Desincentivar la innovación es retroceder

Además de la escasez presupuestaria, el Gobierno pretende eliminar los estímulos a la inversión privada en I+D+i

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En las últimas semanas han aparecido informaciones en prensa que aseguran que el nuevo Gobierno se está planteando, dentro del Programa de Estabilidad 2019-2022, una reforma fiscal que revise las exenciones, deducciones y reducciones tributarias, incluyendo los incentivos a la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en el impuesto sobre sociedades. Esta posibilidad tiene el potencial de dañar gravemente la inversión privada en I+D+i, haciendo así un flaco favor al desarrollo de la economía española.

Según los datos desvelados, el Gobierno pretende revisar 13 beneficios fiscales que, a día de hoy, generan un gasto de 57.187 millones de euros. Entre ellos, están los incentivos a la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en el impuesto sobre sociedades, que representan según la Memoria de beneficios fiscales de 2018, un importe de 224,36 millones de euros (0,39% del total).

Sorprende que se vuelvan a cuestionar los incentivos a la innovación en este país, cuando en revisiones anteriores del esquema se realizaron múltiples informes, análisis, comparativas y estudios que probaban la eficacia y necesidad de los mismos.

Si hacemos memoria recordaremos que en la reforma fiscal de 2014 se decidió no suprimir la deducción por actividades de I+D+i, ya que es un “incentivo que se considera imprescindible en la configuración actual del impuesto sobre sociedades”, según la propia ley. La Asociación Española de Asesores Fiscales también consideró básico preservar y estimular los incentivos fiscales destinados a la I+D+i, como pilar para impulsar nuestra economía.

En 2017, los incentivos a la innovación ya estuvieron en el punto de mira. La Unión Europea nos exigía una reducción del déficit público del 3,1% del PIB. Para conseguirlo, la medida estrella propuesta fue una nueva reforma del impuesto sobre sociedades que, sin elevar el tipo del 25%, permitiera aumentar la recaudación. Esto se haría a base de reducir deducciones fiscales y endurecer condiciones para las grandes empresas, otra vez.

Sin embargo, nuevamente los incentivos fiscales a la I+D+i se mantuvieron en el sistema fiscal español, ya que fueron considerados una necesidad para la modernización del modelo productivo del país y la mejora de la competitividad de la economía. Hasta hoy.

Para encontrar la solución, como tantas veces, hace falta mirar a Europa. No en vano, en estos momentos, la mayoría de países del entorno de la OCDE disponen de incentivos fiscales a la I+D+i. La realidad es que la existencia y disponibilidad de este tipo de incentivos es un factor que tienen muy en cuenta las compañías al decidir las estrategias de internacionalización de los centros de I+D y los países donde se establecen.

Según el estudio publicado en 2016 por BDO, Update and in-deph look at innovation, los incentivos a la I+D tienen un impacto sobre el atractivo de una región como lugar de innovación. En esta línea, la OCDE publicó a finales de 2019 un estudio, Measuring R&D tax support: Findings from the new OECD R&D Tax Incentives Database, en el que se evidencia la importancia de los incentivos fiscales a la I+D+i. Se muestra que, en aquellos países de la OCDE donde existen políticas fiscales de ayuda a la I+D+i, las empresas invierten en I+D+i, de media, una cantidad del orden del impuesto o subsidio directo otorgado por el Gobierno.

Recientemente, uno de los referentes europeos en innovación, Alemania, acaba de posicionarse como el país más innovador, según el Bloomberg Innovation Index, desbancando a Corea del Sur después de seis años. El índice analiza docenas de criterios utilizando siete métricas, que incluyen gasto en investigación y desarrollo, capacidad de fabricación y concentración de empresas públicas de alta tecnología. La clasificación arroja luz sobre la capacidad de las economías para innovar, un tema clave en el Foro Económico Mundial anual en Davos. España se sitúa en el puesto 33.

Pues bien, Alemania acaba de introducir un esquema de incentivos a la innovación empresarial, con un presupuesto de 1.250 millones de euros, como iniciativa para evitar una posible recesión económica y con el objetivo de apoyar a su tejido innovador, que compite directamente con China y Estados Unidos.

En España, en cambio, tenemos solamente un presupuesto de cerca de 200 millones de euros para este tipo de incentivos, con una inversión en I+D+i respecto al PIB de un 1,24% (Europa pretende llegar al 3%), y con todo ello nos estamos planteando suprimir los incentivos a la inversión privada en I+D+i. Como pueden ver, supondría un sinsentido absoluto.

Aunque parezca obvio, cabe recordar que la I+D es vital para la economía y la competitividad en un mundo cada vez más globalizado. Una medida como la eliminación de las deducciones a la I+D+i tendría, por lo tanto, un efecto negativo en la competitividad de nuestras empresas y nuestra economía. Esto supondría, en primer lugar, una clara disminución de la actividad de I+D+i y, por consiguiente, una caída en el empleo cualificado. Asimismo, acarrearía un fuerte retroceso de la competitividad de la empresa en el ámbito internacional y, en última estancia, la deslocalización de los centros de I+D+i fuera de España.

Por todo esto y mucho más, esperamos que finalmente el Gobierno escuche a la OCDE y a las empresas españolas, cuya experiencia en el sector demuestra lo pernicioso que sería suprimir aquellos incentivos en el impuesto sobre sociedades dirigidos a la I+D+i. Todavía estamos a tiempo de impedir el mal mayor. No desincentivemos la innovación empresarial.

Víctor Cruz es director de estrategia de FI Group