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David Lucas: “El coronavirus retrasará la ley de control de precios del alquiler”

Estima que de los 700 millones movilizados para el arrendamiento, 400 vayan a las ayudas mensuales de hasta 900 euros

David Lucas, secretario de Agenda Urbana y Vivienda, en una foto de archivo.
David Lucas, secretario de Agenda Urbana y Vivienda, en una foto de archivo.CARLOS ROSILLO
Pablo Sempere

Hace tres semanas estaba centrado en los remates finales del índice de precios de referencia del alquiler, una de las medidas que más le urgía el Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana (Mitma). La herramienta, que iba a ser presentada a finales de marzo, serviría como base para la futura ley estatal de control de precios, que pretendía dotar a la Administración de mecanismos para acotar temporal y coyunturalmente los precios en zonas tensionadas. La crisis del coronavirus ha dejado todo aparcado y ahora David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, trabaja para llevar a la práctica el real decreto presentado este martes.

R. El control de precios iba a entrar en vigor antes de verano para dar algo de oxígeno a las zonas tensionadas. ¿Qué sucederá ahora?
R. La crisis del Covid-19 ha provocado una situación excepcional que producirá cambios en el mercado. Nos consta que hay muchos arrendadores que están hablando ya con inquilinos para modificar las condiciones de los contratos y adecuarlos a la nueva situación. Tendremos que esperar para ver cómo es el impacto al menos durante dos meses, porque probablemente el índice de precios de referencia ahora no se corresponda con la realidad. Así que la ley del control de precios seguramente también se retrase, porque todo ha cambiado con el coronavirus.
R. Las medidas del real decreto buscan proteger al inquilino, pero también al arrendador. ¿Cuántos propietarios necesitan los ingresos del alquiler para su día a día?
R. El 85% del alquiler es de viviendas de pequeños propietarios y la mayoría lo necesita para pagar sus hipotecas o para complementar su pensión. Muchos también pueden estar afectados por el coronavirus. El parque del alquiler en España está formado por algo más de tres millones de viviendas. Las personas jurídicas mueven alrededor de 150.000 viviendas, otras 150.000 las tienen las comunidades autónomas y ayuntamientos, y el resto, los pequeños propietarios, según nuestras estimaciones. Por eso no les hemos querido dejar fuera.
El 85% del parque del alquiler pertenece a pequeños propietarios, calcula el Ministerio
R. El real decreto habla de grandes tenedores a partir de los 10 inmuebles. ¿Alguien con nueve viviendas necesita ese dinero?
R. Los datos que tenemos es que la inmensa mayoría de ese 85% de pequeños propietarios tiene una o dos viviendas en alquiler. Hemos trabajado con información del INE, Hacienda y Registradores para el índice de precios de referencia, que nos habría dado esos datos. Se está trabajando en profundidad en ello, pero la cifra final variará como mucho en dos o tres puntos.
R. En el borrador se hablaba de gran tenedor a partir de ocho inmuebles y finalmente el BOE lo fija en 10. ¿A qué se debe este cambio?
R. Se cambió la cifra para ajustarnos a los criterios que se barajaban antes. La mayoría de los que tienen 10 o más viviendas se ha constituido como persona jurídica. Es un criterio meramente estadístico, porque muchos de los que tienen siete, ocho o nueve inmuebles siguen siendo personas físicas.
R. Los grandes tenedores se han quejado de la distinción entre pequeño y gran propietario...
R. Hemos entendido que los grandes tenedores, es decir, los fondos de inversión y las empresas públicas de las comunidades autónomas, tienen una capacidad de acción mucho mayor que el pequeño propietario. El coste que pueden soportar, con un músculo financiero mucho más fuerte a corto plazo, es mayor. Muchos de ellos ya venían trabajando, de hecho, para proporcionar esas moratorias a sus inquilinos. El esfuerzo que les va a suponer no es excesivamente grande. Lo que hemos establecido es un paquete de ayudas que garantiza el derecho a la vivienda y que mantiene el equilibrio en el mercado del alquiler. Este trato diferenciado ya ha sido avalado por el Constitucional, que ha dicho que por la situación de cada colectivo se puede hacer una regulación diferenciada, entendiendo que unos tienen más recursos que otros. Pero ninguna medida se ha tomado para perjudicar a nadie.
