Coronavirus

Las pequeñas eléctricas temen quebrar al tener que asumir ayudas al consumidor

500 comercializadoras deben asumir la ampliaicón del bono social y financiar parte del aplazamiento de las facturas

Redes eléctricas.
Redes eléctricas.

El Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al coronavirus, establece una serie de ayudas a los consumidores afectados por ERE y a pymes y autónomos que se han visto obligados a parar su actividad como consecuencia del estado de alarma que rige desde el 14 de marzo.

Aunque parte de estas medidas serán asumidas por el Estado, otra parte correrá a cargo del sector energético. El objetivo, según fuentes políticas, es que haya una transferencia de rentas de un sector que no está entre los más afectados económicamente por la crisis, por tratarse de un servicio esencial, hacia los más afectados. Sin embargo, en el mercado eléctrico conviven grandes comercializadoras integradas en los grandes grupos empresariales (Endesa, Iberdrola o Naturgy), con centenares de pequeñas (algunas ligadas también a grandes compañías, como Repsol, Cepsa, El Corte Inglés o Telefónica), así como centenares de pequeñas compañías independientes. Entre todas suman más 500, según datos de la CNMC.

En este último grupo (muchas sin apenas actividad y otras arrastrando ya una delicada situación financiera) se ha desencadenado el temor a la quiebra, no solo por la obligación de asumir algunas de las medidas de apoyo temporal a los consumidores, sino por la propia situación en que ha quedado el mercado.

Entre las medidas incluidas en el RDL en favor de los usuarios eléctricos (también del agua y el gas) están la extensión de los consumidores con derecho al bono social de la tarifa (entre un 25% y un 100%, dependiendo de la vulnerabilidad); el aplazamiento del pago de las facturas durante seis meses; la posibilidad de que las pymes se bajen la potencia contratada sin coste, y la prohibición de que las empresas corten el suministro a ningún ciudadano.

El coste de la ampliación del bono de la tarifa (23 millones de euros, según la memoria de impacto económico del RDL) correrá a cargo de todas las comercializadoras en función de su cuota de mercado; el aplazamiento del cobro, por su parte, podrá ser financiado por las empresas con el aval del Estado. El Estado asumirá también la pérdida de ingresos del sistema (37 millones de euros, según estimación oficial) por bajadas de potencia, pero solo durante el estado de alarma.

Además de la asunción del coste del bono social (se desconoce en cuánto se ampliará el colectivo), las comercializadoras se lamentan de tener que financiar la factura durante los citados meses, aunque si finalmente se produce morosidad, podrían ejecutar el aval del Estado. De los distintos componentes de la factura, estas solo asumirán el coste de la energía ya que los peajes se repercutirán a las distribuidoras, en tanto que los tributos se liquidarán hasta transcurridos seis meses desde el fin del estado de alarma.

Concretamente, en el texto que entró en vigor el 31 de marzo, las comercializadoras de electricidad y gas natural y las distribuidoras de GLP (butano y propano) quedarán eximidas de la liquidación del IVA, del impuesto especial de la electricidad, en su caso, y del impuesto especial de hidrocarburos, también en su caso, “correspondientes a las facturas cuyo pago haya sido suspendido en virtud de esta medida, hasta que el consumidor las haya abonado de forma completa, o hayan transcurrido seis meses desde la finalización del estado de alarma”.

Las distribuidoras, que gestionan las redes y cobran una retribución regulada incluida en los peajes de acceso, también se quejan por tener que asumir este coste. En más de un 90% esta actividad la desarrollan filiales de los grandes grupos integrados en Aelec (antigua Unesa). El resto está en manos de unas 300 pequeñas distribuidoras, asociadas en su mayoría en Cide. Estas consideran que su situación económica no les permite financiar los peajes tantos meses.

Fuentes políticas critican que las grandes eléctricas “hayan prometido tantos donativos y supuestas ayudas para sus clientes afectados por la grave crisis sanitaria”, y cuando se fijan las ayudas en una norma legal de obligado cumplimiento se quejen”.

Entre la criba y el “aquí no pagará nadie”

Las comercializadoras independientes, algunas de éxito como Holaluz, han sido las protagonistas de la dura competencia en un mercado como el eléctrico, donde existen ocho comercializadoras de referencia (COR), obligadas a suministrar a un precio establecido (PVPC) a los pequeños (con menos de 10 kW de potencia contratada), que son, por otra parte, los que tienen derecho al bono social o descuentos en el recibo. Las independientes del mercado libre han denunciado esta obligación de sufragar un bono que ellas no pueden ofrecer.

La actual crisis puede desencadenar una criba en un mercado atomizado, y no solo por las ayudas que deben asumir legalmente, sino por el derrumbe del mismo. Muchas eléctricas de nuevo cuño cuentan solo con unos pocos clientes: empresas, más o menos grandes, que han tenido que cerrar y no están consumiendo. Además, han cubierto ya el suministro estimado a precios más altos que los que se registran estos días, en un pool hundido.

Otra consecuencia que denuncia el sector es que la prohibición de cortar la luz o de aplazar el pago provocará una gran morosidad. Aunque lo cierto es que son relativamente pocos los clientes que han pedido aplazar el pago.

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