un coste muy bajo. Eso sí, aún está por encontrar la reclamación estrella que garantice la rentabilidad del modelo gracias a la suma de casos, como sucedió con las cláusulas suelo. En todo caso, la búsqueda ha comenzado.
La abogacía, en guerra
La de estas plataformas no es la única toma de posición que se está produciendo en el mercado de los servicios legales. Algunos bufetes de mayor tamaño han anunciado proyectos pro bono para ofrecer asesoramiento gratuito a particulares y empresas en una situación complicada, una acción que ha generado fuertes tensiones en el seno de la profesión.
Tanto es así que la abogacía institucional se ha visto presionada para intervenir. Hace unos días, el Consejo General (CGAE) y el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) emitieron sendos comunicados en los que recordaban que el Código Deontológico prohíbe expresamente publicitar servicios legales durante un contexto de tragedia o crisis. Por su parte, Diario Sur informa de que el Colegio de Abogados de Málaga ya ha expedientado a ocho despachos por publicitar servicios legales relativos al coronavirus. Su decano, Francisco Javier Lara, ha subrayadao que estas conductas son completamente "irregulares y reprochables", y reprocha que haya bufetes que intenten obtener un rédito de una crisis "tan devastadora" como la actual.
En Madrid aún no hay ningún sancionado, pero según relatan desde el ICAM, en los últimos días han recibido quejas por parte de sus colegiados contra algunos pequeños despachos y otros de tamaño medio y grande como Ecija, Broseta, Ontier, Rödl & Partner o Cremades & Calvo-Sotelo, que han comunicado campañas de asesoramiento pro bono para empresas y particulares.
La que más suspicacias ha levantado, en todo caso, según fuentes colegiales, es La ley te protege, impulsada por Cremades & Calvo-Sotelo, despacho que, según indican, ya ha protagonizado episodios de promoción agresiva de sus servicios legales. Otra de las pruebas de publicidad irregular que estudia el ICAM es un tuit del 24 de marzo de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, agradeciendo al bufete la donación de “una importante cuantía en materia jurídica para autónomos, empresas, asociaciones, etcétera.”.
Javier Cremades, socio director de la firma, niega las sospechas y apunta que hay diferencias entre los abogados que intentan aprovecharse de una situación de vulnerabilidad “y aquellos que ofrecen sus conocimientos legales en formato pro bono”. Si hay confusión, explica, es por culpa de la abogacía institucional que “no ha establecido una línea clara sobre qué se puede hacer y qué no”. Pero va más allá contra las instituciones, a las que acusa de haber adoptado una posición corporativista, atendiendo las reclamaciones de ciertos colectivos, pero sin adoptar una solución global. En todo caso, según confirma Cremades, el despacho ha decido suspender su iniciativa a la espera de que la Abogacía se pronuncie sobre su regularidad. En todo caso, el despacho no ha retirado las publicaciones en las redes que promocionan La ley te protege.
Pero este no es el único frente abierto en el seno de la abogacía por los anuncios de asesoramiento gratuito. Los letrados del turno de oficio también han mostrado su indignación a estas iniciativas. El ICAM se ha posicionado al lado de esta corriente tachando de “innecesario” el pro bono por “colisionar” con el trabajo de más de 5.500 abogados adscritos a los servicios de asistencia jurídica gratuita en Madrid.
Avalancha de reclamaciones
El momento no deja de ser paradójico para la abogacía. El nerviosismo por la inminencia de una nueva crisis económica, se combina con la toma de posiciones ante la previsión de una avalancha de litigios sin precedentes. Lo saben los abogados y también el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ya ha empezado a tomar medidas para evitar el colapso de juzgados y tribunales. El plan de choque abarca desde la concentración de asuntos o la especialización de juzgados, hasta el refuerzo de medios y personal.
En este sentido, Alfonso Merino, abogado de RSM, advierte de que uno de los principales objetivos de estas demandas serán las Administraciones. La ley que regula los estados de alarma establece que todas aquellas personas que “sufran de forma directa daños por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados” siempre que no se trate de un supuesto de fuerza mayor o no tengan el deber de soportar el perjuicio.
El dilema deontológico
Marketing. La polémica sobre la ilegalidad de determinadas prácticas por parte de despachos que ofrecen asesoramiento jurídico gratuito reside en el artículo 6 del Código Deontológico de la abogacía, que prohíbe la publicidad de servicios legales en momentos de crisis o catástrofe. En este sentido, Francisco Pérez Bes, abogado y experto en publicidad de despachos, señala que esta limitación “está pensada principalmente para casos más groseros de, por ejemplo, letrados que acuden a los hospitales para repartir tarjetas a familiares que acaban de sufrir una pérdida”. No obstante, considera que esta prohibición “encaja con la situación actual”, ya que hay muchas personas que se encuentran en un contexto de angustia y miedo.
Pro bono. ¿Significa esto que los abogados no pueden ofertar de buena fe servicios jurídicos sin coste alguno? Aunque la prohibición deontológica abarca únicamente la publicidad, el letrado advierte de que ofrecer asistencia legal gratuita puede suponer una práctica de competencia desleal. “Se trata de un asunto complejo”, subraya. Aunque la iniciativa esté diseñada con el único objetivo de ayudar, se podría entender que causa un prejuicio en el mercado. “No todo el mundo puede permitirse prestar asesoramiento gratis”, señala.
Zona gris. ¿Qué ocurre cuando las iniciativas provienen de asociaciones o plataformas diferentes de despachos de abogados? El código está pensado para aplicarse sobre firmas profesionales y no sobre entidades de otra naturaleza. Las asociaciones son, por tanto, zonas grises que no permiten con tanta facilidad la aplicación de las estrictas normas deontológicas, “a pesar de que estén formadas por abogados”, subraya Pérez Bes.