Hay diferencias entre grandes y pequeños propietarios porque unos tienen más recursos que otros
R. ¿Pueden estas medidas hacer que algunas viviendas se vayan del parque del alquiler?
R. No lo creo, porque en el real decreto hemos sido capaces de concitar a todos los actores sobre la base de algo que era muy complejo. Lo que hemos pretendido es establecer un paraguas de protección social y de seguridad en un momento de total incertidumbre, tanto para arrendatarios como para los arrendadores. Se ha establecido un paquete de líneas de financiación para los arrendatarios que se encuentren en una situación coyuntural de vulnerabilidad, y los que estén en situación estructural podrán acceder directamente a las ayudas del plan estatal de vivienda. El decreto es transversal y equilibrado.
R. El texto contempla créditos del ICO para hogares vulnerables y ayudas de hasta 900 euros al mes para los más golpeados. ¿Cuántos creen que los solicitarán?
R. Creemos que medio millón de familias podrán acogerse a los microcréditos. Al resto de ayudas, que se articulan a través del plan estatal de vivienda, aún no sabemos. Dependerá del impacto de la crisis. De los 700 millones movilizados para el real decreto, 400 están presupuestados para estas ayudas mensuales y los 300 restantes para hacer efectivos los avales. Es importante resaltar que esta vez se puede solicitar hasta el 100% de la renta del alquiler, con ese tope de 900 euros mensuales. En las ayudas vigentes había una limitación del 40% del alquiler por regla general y del 50% en el caso de los jóvenes.
R. Ya estamos en abril. ¿Llegarán los créditos a tiempo este mes?
R. Estamos ya ultimando el plan con el ICO para hacer efectivos los créditos. Los detalles y criterios técnicos deberán pasar por el Consejo de Ministros, creo que dentro de dos semanas. Pero sí se establecerá que el efecto de las ayudas sea desde la publicación del real decreto, es decir, desde este miércoles.
R. De igual manera que los grandes tenedores reprochan el trato diferenciado, los sindicatos de inquilinos critican lo que definen como endeudamiento de las familias. Afirman que los hogares van a tener que pagar el alquiler de los meses en los que van a ver reducidos sus ingresos.
R. El real decreto es trasnversal porque tiene en cuenta la situación de los arrendatarios más vulnerables. Hemos hecho todo para no generar un coste adicional a nadie. Podrán pagar de forma paulatina esas rentas, en hasta seis años, ampliables por otros cuatro si es necesario. Y si la situación de vulnerabilidad se ha acentuado pasada la crisis no tendrán que hacer frente al pago de los microcréditos, para eso están las ayudas adicionales de hasta 900 euros.
R. El BOE también recoge cambios en el programa de fomento del parque público con el objetivo de agilizar la compra de casas. ¿Se ha vuelto urgente ampliarlo?
R. Los acuerdos actuales con las comunidades, que son las que tienen competencia, es que podían optar a la compra de grandes parques de vivienda, siempre que fuese en grupo. Ahora lo que hacemos es facultar a las comunidades para que puedan comprar viviendas sueltas y de forma individual, con cargo al plan estatal, para así solventar las necesidades habitacionales que han surgido con la crisis.
R. En las medidas del alquiler se ha añadido desde el primer momento a autónomos, algo que no sucedió con la moratoria hipotecaria.
R. Era algo urgente. Y se añade al trabajo que se está haciendo desde otros ministerios. Nosotros nos hemos centrado en la vivienda, pero otros están estudiando más ayudas y líneas de financiación para los pequeños locales comerciales y profesionales.

Sobre la firma

Pablo Sempere
Es redactor en la sección de Economía de CINCO DÍAS y EL PAÍS y está especializado en Hacienda. Escribe habitualmente de fiscalidad, finanzas públicas y financiación autonómica. Es graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

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