Los supervisores bancarios retrasan a 2023 la entrada en vigor de Basilea III
El banco de los bancos centrales posterga un año la aplicación de los requisitos de capital por la crisis del coronavirus
Nuevo balón de oxígeno a la banca en plena crisis por la expansión del coronavirus. La dirección del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea del Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés), conocido como el banco de los bancos centrales ha acordado porstergar un año, hasta 2023, la entrada en vigor los requisitos regulatorios recogidos en el marco de Basilea III, que busca reforzar los colchones anticíclicos de capital de los bancos. El objetivo es que las entidades cuenten con más recursos para apoyar a la economía ante la recesión económica. Según los cálculos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), esta medida permitirá que los bancos europeos dispongan de 125.000 millones más para afrontar la crisis.
El Comité de Basilea para poner en marcha la tercera edición de las normas internacionales de la banca —integrado por los supervisores bancarios europeos y presidido actualmente por Pablo Hernández de Cos, además de gobernador del Banco de España— se creó tras la quiebra de Lehman Brohers para incrementar la regulación sobre la exposición de la banca a los activos de riesgo, como el crédito moroso o la exposición al ladrillo. Busca blindar su supervivencia en caso de shock financiero.
Las medidas obtuvieron en 2017 el visto bueno de los reguladores nacionales y estaba previsto que entrasen completamente en vigor en 2022. Este comité ha decidido este viernes que, de forma general, la fecha límite de aplicación de estas normas se retrase hasta 2023. Este retraso se aplica en primer lugar al cálculo estandarizado de las ratios de endeudamiento y a las restricciones específicas para los bancos considerados como "demasiado grandes para caer", donde el capital de máxima calidad ha de ser muy elevado.
También se retrasan hasta esa misma fecha la implementación de los distintos esquemas para medir el riesgo de la banca. Uno de los problemas que detectó Basilea III fue la disparidad de modelos internos de los bancos para medir sus riesgos.
Queda al margen el llamado output floor. Esto es, una norma que impide que los activos ponderados por riesgo que calculan las propias entidades con sus modelos internos sean inferiores al 72,5% de estos activos computados de manera estándar. Esta norma, que también entraba en vigor en 2022, contemplaba un periodo transitorio hasta 2027. Su implementación se posterga ahora hasta 2023 y el periodo transitorio a 2028.
Este organismo también ha decidido retrasar la última versión de su plan de regulación bancaria. Es el denominado Pilar III del marco de Basiela, que se centra en promover la disciplina de mercado a través de determinados requisitos en la divulgación de información. Hasta ahora, la fecha límite de implementación de estos requisitos era también el 1 de enero de 2022.
Estas medidas forman parte de un esfuerzo de los reguladores bancarios para retirar las cortapisas regulatorias al sector. Y que este haga fluir el crédito a la economía. El BCE ya ha anunciado que liberará a las entidades financieras de provisionar los créditos sostenidos por los programas de avales públicos que han puesto en marcha los Gobiernos europeos. Esta medida —junto a la de permitir a las entidades operar por debajo de determinados requisitos de capital— liberará la banca europea 120.000 millones más, según los cálculos del propio BCE.