El juez cifra en más de 10 millones los pagos que Villarejo recibió del BBVA
El magistrado García Castellón ha acordado levantar el secreto de las actuaciones de la investigación de los contratos de la entidad financiera
García Castellón, cifra en más de 10,2 millones de euros los pagos que el BBVA realizó al excomisario por supuestos encargos de espionaje entre los años 2004 y 2017, unos trabajos que afectaron a "los derechos fundamentales de las personas" investigadas.
En el auto en el que acuerda levantar el secreto de sumario, el magistrado indica que se han localizado abonos en las cuentas de Cenyt, empresa de Villarejo, "por un importe total de 10.284.689,3 euros". Según el juez, la contratación de Villarejo "por parte de altos directivos
de la entidad" perseguía "el desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o de investigación de carácter patrimonial, de carácter ilícito" en virtud de la condición de funcionario policial en activo del excomisario.
Y además, señala que los trabajos supusieron una "reiterada injerencia" en los derechos de las personas "mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos personales o el acceso a su documentación bancaria".
La decisión del juez instructor llega después de que la semana pasada la Fiscalía Anticorrupción pidiera el levantamiento del secreto. Tras esto, las partes personadas en esta pieza separada, la número 9 de la macrocausa sobre las actividades del expolicía, podrán tener acceso a las actuaciones realizadas durante más de un año de instrucción, tiempo en el que se ha investigado sobre la relación entre Villarejo y el banco, la cual se habría prolongado durante 13 años con una facturación de unos 10 millones de euros.
Desde que se abrió la pieza, en diciembre de 2018, el magistrado instructor ha imputado a más de una decena de personas, incluido el propio Villarejo y al BBVA en calidad de persona jurídica, además de ex altos cargos de la entidad. También figura en la lista de investigados Julio Corrochano, expolicía también y exjefe de seguridad del banco que habría actuado como interlocutor para el desarrollo de los contratos.
Salvo el expresidente de la entidad Francisco González, el exejecutivo Antonio Béjar --que ha comparecido varias veces-- y el BBVA, cuyos representantes legales estuvieron declarando durante 14 horas repartidas en tres días, todos los imputados en esta pieza optaron por acogerse a su derecho a no declarar cuando fueron citados en la Audiencia Nacional al no haber tenido acceso a las actuaciones.
Ante el juez y los fiscales anticorrupción, el representante legal de BBVA, Adolfo Fraguas, eximió de responsabilidad a la entidad financiera de las decisiones que pudieran haber adoptado personas físicas durante la presidencia de Francisco González, a quien no llegó a señalar explícitamente pero de quien deslizó en varias ocasiones que difícilmente habría desconocido las relaciones del banco con Villarejo.
Los contratos objeto de las pesquisas van desde supuestas tareas de espionaje para frustrar la entrada en el banco de la constructora Sacyr, hasta frenar la presunta extorsión de Ausbanc, pasando por analizar la situación de morosos como Martinsa o Prasa.
Coincide que el juez ordena el levantamiento del secreto una vez comenzado el juicio en la Audiencia Nacional contra Ausbanc y su presidente, Luis Pineda, precisamente por la supuesta extorsión entre otros al BBVA, cuando en el 'caso Tándem' también se investiga si ese procedimiento se desencadenó por una denuncia anónima interpuesta por Villarejo como 'encargo' de la propia entidad financiera o alguno de sus ejecutivos.
Según la factura emitida por la empresa Club Exclusivo de Negocios y Transacciones, asociada al comisario jubilado, a la que tuvo acceso Europa Press, el BBVA pagó en junio de 2015 al menos 211.750 euros a esta mercantil para que investigase a Pineda y la actividad de Ausbanc.al año.