La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha anunciado las nuevas directrices que se deberán seguir para la contratación pública.
Las nuevas directrices se basan en la Estrategia Europa 2020 de la UE e impedirán que las ofertas más bajas sean siempre las más elegidas. Según las nuevas directrices, se primará “la mejor oferta”, es decir, aquella que garantice también calidad y no sólo su bajo precio.
Entre los criterios de calificación esto supondrá el 51% de la puntuación y las ofertas que resulten anormalmente bajas podrán ser rechazadas. Tampoco se podrá subcontratar la licitación por completo, por lo que se fija un límite en el 60% de la misma.
De igual forma, se permitirá que las entidades públicas que realizan los contratos puedan realizar subastas electrónicas, utilizar sistemas dinámicos de adquisición o centrales de compras. Limitación de la modificación del contrato.
A su vez, se limitarán las situaciones en las que se puedan modificar contratos. En el caso en el que se modifique el contrato con un 20% más de la cuantía inicial, el ministerio correspondiente deberá autorizar su modificación y será necesario incluir el objeto del contrato dentro del mismo, evitando posibles casos o actuaciones fraudulentas. Los medios electrónicos deberán emplearse a la hora de las licitaciones. Se impone como obligatoria la contratación electrónica para cualquier proceso que se lleve a cabo. Se trata de una manera de conseguir una mayor transparencia y eficiencia en este tipo de casos.
También se simplificarán los formularios para los anuncios de este tipo de contratación pública. Más acceso a las empresas de inserción Por otro lado, las empresas de inserción podrán optar a más ámbitos de contratación.
Las nuevas directrices también fomentarán la igualdad de género, la conciliación y la participación de la mujer en el mercado laboral con el impulso de consideraciones sociales, medioambientales, sociales y de I+D en la ejecución de licitaciones. Estas nuevas normas se basan en las directivas comunitarias aprobadas por la Unión Europea en 2014, centradas en el marco Estrategia Europa 2020.
